Ysrrael Camero (ALN).- El Senado avanza en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), contribuyendo a estabilizar el primer gobierno de coalición de la moderna democracia española. La superación de este difícil trance le permite al gobierno retomar la agenda de reformas sociales, fiscales y políticas que había anunciado hace casi un año, y que habían sido postergadas por la pandemia.
La Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se abre paso, sorteando las enmiendas a la totalidad que presentaron el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, así como Coalición Canaria y la independentista Junts per Catalunya, y contando con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC. Todo parece indicar que España tendría un nuevo horizonte presupuestario para la reconstrucción de su economía post-pandemia para 2021.
Estos presupuestos aumentarán la inversión pública en España a 588.000 millones de euros. Este incremento se ajusta a los patrones de una parte importante de la política económica que hoy realizan los distintos países de la Unión Europea, que en un inmenso esfuerzo keynesiano, incrementarán su inversión pública, tanto para la atención del daño causado por la pandemia como para estimular la actividad económica privada.
Los fondos europeos pueden marcar el futuro de España
En el Congreso los PGE, progresistas, verdes y feministas, como los califican sus promotores, contaron con el apoyo de 11 partidos políticos, y el voto afirmativo de 190 de los diputados. Como indicamos previamente, estos presupuestos serán la clave para otorgarle su personalidad histórica a este primer ensayo de gobierno de coalición en España.
El 2021 traerá consigo un importante incremento de la inversión social, pero dependerá fuertemente de la llegada de los fondos europeos, de alrededor de 140.000 millones de euros, que tocará al gobierno canalizar. La administración de estos fondos debe realizarse con criterios claros, públicos, y sometidos a un control parlamentario que garantice transparencia. Respecto a su gestión se abren dos vías, que jalonarán una parte sustancial del debate.
Estos recursos bien podrían destinarse a apoyar a los sectores que más han sido perjudicados por la pandemia, y cuyo cierre ha tenido un fuerte impacto en el aumento del paro, como son los servicios conexos al turismo, la hostelería y la restauración. Destinar el grueso de la inversión a estos rubros implicaría escoger una vía específica de reconstrucción de la economía tal como ha funcionado hasta 2019.
Sin embargo, puede tocar acercarnos a otra reflexión. El impacto económico de la pandemia ha sido tan profundo en España porque su estructura económica es particularmente vulnerable ante los choques externos. Durante las últimas décadas, dos sectores han sido los más dinámicos en España: por un lado la construcción, con la expansión de infraestructura y vivienda, y por otro, el turismo y sus derivados. El primero sufrió el fuerte impacto de la crisis de 2009, el segundo ha sido muy golpeado por la pandemia de 2020.
Esto tiene implicaciones a la hora de reflexionar sobre el destino de los fondos europeos. Uno de los objetivos de política puede ser reducir la vulnerabilidad de la economía española ante los choques externos y fortalecer sectores económicos que le garanticen ventajas para competir a futuro. Esa línea de interpretación abre otras posibilidades en el destino de los recursos públicos, españoles y europeos: la creación de incentivos para fortalecer nuevos sectores, vinculados con la ciencia y la tecnología, siendo central el tema de la digitalización de los procesos, públicos y privados, la educación, la transición energética y la economía verde.
El impulso a sectores de nuevas tecnologías podría generar incentivos para hacer retornar a los trabajadores españoles, altamente calificados, que se encuentran hoy aportando su conocimiento a institutos de investigación y desarrollo en Alemania o Estados Unidos. De igual manera, también podría contribuir a convertir a España en un polo de migración de capital humano de alta calificación de otros países y regiones. Es decir, podría generar un cambio estructural en el funcionamiento de la economía, impulsando un círculo virtuoso de crecimiento, denso y sostenible, a mediano y largo plazo.
Pero esta vía genera importantes resistencias internas, no sólo políticas sino también sociales y culturales. Se expresaría una tensión entre proteger los sectores establecidos, restableciendo la estructura previa, o estimular los nuevos sectores emergentes, con la incertidumbre que esto genera, no sólo por su novedad, sino también porque exige un tipo de trabajador altamente calificado y especializado que no es el mayoritario.
Por ello, el tema de la reconversión económica se integra con los cambios en todo el sistema de formación profesional, reforzado en los Presupuestos Generales del Estado y en la nueva Ley de Educación.
Retomar la agenda de reformas
Eso es lo que toca a los grandes debates estructurales sobre el futuro de España. Al mismo tiempo, el gobierno ha decidido, tras superar los presupuestos, y asegurar tres años más de legislatura, darle un impulso mayor a varios planes de reforma, que se encontraban en el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos.
El gobierno ha avanzado tímidamente en algunas reformas fiscales, como la tasa Google o la tasa Tobin, y ha planteado una mayor armonización fiscal y tributaria interna. Asimismo, ha fracasado en la implantación del ingreso mínimo vital.
Varias iniciativas forman parte de una agenda de reformas socioculturales. Esta semana la atención se encuentra en la aprobación de las leyes de eutanasia, de educación (o Ley Celaá), quedando en fila las leyes de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y la ley de cambio climático.
Punto aparte merece la iniciativa de reforma de la Ley del Poder Judicial, que ha levantado agrias polémicas. Ante las advertencias de que esta modificación podría implicar una mayor intervención política en la judicatura, el gobierno se ha apresurado a señalar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es un alto tribunal, sino un órgano de administración de la carrera judicial. Esta iniciativa no ha sido retirada, porque funciona como presión sobre el Partido Popular, para que Pablo Casado levante el bloqueo y se disponga a negociar los nuevos vocales, sin vetos políticos ni dilaciones.
Se está cerrando el difícil 2020, dentro de pocos días la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos cumplirá su primer año de gobierno coaligado, pero sólo será a partir de 2021 cuando podremos ver el despliegue de sus iniciativas de reforma.
