Ysrrael Camero (ALN).- Mientras Isabel Díaz Ayuso confronta con el gobierno central, defendiendo la autonomía de Madrid, en Barcelona, la alcaldesa Ada Colau intenta administrar una ciudad tensionada por un independentismo que divide a Cataluña. Las tensiones entre las élites catalanas y las madrileñas cruzan la relación entre las dos grandes ciudades globales de España, vinculando la política local con las exigencias globales.
Son las puertas privilegiadas de España a la globalización. Madrid y Barcelona son la tercera y cuarta áreas metropolitanas de Europa, sólo detrás de Londres y París. Ambas conurbaciones se encuentran en el ranking Global Cities Report 2020 de A.T. Kearney.
Entre Madrid, Barcelona y Bilbao se concentra una parte importante de la economía española. El PIB per cápita es de 34.916 euros en Madrid, llegando a 34.079 euros en el País Vasco, y 30.769 euros en Cataluña, para el año 2018. Pero la realidad demográfica marca la diferencia: tras la crisis de 2008, Bilbao ha venido perdiendo población, mientras que Barcelona y Madrid ganan.
En Madrid viven más de 3.200.000 personas, cantidad que se eleva a 6.500.000 al incorporar su área metropolitana, mientras que en Barcelona viven más de un 1.600.000 personas, y si incorporamos su área metropolitana se superan los 5.600.000. Entre 2000 y 2018 Madrid creció más de 26%, mientras que Barcelona lo hizo en más de 18%. Ambas ciudades se han convertido en polos que concentran flujos económicos y los nodos más importantes de la articulación global española.
Compiten entre sí, al tiempo que son la otra cara de la España vacía. Absorben la actividad de sus periferias, de provincias aledañas, de ciudades medianas y de pequeños pueblos. La crítica a la hipercentralización y concentración que Barcelona ejerce sobre su periferia, es similar a la que genera similar atracción de Madrid sobre las provincias castellanas.
Pero la capitalidad madrileña le está sacando ventaja a la ciudad condal. En el citado reporte de Kearney, Madrid descendió un puesto desde 2019, ubicándose en el 16º lugar, mientras que Barcelona ha perdido tres lugares, descendiendo al 23º puesto.
Tanto la política fiscal como el procés podrían ser parte de la causa de este descenso de la dinámica económica de Barcelona. No es una ciudad independentista, como no lo es tampoco Tarragona, lo que contrasta con el comportamiento de ciudades del interior y de muchos pueblos. Habitantes de las zonas periféricas, que se consideran perdedores de la globalización, tienden a apostar por la propuesta independentista.
La competencia por los recursos y el apoyo del Estado es uno de los correlatos del discurso con que el independentismo mira hacia Madrid, al señalar que existen ventajas vinculadas a la capitalidad, incluyendo una mayor concentración de las élites.
La articulación entre el auge de estas ciudades, nodos de gigantescas conurbaciones, vinculadas fuertemente con flujos globales, y la administración de España como totalidad, ha enfrentado dificultades en la última década, lo que se ha expresado en nuevas propuestas de cogobernanza entre el Estado central, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos. Los conflictos y tensiones que ocurren en Madrid y en Barcelona, tienen un impacto político en toda España.
Las disputas políticas por Madrid
El enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso y el gobierno central ha fortalecido su liderazgo entre los madrileños. Ayuso defiende al Madrid global como un espacio fiscalmente privilegiado para atraer capitales, por lo que rechaza cualquier armonización fiscal con el resto de España. En recientes encuestas se ha mostrado un crecimiento del apoyo al Partido Popular en Madrid, absorbiendo una parte importante del electorado que había apoyado en la pasada elección a Ciudadanos y a Vox.
Este fortalecimiento ha puesto en alerta, paradójicamente, al mismo Partido Popular, donde está en disputa la jefatura política. El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha propuesto a Pablo Casado, el establecimiento de una tricefalia, conformada por Díaz Ayuso, por el mismo alcalde de Madrid y por un tercer dirigente, para llevar en paz la resolución del liderazgo.
El PP ha gobernado la Comunidad de Madrid desde 1995, y la Alcaldía desde 1991, con el intermedio de Manuela Carmena entre 2015 y 2019. De tal manera que Madrid podría ser considerado el más poderoso feudo de los populares, siendo la vitrina nacional.
Este dominio ha sido retado de manera infructuosa. El PSOE, con Ángel Gabilondo, fue el partido más votado en las últimas autonómicas, sin sumar los apoyos necesarios. La apuesta de Íñigo Errejón y Más Madrid, tratando de capitalizar el legado de Manuela Carmena y de Podemos, parece haberse desdibujado.
La dinámica entre Barcelona, Cataluña y el Estado español
Barcelona también es celosa defensora de su autonomía, aunque separándose de la deriva independentista catalana. La conflictividad política vinculada con las iniciativas independentistas ha sido un incentivo negativo para algunas empresas, que se han desplazado a Madrid, aprovechando también las ventajas fiscales.
Ada Colau, proveniente de luchas ciudadanas contra los desahucios, requirió, luego de las elecciones de 2019, del apoyo del PSC y de varios diputados de Ciudadanos, para ser reelecta como alcaldesa. Esto fue necesario para evitar que el gobierno de la ciudad cayera en manos del candidato independentista de ERC, Ernest Maragall.
Aunque las encuestas de julio señalaban que Barcelona en Comú sería la primera fuerza política de la ciudad, superando a ERC y al PSC, el impacto de la política española ha alterado la dinámica de las fuerzas en la ciudad.
El acercamiento de Pablo Iglesias con ERC parece tener un impacto negativo sobre su organización en Barcelona. Al mismo tiempo, Colau se ha acercado a los republicanos, quienes serán probablemente ganadores de las elecciones autonómicas del 14 de febrero. Parece abrirse paso, poco a poco, la posibilidad de un nuevo tripartito, entre ERC, los Comunes, y el PSC, lo que implicaría la división del independentismo.
Esta tensión entre el Estado español, con sus dos grandes ciudades globales, Madrid y Barcelona, que exigen un estatus especial, requiere de consensos y reformas políticas difíciles. Para empezar, mantener a Barcelona, como ciudad global, dentro del proyecto español, implicará un cambio en las relaciones con Madrid y con el Estado central, lo que podría exigir transformaciones institucionales de gran calado, como la reforma del Senado, o la deriva hacia un régimen federal, que no cuentan hoy con suficiente consenso entre las élites políticas. Ese es un reto clave para el futuro.
