(EFE).- El colombiano Jorge Ignacio Palma ha sido condenado a penas que suman 158 años y 11 meses de prisión, de los que cumplirá un máximo de 40, por el asesinato de tres mujeres en España, según la sentencia publicada este jueves.
Palma ha sido condenado por un tribunal de la ciudad española de Valencia (este) por el asesinato de Marta Calvo, Lady Marcela y Arliene Ramos. Además, la corte le considera responsable de otros seis homicidios en grado de tentativa y otros delitos.
El tribunal recuerda en su sentencia que de las penas de prisión impuestas el cumplimiento máximo efectivo será de cuarenta años, tras aplicar el veredicto emitido el pasado julio por un jurado popular y fijar indemnizaciones por un total de 640.000 euros a favor de las víctimas o sus familiares.
Las penas impuestas a este colombiano de 40 años incluyen una condena por un delito contra la salud pública, ya que ofrecía cocaína en sus citas con las víctimas, y por otros contra la libertad sexual, con la agravante de discriminación por razón de género.
Por el contrario, es absuelto de un delito contra la integridad moral del que había sido acusado, pero tendrá que pagar a los familiares de las tres mujeres asesinadas y a siete mujeres que sobrevivieron a encuentros sexuales con él cantidades que van de los 75.000 a los 50.000 euros.
El fallo del jurado determinó que al hacer desaparecer el cuerpo de la joven Marta Calvo, que todavía no fue encontrado, pretendió ocultar las causas de la muerte, que han quedado indeterminadas, con un dolor mayor para la familia.
El jurado se opuso a posibles beneficios de reducción de la pena que le imponga la Justicia o de solicitar el indulto del Gobierno español, tras cinco días de deliberaciones después de un juicio que duró un mes.
Palma, que permanece en prisión provisional desde finales de 2019, cuando confesó haber descuartizado el cuerpo de Marta Calvo, estaba acusado de haber acabado con la vida de las mujeres en el transcurso de unas prácticas sexuales con cocaína y probablemente otras sustancias.
La Fiscalía había pedido penas que suman 120 años de prisión y las acusaciones particulares reclamaron prisión permanente revisable, pena máxima en España.
