(EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó este viernes una norma federal que prohíbe a los condenados por violencia de género tener armas y rechazó que este veto viole la Segunda Enmienda de la Constitución del país, que estipula el derecho de poseer armas.
Por ocho votos a favor y uno en contra, el alto tribunal quitó la razón a un hombre de Texas identificado como Zackey Rahimi, que fue detenido por amenazar a su pareja con un arma pese a que sobre él pesaba una orden de alejamiento por malos tratos.
A Rahimi le dieron la razón tribunales inferiores y tiene el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle y la Fundación Segunda Enmienda, entre otros.
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La cuestión central abordaba, por tanto, si la Segunda Enmienda protege el derecho de los individuos a llevar armas incluso si se determina que son peligrosos o si se pueden imponer restricciones en algunos casos.
En el fallo, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió que «un individuo que un tribunal considere que representa una amenaza creíble a la seguridad física de otro puede ser desarmado temporalmente de conformidad con la Segunda Enmienda».
La decisión podría ayudar a reforzar regulaciones federales sobre armas, cuestionadas desde que el mismo Tribunal Supremo amplió enormemente los derechos de armas en 2022.
En aquel año, el tribunal expandió el acceso a las armas al tumbar una ley centenaria del estado de Nueva York que prohibía llevarlas en público, en una interpretación estricta de la Segunda Enmienda que marcó un precedente para esta mayoría conservadora.
De hecho, el juez Clarence Thomas, que redactó la opinión de 2022 presentó hoy la única disidencia.
«La Corte y el Gobierno no señalan una sola ley histórica que revoque el derecho de un ciudadano según la Segunda Enmienda basándose en una posible violencia interpersonal», opinó Thomas.
En un comunicado, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, celebró la decisión que «protege a las víctimas al mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas peligrosas que representan una amenaza para sus parejas íntimas e hijos».
«Esa prohibición de sentido común es enteramente consistente con el precedente de la Corte y el texto y la historia de la Segunda Enmienda», afirmó.
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