José Manuel Rotondaro (KonZapata).- Hay dos aspectos que deben ser considerados. El primero es cuáles serán los posibles esquemas que puede tratar de instrumentar el gobierno de Nicolás Maduro para evadir o mitigar los efectos de las sanciones. El segundo es el impacto sobre el resto de los venezolanos en sus transacciones financieras. Es muy probable que todas las operaciones comerciales en dólares se encarezcan y todos los residentes se vean afectados.
La semana pasada fue una montaña rusa en las cotizaciones de los bonos venezolanos en los mercados internacionales. Primero, un aumento al colarse el rumor de una posible compra masiva de bonos con pronto vencimiento por parte de China atada a un canje por papeles de larga duración. Luego, caída general al circular la información sobre la posible prohibición de transar cualquier título de deuda venezolano por parte del gobierno de Donald Trump. Y finalizó la semana con una recuperación al conocerse la limitada lista de bonos que a la postre fueron afectados.
En realidad, no sorprende que, con el predominio de antiguos empleados de Goldman Sachs en el equipo económico del Ejecutivo de Trump, la lista de bonos exceptuados de la sanción cubra todos los bonos en circulación con una sola misteriosa excepción, que comentaré más adelante. Era muy improbable que Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, o Gary Cohn, principal asesor económico, hubiesen permitido una medida que afectase no sólo a su antiguo empleador sino en general a la banca estadounidense.
La lista de excepciones sólo omite un misterioso bono emitido a finales del año pasado, por un monto de 5.000 millones de dólares (aproximadamente 4.159 millones de euros) y cupón de 6%, con vencimiento en el año 2036 y que no ha sido inscrito en los sistemas de custodia internacionales. De ahí la convicción de que ese bono permanece en poder, bien de bancos oficiales en Venezuela (incluido el Banco Central), o en alguna bóveda en forma física.
Las consecuencias de las sanciones
Durante el fin de semana han salido a relucir varias interpretaciones sobre las consecuencias de la medida estadounidense, algunas acertadas resaltando cómo esto aumenta la probabilidad de una cesación de pagos involuntaria por parte de la petrolera estatal PDVSA o la República, dada la imposibilidad de armar una reestructuración como hizo la empresa hace un año.
No hay que descartar que otros países decidan plegarse a la medida de los EEUU
Otra rayando en lo ridículo, como la afirmación de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anticipando que la falta de alimentos y medicinas en el país obedece a que la nación no tiene ahora forma de pagar la carga que tienen los barcos estacionados frente a los puertos.
Pero hay dos aspectos que también deben ser considerados. El primero es cuáles serán los posibles esquemas que puede tratar de instrumentar el gobierno de Nicolás Maduro para evadir o mitigar los efectos de las sanciones. El segundo es el impacto sobre el resto de los venezolanos en sus transacciones financieras.
La valiosa de ayuda de Cuba para evadir el cerco
Sobre los posibles esquemas, no me cabe la menor duda que las autoridades venezolanas están recibiendo asistencia “técnica” de Cuba, la cual tras más de 50 años de embargo comercial y financiero por parte de Estados Unidos, ha armado una red de empresas en centros offshore, Europa y otros continentes, mediante los cuales logra hacerse con los productos que no puede comprar directamente en EEUU, y canalizar flujos financieros en dólares sin que sean detectados por la OFAC, la agencia del gobierno estadounidense encargada de vigilar la ejecución de las sanciones impuestas.
Dentro de las revelaciones de los Panama Papers hace casi dos años, se vio cómo el régimen de La Habana usó a la firma Mossack Fonseca para crear cientos de empresas de maletín, a través de las cuales se documentan transacciones comerciales que impiden identificar a Cuba como el comprador o vendedor original. De la misma forma, esas empresas pueden ser usadas para realizar operaciones financieras. En esto sencillamente replicaron las operaciones que a finales de los años 60 realizaba la Unión Soviética en Londres, pero en dólares y que dio origen a lo que pasaron a llamarse eurodólares.
Pero la “tecnología” cubana fue diseñada para operaciones comerciales puntuales orientadas al abastecimiento de bienes disponibles sólo en los Estados Unidos. Las operaciones financieras, por lo que se sabe, han sido por montos muy discretos, dada la dimensión económica de la isla. Esto impone un límite a la capacidad de repetir ese esquema para las necesidades de financiamiento que enfrentará el régimen de Maduro en los próximos meses.
En principio las sanciones sólo aplican en los Estados Unidos y en su moneda. Nada impide que PDVSA o la República intenten emitir deuda en euros u otras monedas, como en el pasado. Aquí el problema es el mismo que ha impedido a Maduro emitir bonos de forma normal: ausencia de un programa económico coherente con el equilibrio financiero necesario para cumplir con una nueva obligación financiera.
Cualquier esquema que diseñe el gobierno será opaco, costoso y atado a algún tipo de garantía sobre activos reales
De ahí que cualquier esquema que diseñe el gobierno será opaco, costoso y atado a algún tipo de garantía sobre activos reales o flujos de ingresos externos. Es decir, más de lo mismo. Pero los costos aumentarán y también habrá más oportunidades para filtraciones hacia bolsillos particulares.
Tampoco cabe descartar que otros países decidan plegarse a la medida de los EEUU, bien en forma abierta o mediante cambios en las regulaciones que hagan más costoso para bancos y otros intermediarios mantener, aunque sea temporalmente, nuevos bonos emitidos por entidades públicas venezolanas. Las sanciones aprobadas por Trump limitan severamente la liquidez que pudieran tener unos eventuales nuevos bonos, por lo que las autoridades en otros países no estarán deseosas de ver a sus firmas adquirir o siquiera transar esos bonos.
El impacto en las empresas privadas y las personas naturales
Lo anterior lleva a intentar responder el segundo aspecto: ¿cómo afectarán las sanciones a los individuos y a las empresas privadas? A pesar de los esfuerzos de la Tesorería de los Estados Unidos en indicar que las sanciones no buscan afectar a la población sino exclusivamente al régimen de Maduro, siempre hay daños colaterales.
Comencemos con un posible efecto que quizás no afecte mucho a los residentes en Venezuela, pero sobre el cual habrá que estar prevenidos y que puede perjudicar a todo tenedor de los bonos exceptuados de la sanción. Y es que la restricción impuesta sea interpretada por JP Morgan como un evento que afecta la liquidez general de la deuda venezolana y, por lo tanto, decida excluir a toda la deuda venezolana del índice EMBI+, que es definido por el banco norteamericano y mide la evolución de los precios de una cesta de bonos emitidos por países emergentes.
Tal medida fue pedida por varias personalidades en julio pasado, pero JP Morgan desoyó esas peticiones. De concretarse la exclusión, los fondos de inversión que usan ese índice para construir su portafolio de activos tendrán que desembarazarse de los bonos venezolanos en un plazo relativamente breve y, en consecuencia, los precios se deprimirán. Esto no sólo afectará a los inversionistas en tales fondos, en la medida que los menos diligentes vendan con pérdida, sino que reducirá hacia futuro el rendimiento de los fondos.
Un efecto mucho más directo sobre individuos y empresas privadas vinculadas con Venezuela será la inhibición regulatoria que ya vienen mostrando las instituciones financieras con clientes venezolanos. En anteriores artículos comenté cómo poco a poco han venido incrementándose las restricciones a nuevos clientes y, en algunos casos, a clientes existentes, de nacionalidad venezolana. Lo que comenzó como una medida aislada del Citi contra el Banco de Venezuela y el Banco Central de Venezuela, al cerrarle las cuentas de corresponsalía en 2015, se ha ido propagando de manera silenciosa. El ejemplo más reciente fue la decisión del Credit Suisse de remitir toda transacción con clientes venezolanos a su unidad de riesgo reputacional.
El temor es que la banca optará por la salida prudente y preferirá no realizar transacciones con venezolanos
El texto de las sanciones, como es usual, es impreciso en ciertos aspectos. La publicación de una nota explicativa no llega a cubrir todas las posibilidades que pueden surgir en una operación, aparentemente legítima, con una persona natural o jurídica privada venezolana. Como mínimo impone desde hoy la obligación a toda institución financiera que opere en Estados Unidos a cerciorarse de que una transacción no constituye una forma de financiamiento directo o indirecto al gobierno venezolano y, por lo tanto, violatorio de las sanciones.
Un ejemplo: una empresa privada en Venezuela compra cierta mercancía de un proveedor en Estados Unidos. El comprador tiene los recursos en una cuenta en un banco en ese país. El pago al proveedor no ocurre al despacho sino 30 días luego de recibida la mercancía. Normalmente el banco informará al vendedor que el comprador mantiene los fondos en una cuenta sujeta al cumplimiento de lo establecido en el contrato. Hasta este punto nada supone una violación de las sanciones. Al igual que ocurre desde noviembre 2014, el exportador debe obtener una autorización del Departamento de Comercio, Buró de Industria y Seguridad, certificando que no está vendiendo material bélico. Pero ahora se le plantea al banco las siguientes interrogantes: ¿será el usuario final de la mercancía el gobierno de Venezuela? ¿Estará otorgando la empresa venezolana un plazo de pago al gobierno? ¿Constituye esto una forma de financiamiento indirecto al gobierno por parte del exportador y en el cual el banco es una parte instrumental?
Responder de forma definitiva y documentada a estas preguntas requiere tiempo y dinero, incrementando el costo de realizar la transacción con el cliente venezolano. A este costo operativo se agrega el riesgo de una sanción monetaria por parte de la OFAC. El temor es que la banca, optará por la salida prudente y preferirá no realizar transacciones con venezolanos excepto que los beneficiarios finales sean muy fáciles de identificar. Esto incluye a quienes residen en Estados Unidos y no realizan transacciones con Venezuela.
En conclusión, si bien no será imposible cumplir con el pago de importaciones, como afirmó Delcy Rodríguez, es muy probable que todas las transacciones comerciales en dólares se encarezcan y todos los residentes se vean afectados.
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