Juan Carlos Zapata (ALN).- Las sanciones tienen un objetivo. Presión contra los funcionarios, líderes y familiares del régimen de Nicolás Maduro. Hasta que el régimen ceda. Hasta que Maduro entregue el poder. El impacto inicial de las sanciones en la industria petrolera de Venezuela fue de desconcierto. Tanto en Petróleos de Venezuela, ya destruida por el chavismo hasta el punto de bajar la producción a niveles mínimos históricos, como en las multinacionales que operan en el país. ¿Pero qué está pasando ahora?
Lo primero que informa la fuente es que a PDVSA le cuesta recuperar su ritmo operativo. Petróleos de Venezuela, la que antes de la llegada del chavismo al poder era la quinta compañía petrolera del mundo, ya casi no saca petróleo. Pero Venezuela sigue produciendo poco más de 700.000 barriles diarios, y según PDVSA, en 2020 colocarán la producción por encima del millón. El volumen de los 700.000 se le atribuye fundamentalmente a empresas multinacionales que mantienen acuerdos de asociación con PDVSA, en proporción, 60% y 70% para PDVSA y 40% y 30% para aquellas. La realidad es que como PDVSA no aporta capital, no tiene personal calificado, no opera, el mérito es de la multinacional, llámese Chevron, o Rosneft, Repsol o Gazprom, que son las principales.
Y estas empresas de pronto han comenzado a ganar plata. Hace unos meses no lo hacían. PDVSA y el régimen de Maduro han acordado un nuevo esquema operativo con el que se favorecen ambas partes. Y todo gracias a las sanciones. Porque PDVSA y Maduro han tenido que ceder, y dar concesiones. Para que las multinacionales produzcan más petróleo y le generen ingresos a PDVSA.
La verdad es que PDVSA venía siendo destruida, desde los tiempos de Hugo Chávez, proceso que culminó Maduro. Encontró la producción por encima de los 2.000.000 de barriles diarios y la llegó a poner en 600.000, y esos 600.000 sostenidos por el trabajo de las multinacionales. El ritmo de pérdida de producción de PDVSA fue más acelerado del que calcularon los expertos. De modo que la caída de la producción no puede atribuirse a las sanciones decretadas por el gobierno de Donald Trump.
Pero las sanciones avizoraban un escenario de incertidumbre para las multinacionales. El problema era cómo operar y vender petróleo en un país con un gobierno sancionado, incluyendo a la socia PDVSA y al propio Banco Central. Ello significa limitaciones financieras, tecnológicas, de carga, de comercialización, seguros. El punto es tan delicado que el propio gobierno de los Estados Unidos extendió licencias para que, por ejemplo, Chevron, ganara tiempo y planificara su retirada, lo cual no ha ocurrido y todo parece indicar que no ocurrirá, pues en Chevron, informó una fuente, se prepara un nuevo plan de inversiones que tiene como destino la Faja del Orinoco.
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La semana pasada, la compañía celebró una reunión ampliada en Houston. En el encuentro, dijo al diario ALnavío una fuente, privó la impresión de que la empresa no quiere abandonar Venezuela hasta el punto de que se conformó un equipo legal sólo para atender el tema de las sanciones. A Alí Moshiri, quien fuera hombre fuerte de Chevron en Venezuela y Houston y sigue teniendo influencia en la empresa a pesar de que lleva un par de años jubilado, se le atribuye la conformación de un fondo de inversión de varios cientos de millones de dólares destinados a la Faja del Orinoco. Este martes, Alí Moshiri participa en un foro dedicado a analizar el futuro petrolero de Venezuela.
En Venezuela, las multinacionales llevaban todas las de perder en su relación con PDVSA. Repsol venía bajando su exposición. Rosneft se quejaba de las deudas, que es un problema repetido para todas. Se quejaban de robos. De la inseguridad. Chevron es la más activa. A Chevron el régimen de Maduro le retuvo por varios días dos ejecutivos acusados de traición a la patria, y fue precisamente Alí Moshiri el que medió para su liberación. Se calcula que Chevron produce 160.000 barriles diarios. El expresidente y exZar de PDVSA Rafael Ramírez dice que Gazprom produce 100.000 barriles diarios. Y Repsol se ha quedado en una franja de 35.000.
Como el régimen de Maduro sigue dependiendo de los ingresos del petróleo, algo tenía que hacer con el fin de apuntalarlos. Las exportaciones aquí son clave. Y el impacto de las sanciones fue directo hacia las ventas de petróleo, porque limita la capacidad de maniobra ya que las empresas y los buques que transportan el crudo pueden ser penalizados. PDVSA tuvo que ponerse en manos de la rusa Rosneft en materia de comercialización. Pero el problema iba más allá. Se ubicaba en el esquema de trabajo que mantenía PDVSA con las multinacionales socias. Y esto es lo que cambia. Y aquí es donde las compañías en vez de perder, comienzan a ganar dinero. El director de Finanzas de una de las multinacionales explica su caso, patrón que se repite en las otras.
Dice que antes PDVSA se encargaba de la comercialización.
Los ingresos los controlaba PDVSA.
Pero que PDVSA reportaba la venta al peor precio del mercado.
Que a eso le agregaban los seguros más costosos.
Y el flete más caro.
Y estaban los impuestos.
Y las desventajas con el tipo de cambio.
Y además incorporaba en la relación gastos sociales, una manera de disfrazar el clientelismo.
Cuando se sacaba la cuenta final, la multinacional terminaba perdiendo dinero.
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Este director de Finanzas explica que el esquema cambió.
Ahora la multinacional comercializa.
Ubica el mejor precio del mercado.
Paga el seguro conveniente.
Paga un flete competitivo.
Se resolvió la distorsión en el tipo de cambio.
Y no hace aportes sociales.
Los aportes sociales corresponden a la parte de PDVSA, no a la suya.
Ahora hay flujo de caja, y flujo de caja positivo.
Ahora en la cuenta final gana la multinacional y gana PDVSA.
Y la multinacional gana también porque vende productos no disolventes.
Y obtiene un margen en el refino.
Dice que bajo este esquema la ecuación cambió. Ahora hay utilidades. Tanto que en el próximo balance se van a ver reflejadas. Las ventas de crudo se han incrementado a India y China, y a Asia en general. Los auditores ya le están solicitando a este director de Finanzas que libere las provisiones.
La semana pasada, Reuters soltó esta información: “El Gobierno y la oposición de Venezuela han discutido la posibilidad de permitir que compañías privadas que participan en empresas mixtas con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) asuman el control de los campos pese a no ser socios mayoritarios… El cambio se discute con socios en empresas mixtas como Chevron, la rusa Rosneft y la estatal china CNPC, que pasarían a controlar los mayores campos de Venezuela… El Gobierno del presidente Nicolás Maduro busca mitigar el impacto de las sanciones de Estados Unidos sobre la producción de petróleo, tras aumentar las exportaciones de crudo a Asia en los últimos meses, socavando los esfuerzos de Washington para aislar al país”.
La nota de Reuters coloca un ejemplo de cómo operaría el acuerdo. Se trata del magnate venezolano, Oswaldo Cisneros y su empresa Petrodelta, a la que PDVSA le debe 300 millones de dólares. Hoy Petrodelta no produce una gota de petróleo. Pero si se formaliza el esquema, Cisneros intentará llevar la producción a 100.000 barriles diarios. Dice que para ello cuenta con un préstamo de 800 millones de dólares. En la asociación con PDVSA, Cisneros posee el 40%. Y dijo a Reuters que evalúa firmar con la estatal “un contrato donde nos entregan la producción a nosotros (…) nos subcontratan la operación del campo… Ellos nos autorizan a hacerlo nosotros directamente con el financiamiento que estamos trayendo”.
El contrato sería el segundo paso. Es la formalización de lo que en la práctica ya es un hecho. De no estar ocurriendo así, Cisneros, que por los incumplimientos se quejaba de haber incursionado en el mundo petrolero, no anunciara ese préstamo de 800 millones de dólares, concertado en Dubai. Si el esquema se formaliza con contrato y todo, se impone otra realidad. La privatización de la industria petrolera de Venezuela que fue nacionalizada en 1975 en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
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