Ysrrael Camero (ALN).- Las piezas del rompecabezas han ido encajando con mucha dificultad, a través de decisiones que han pasado por Luxemburgo y Barcelona, para desembocar finalmente el 7 de enero de 2020 en Madrid, cuando se dará inicio al primer gobierno de coalición en la historia de la democracia española.
Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, heterodoxo y pragmático, con una indudable vocación de poder y audacia política, será investido finalmente como presidente, luego de serlo en funciones desde hace año y medio. Le tocará gobernar en coalición con Unidas Podemos, de la mano de Pablo Iglesias, proveniente del mundo académico y de la militancia de izquierda, devenido en moderado luego de proyectarse en la política española como un radical regenerador.
Ambos pragmáticos y con capacidad de adaptación a condiciones adversas, los ha unido más la necesidad que la convicción. A pesar de sus egos y de sus distintas trayectorias una amenaza común ha conseguido coaligarlos: la recomposición de una derecha que se aleja del moderado centrismo liberal de Mariano Rajoy, para desplazarse hacia posturas tradicionalistas, de la mano del discurso radical-conservador de Vox.
A efectos de la política de bloques, en que ha derivado el sistema español tras el fin del bipartidismo, será una coalición de izquierdas, del bloque progresista, similar a la que gobierna con éxito en Portugal. Esa es la narrativa que comparten Sánchez e Iglesias, el PSOE y UP, que se expresa con claridad en el acuerdo programático firmado y publicado. Es un programa centrado en asegurar la cohesión social, en desarrollar políticas que promuevan la igualdad y la solidaridad, así como un compromiso con la defensa de lo público, de lo común, con el Estado de bienestar y con el diálogo social.
Sin embargo, una especificidad española marca una radical diferencia entre esta coalición progresista y su similar portuguesa, la existencia de los nacionalismos periféricos que compiten con el nacionalismo español, generando una fuerte tensión alrededor de lo que se ha dado en llamar la “cohesión territorial”.
Para hablar de Pablo Iglesias hay que conocer al nuevo Pablo Iglesias
Esta especificidad no le es exclusiva a España, ya que varios países de la Unión Europea comparten esta tensión entre un nacionalismo central y unos nacionalismos periféricos. El Brexit, por ejemplo, ha vuelto a colocar al nacionalismo escocés en el debate público británico, al tiempo que flamencos, valones y corsos presionan por un Estado propio frente a los Estados constituidos.
Portugal es, en este sentido, uno de los pocos países europeos que muestra este nivel de consenso, esta homogeneidad cultural, que le permite a una coalición de izquierdas gobernar de manera estable sin problemas significativos. Este no es el caso de España.
Ha sido el tema de la cohesión territorial y la relación con los nacionalismos periféricos el que ha colocado importantes escollos a la constitución de un gobierno en España. Es un problema que presiona, ayer, hoy y mañana, a los dos socios coaligados en este gobierno progresista.
Las nacionalidades históricas son reconocidas en la Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías fue construido como un artefacto para administrar estas tensiones con vascos, catalanes y gallegos. Una de las claves de la Transición a la democracia fue justamente el paso de un Estado unitario, consustancial con el franquismo, a esta particular conformación “semifederal”.
Para que esta ingeniería institucional funcionara no sólo se necesitaba el texto de la ley y los Estatutos autonómicos, se requirió de mucha voluntad política, es decir, de una vocación de convivencia dentro de un pacto común: la democracia y la monarquía constitucional. Esta vocación de convivencia entre los partidos nacionalistas y España ha enfrentado dos grandes retos: primero, la violencia de ETA, y ahora el procés catalán.
La radicalización independentista del catalanismo contribuyó a desplazar a la derecha española hacia posturas más unitarias y centralistas. El crecimiento de Vox y de Ciudadanos, y el movimiento del PP, expresan ese juego de espejos entre el centro y la periferia. La escalada retórica entre catalanismo y españolismo amplió la brecha entre el bloque de derechas y los nacionalismos catalán y vasco.
El PSOE y Unidas Podemos tienen acercamientos distintos al tema de la cohesión territorial y al problema de las nacionalidades. Dentro del PSOE coexisten dos tradiciones, una jacobina más unitaria y centralizadora, y otra de carácter federal, mucho más fuerte en Cataluña, donde el Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) siempre ha contado con dos almas, una catalanista y otra socialista.
Por otra parte, tres elementos alimentan la ambigüedad de la postura de Unidas Podemos respecto al tema de las nacionalidades históricas, lo que ha marcado un flujo y reflujo en sus declaraciones públicas y en su toma de posición.
Primero, la realidad confederal de la conformación de su organización, como fruto de la agregación de múltiples movimientos, redes, núcleos, que tenían en la realidad local, fundamentalmente urbana, su espacio de acción política.
Segundo, el carácter académico, entre politológico y sociológico, de su núcleo central, lo que hace que se acerquen al tema de la Nación y de los nacionalismos desde una postura más modernista que esencialista.
Y tercero, por la vocación regeneracionista que marca su relación crítica con la Constitución y con el “régimen del 78”, que no tienen para ellos un carácter sagrado, sino que son susceptibles a transformaciones derivadas de presión social y acuerdos políticos.
Es dentro de este marco donde se han diseñado los acuerdos políticos para formar el primer gobierno de coalición de la democracia española. Pero ha sido la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, del 19 de diciembre, el detonante que inició la cadena de acontecimientos que conducirá a la investidura de Pedro Sánchez el 7 de enero.
El reconocimiento, por parte del tribunal europeo, de la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras, principal dirigente de ERC, quien había sido condenado a 13 años de prisión por sedición, implicó el congelamiento de las negociaciones de esta organización con el PSOE hasta que tomara posición la Abogacía del Estado.
La vicepresidenta Nadia Calviño es el antídoto de Pedro Sánchez contra el radicalismo de Pablo Iglesias
Pero el engranaje de las negociaciones políticas siguió moviéndose. El momento clave llegó 11 días después. El 30 de diciembre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hicieron público el texto del acuerdo programático que marcaría la dirección del nuevo gobierno progresista.
Ese mismo día se firmó el acuerdo entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), representado por Andoni Ortuzar Arruabarrena. En este acuerdo los diputados del PNV se comprometieron a dar su voto afirmativo a la investidura de Pedro Sánchez. A cambio el nuevo presidente se comprometió, entre otras cosas, a agilizar el traspaso de competencias pendientes, a privilegiar el diálogo político antes que la judicialización de las discrepancias, y a impulsar reformas institucionales para que el Estado español reconozca las identidades territoriales construidas a partir de “sentimientos nacionales de pertenencia”.
Tocaba el turno de volver al tema catalán. Al finalizar la jornada, en cumplimiento de la decisión del tribunal europeo, la Abogacía del Estado publicó su petición a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de permitirle a Junqueras recoger su acta de eurodiputado.
La decisión estaba en manos de Esquerra Republicana de Catalunya. El 3 de enero de 2020 se anunció finalmente el acuerdo entre el PSOE y ERC, por medio del cual estos últimos se comprometían a abstenerse en la segunda votación, permitiendo la investidura de Pedro Sánchez.
En este acuerdo no sólo se reconoce la existencia de un “conflicto político” en Cataluña, sino que se diseña una vía política para su resolución, a través de una “mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo”, que se establecería 15 días luego de la formación del gobierno, es decir, el 22 de enero de 2020. Los límites de esta mesa no serían otros que “el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”, sin hacer mención explícita a la Constitución de 1978, cúspide del sistema jurídico español.
Cuatro cesiones del PSOE pueden ser particularmente arriesgadas en este acuerdo:
Primero, el mismo reconocimiento de un conflicto político en Cataluña.
Segundo, el carácter bilateral y paritario de la mesa, que podría ser entendido, como lo pretenden los independentistas catalanes, como una forma de colocar en pie de igualdad al gobierno español y al catalán.
Tercero, la ausencia de la mención explícita a la Constitución.
Y cuarto, la realización de una consulta de los resultados de la mesa a los catalanes.
El alcance de este acuerdo ha elevado los niveles de crispación de las fuerzas políticas en España, pero también genera tensiones dentro del PSOE. Vox ha llegado a usar el término de “traición” para referirse al documento, pero las declaraciones del PP y de Ciudadanos también han sido muy críticas, incluso Inés Arrimadas ha llamado a los barones del PSOE a rebelarse contra Sánchez.
Dentro de Cataluña también se han levantado discrepancias entre los mismos independentistas, quienes rechazan la ausencia del president de la Generalitat en el acuerdo. La amenaza de Laura Borrás, de Junts, de que este acuerdo pueda derivar en un adelanto de las elecciones autonómicas, puede ser visto más bien como un aliciente tentador para Esquerra.
Las feministas del PSOE están molestas con Pedro Sánchez por ceder a Podemos las políticas de género
La estrategia de Sánchez-Iglesias respecto al problema de la cohesión territorial parece ser impulsar un desplazamiento del debate que saque a Esquerra Republicana del bloque independentista. ERC podría ser el principal beneficiado de un adelanto de las elecciones autonómicas, pero esta circunstancia podría ser aprovechada por PSOE (PSC)-UP para dividir al independentismo, debilitándolo e impulsando una modificación del encaje de Cataluña dentro de España.
Nada de lo acordado en estas mesas de negociación puede realizarse fuera de la Constitución de 1978. Eso tiene grandes implicaciones. Una reforma institucional, como la que podrían querer ERC y el PNV, quizás requeriría una reforma constitucional, y eso no es posible sin llegar a acuerdos con el Partido Popular en el Senado. En ese sentido el bloqueo no se diluye, sino que se desplaza. Lejos se encuentra España de los deseos de los nacionalistas, pero finalmente tendrá un gobierno, y éste puede llegar a ser más estable de lo que pensamos hace apenas unos meses.
