Redacción (ALN).- A catorce días del trágico suceso donde perdieron la vida más de 230 personas incluyendo al famoso merenguero Rubby Pérez en la famosa discoteca Jet Set de Santo Domingo, el mundo sigue consternado, sin respuestas y a la espera de la justicia.
Zulinka Pérez, hija del artista, fue la primera en expresar su descontento y percepción ante la tragedia: “No fue un accidente. Fue abandono, corrupción, falta de supervisión y negligencia. Perdimos no solo a mi padre, perdimos la confianza en quienes debían cuidarnos”.
Desde entonces, la comunidad artística y el mundo del espectáculo ha alzado su voz y han denunciado públicamente la tragedia ocurrida.
Una de las denuncias más duras fue la de la cantante Tokisha quien dijo que: “No fue un accidente”, sino el resultado de “una cadena de negligencias” y pidió investigaciones para que “los empresarios que abren puertas sin tener condiciones mínimas” enfrenten consecuencias, “esto es lo que pasa cuando se permite operar a cambio de sobornos o conexiones, y al final, lo que se está vendiendo es la seguridad del ciudadano” reseñó El País.
Otros artistas que se se sumaron fueron Eddy Herrera y Milly Quezada, quienes solicitaron una investigación transparente y justicia para las víctimas. Asimismo, fue creado un fondo de apoyo para los familiares, impulsado por figuras del entretenimiento que han ofrecido conciertos benéficos.
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Hasta los momentos no se tiene una respuesta certera de lo ocurrido
En respuesta a la tragedia, la Procuraduría General de la República inició una investigación para determinar las causas del colapso y establecer responsabilidades legales, no obstante, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) está Ilevando a cabo un estudio técnico para evaluar las condiciones estructurales del edificio, cuyos resultados se esperan en aproximadamente tres meses según reporta Cadena 3 de Argentina.
En el caso de que el propietario de la discoteca, Antonio Espaillat, sea culpable de «homicidio involuntario», el empresario podría enfrentar una pena de entre seis meses y dos años de prisión según expertos legales, sin embargo, en el caso de agravantes, la pena podría aumentar hasta cinco años.
La tragedia ha dejado al país en duelo y ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y reforzar las normas de seguridad en establecimientos públicos para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.