Miguel Sebastian (ALN).- Aunque el origen del concepto de “renta básica universal” se remonta a Thomas Paine, un político liberal del siglo XVIII y uno de los padres de la Independencia de los EE.UU., el término ha cobrado relevancia recientemente, al haberse incorporado como propuesta de política económica en muchos países desarrollados.
Pese a su origen liberal, la Renta Básica Universal (RBU) es ahora una bandera de la izquierda y de la extrema izquierda en muchos países desarrollados. Y lo es como un intento de respuesta a varias cuestiones, algunas de ellas indudables y otras más discutibles: (i) el aumento de la desigualdad de la renta dentro de los países industrializados, (ii) la caída del peso de las rentas salariales sobre el PIB, y el aumento secular de las rentas del capital, cuya propiedad se encuentra en pocas manos, (iii) el impacto de la robotización sobre el empleo menos cualificado, que sería condenado a mantenerse fuera del mercado de trabajo de forma permanente, y (iv) como una forma de reconocer socialmente el trabajo doméstico y de cuidado de los niños, de los dependientes y de los mayores por parte de un porcentaje creciente de la población.
Ahora justo hace un año, en junio de 2016, la población de Suiza rechazó en un referéndum de forma abrumadora (un 78% de los votos) la implantación de una renta básica de 2.500 francos suizos (unos 2.200 euros), aunque no fuera compatible con otras fuentes de renta.
Pese a su origen liberal, la renta básica universal es ahora una bandera de la izquierda y de la extrema izquierda
Pese a ese rechazo, la idea está siendo estudiada en Finlandia, en fase experimental para un grupo seleccionado de 2.000 parados de larga duración, que van a recibir una renta de 500 euros al mes, y en Holanda, en algunos términos municipales. Además, fue una de las propuestas estrella del Partido Socialista Francés en las pasadas elecciones presidenciales, y el líder laborista británico, Jeremy Corbyn, ha anunciado que “lo estudiará” si gana las elecciones del próximo 9 de junio, y ha creado una red llamada BIEN (Basic Income Earth Network) para profundizar en la propuesta. Recientemente, el creador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha recomendado, en el discurso de ceremonia de graduación de Harvard, que se “explore” sobre la renta básica universal.
En España, la formación política Podemos ha llevado en sus programas electorales diferentes versiones de la renta básica universal. Y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) podría aprobar, a partir de su 39º Congreso Federal del próximo 16-18 de junio, alguna versión de la renta básica para su futuro programa electoral. También en España funciona desde hace tiempo la RRB (Red Renta Básica).
El concepto de Renta Básica
El debate sobre la Renta Básica Universal (RBU) crea bastante confusión, porque muchos de sus partidarios y de sus detractores mezclan en sus argumentos diferentes conceptos: el de “renta básica universal” (para todos los ciudadanos, por el hecho de serlo), el de renta mínima o renta de inserción (sólo para parados de larga duración, que no tengan o hayan agotado su prestación de desempleo), el “complemento salarial” financiado con recursos públicos (sólo para empleados de rentas bajas) o el impuesto negativo de Friedman (sólo para trabajadores empleados que ganan por debajo de un determinado umbral y que, en su declaración fiscal, recibirían una renta, en lugar de pagar un impuesto).
Entendemos por “renta básica universal” o “incondicional” una percepción económica garantizada por el sector público y a la que tendrían derecho todos los ciudadanos de un país por el hecho de serlo, independientemente de que estén o no en edad de trabajar, de que sean activos o inactivos, o de que estén ocupados o parados.
Generalmente el debate sobre la conveniencia o no de la renta básica se centra en su coste. Ese fue el principal argumento que provocó su rechazo en el referéndum de Suiza, y es el principal argumento que esgrimen sus detractores para oponerse a ella. Creo, sin embargo, que esta es una visión demasiado estrecha, y que la renta básica universal debe ser valorada en función de tres características, que no son independientes, pero que pueden ser tratadas de forma separada:
– Su coste, tanto a corto como medio y largo plazo.
– Sus problemas de incentivos.
– Su impacto sobre la pobreza y la distribución de la renta.
Como veremos más adelante, los tres conceptos son distintos, pero no son independientes entre sí. Por ejemplo, los posibles incentivos negativos de la RBU podrían incidir en su coste futuro, mucho mayor al inicial, si mucha gente decide no trabajar y se pierde crecimiento económico y recaudación. Otro ejemplo, un elevado coste fiscal a corto plazo, podría limitar los recursos para otras herramientas de lucha contra la pobreza o la desigualdad, empeorando la tercera de las vertientes. Pese a ser interdependientes, pasemos a analizar brevemente cada una de estas tres características por separado.
El coste de la RBU
Dentro de sus costes hay que distinguir, los “costes de entrada”, es decir, de implantación de la medida a corto plazo, de la evolución de dichos costes a lo largo del tiempo. Asimismo, habría que considerar los “costes de salida”, es decir, los potenciales costes políticos y sociales de echar marcha atrás en la RBU, una vez implantada en un país y de haberse demostrado inviable a medio plazo.
¿Cuál puede ser el “coste de entrada” de la RBU? Evidentemente ese coste va a depender de dos factores: la cuantía de la RBU y el número de perceptores anuales.
Tomemos el caso de España. En la Tabla 1 resumimos el coste de implantar una renta básica universal de 500 euros al mes, unos 6.000 euros al año.
La cuantía de la RBU (unos 500 euros al mes) puede ser considerada baja. Pero no sólo está tomada del experimento de Finlandia, un país que tiene una renta per capita 50% más elevada que España, sino que también se compara con el salario mínimo recientemente aprobado para España (unos 700 euros al mes). La renta básica sería un 70% de dicho salario mínimo. Una cuantía superior agravaría los problemas de incentivos a los que me referiré más adelante. Dada esa RBU, de 6.000 euros al año, y con una población de 46,5 millones de personas, el coste de entrada serían unos 279.000 millones de euros, esto es, un 25,4% del PIB. Dado que la presión fiscal ronda el 40% del PIB, se trataría de elevar el ratio de deuda en 25 puntos cada año o la presión fiscal en un 60% de forma permanente, algo imposible de asumir por ningún gobierno.
Para abordar este problema vamos a calcular versiones acotadas de esta RBU, excluyendo a colectivos que declararíamos no elegibles para recibirla. El primer filtro que podríamos hacer es excluir a la población más joven, los menores de 16 años que, por no tener edad para trabajar (en España la edad legal mínima para trabajar son los 16 años) y estar a cargo de sus padres o tutores, ya recibirían su porción de RBU en su hogar a través de las RBU de sus respectivos progenitores. Estos, además, tienen una deducción fiscal por cada hijo menor de 25 años en su declaración de la renta, que mantendríamos vigente tras la implantación de la RBU. Otra forma de justificar esta exclusión de los niños es el incentivo que supondría a la natalidad. En España se implantó en 2007, como parte de las “políticas de apoyo a la familia”, un cheque-bebé de 3.000 euros, de una sola vez, por hijo nacido. Una medida que fue eliminada tras los recortes impuestos por la Troika en 2010. Aquí estaríamos hablando de un “mega-cheque-bebe” de 96.000 euros por hijo nacido.
En España, véase la Tabla 2, hay unos 7,5 millones de jóvenes por debajo de los 16 que quedarían de entrada excluidos de la RBU. Ello bajaría el número de perceptores a 39 millones de personas.
Pero, además de los jóvenes, podríamos excluir de la RBU a otros colectivos que perciben una renta superior a los 6.000 euros al año y que resumimos en la Tabla 3.
En primer lugar, los pensionistas. Unos 9,2 millones ya reciben una pensión superior a la RBU. Por tanto, al excluirles no estamos renunciando al carácter “universal” de la renta básica. Simplemente decimos que todos los españoles tienen derecho a recibir esa renta por el hecho de serlo, pero no a recibirla por duplicado. Además de esos 9,2 millones, hay otros 400.000 que reciben una pensión media de 4.800 euros. En esos casos sólo habría que complementarles con 1.200 euros, hasta alcanzar los 6.000 euros de la renta básica. Por tanto, ello equivaldría a “excluir” a otros 320.000 pensionistas, hasta alcanzar los 9,520 millones de la tabla.
Algo similar haríamos con los parados. Los 4,9 millones de parados reciben una prestación media de 3.000 euros. Ello equivale, por tanto, a un cálculo en el que la mitad (2,45 millones) reciben los 6.000 de la RBU y otros tantos no reciben nada, por lo que los podemos incluir en la lista de “exclusiones”, aunque solamente sea a efectos contables.
El Partido Socialista Obrero Español podría aprobar alguna versión de la renta básica para su futuro programa electoral
Con los trabajadores por cuenta propia o “autónomos” haríamos algo parecido. De los 3,1 millones que existen en España sólo incluiríamos los que declaran ganar menos de 6.000 euros anuales y, de este grupo, compensaríamos su ganancia hasta conseguir alcanzar la RBU. Ello sería equivalente a tener sólo 1,2 millones de perceptores de la renta básica completa o, lo que es equivalente, a excluir a 1,9 millones.
Finalmente, con los “asalariados” o trabajadores por cuenta ajena procederíamos de una forma equivalente. Excluiríamos a los 13,6 millones que declaran ganar más de 6.000 euros, según los datos de la Agencia Tributaria. Y a los 3,7 millones que ganan menos, les compensaríamos por la diferencia, lo que contablemente equivale a excluir por completo a 1,1 millones de perceptores de la RBU. Tal y como recoge la Tabla 3, quedarían excluidos de la población elegible otros 28,6 millones de personas, a añadir a los 7,5 millones de “jóvenes” excluidos anteriormente. Es decir, tendríamos solamente 10,47 millones de perceptores (46,5 millones menos 28,57 y menos 7,46). Tal y como señalaba Juan Manuel López Zafra en un reciente debate, esos 10,5 millones coinciden con la población que está por debajo del “umbral de la pobreza”, definido como el 80% de la renta mediana de la distribución del ingreso. El hecho de llegar a una misma cifra de potenciales perceptores partiendo de enfoques distintos, valida de alguna forma la robustez del cálculo llevado a cabo en este artículo.
En la Tabla 4 se recoge el resumen de los cálculos del coste inicial de implantar la Renta Básica una vez hechos los ajustes para evitar las duplicidades en las percepciones de la renta mínima universal.
Frente al coste inicial, de un 25,4% del PIB, tras estos ajustes el coste de la renta básica se reduciría casi a la cuarta parte, un 5,7% del PIB. Además, esta magnitud se trataría de un límite superior del coste real. Habría que excluir a los perceptores de rentas del capital, en cuantía equivalente o superior a los 6.000 euros anuales. También eliminaríamos la deducción por hijo entre 16 y 25 años en la declaración de la renta, pues éstos ya serían perceptores de la RBU. También se podrían ajustar otros gastos, como las ayudas a la dependencia, que ya estarían cubiertos por la RBU, o las políticas activas de empleo.
Por todo ello, el coste de entrada de implantar una “renta básica universal”, ajustada bajo estas condiciones, para el caso de la economía española, sería inferior al 5% del PIB. Se trata, de entrada, de un coste asumible, siempre que, a medio plazo, los incentivos a los que me refiero a continuación, no supongan un deterioro de la Renta Nacional y de la capacidad de generar recursos para financiar tanto la RBU como otros pilares del Estado del Bienestar (Educación y Sanidad, fundamentalmente). También se podría ahorrar una parte de las políticas activas de empleo, dado que la RBU de alguna forma significa renunciar a las políticas de activación y remunerar de forma incondicional al ciudadano aunque no pertenezca a la población activa.
El problema de incentivos
La Renta Básica Universal nunca se ha implantado. Se encuentra en fase experimental en Finlandia y en Holanda, y buena parte del experimento se va a centrar en analizar los posibles problemas de incentivos que pueda generar. Hasta la fecha, todo lo que podamos decir sobre este punto tiene, por tanto, un carácter teórico o académico. Entre los incentivos podemos destacar:
- (i) una reducción de la oferta efectiva de trabajo. Los trabajadores deciden óptimamente el empleo que están dispuestos a ofrecer en función de sus preferencias por el consumo y el ocio. La RBU abarata el ocio, en relación al consumo, y la oferta de trabajo se reduce, lo que eleva el salario real y reduce el empleo contratado.
- (ii) desactivación. Los trabajadores inactivos que dudan sobre si participar en el mercado de trabajo, pueden mantenerse inactivos con la RBU, ya que se les garantiza una renta independientemente de su trabajo. Tampoco participarían de cursos de formación, dado el coste de oportunidad de los mismos. Ello sería ir en dirección contraria a la Estrategia de la Unión Europea, aprobada en el Tratado de Lisboa, que busca elevar la tasa de actividad hacia niveles americanos. Y para algunos países, como España, cuya tasa de actividad femenina es todavía 10 puntos inferior a la masculina, supondría desandar un camino emprendido hacia la igualdad de género.
- (iii) desempleo estructural. Al elevarse el “salario de reserva”, empeorará el desempleo estructural, producto de una rigidez de salario real, con la consiguiente pérdida de eficiencia (y equidad) para la economía en su conjunto.
- (iv) menor ahorro. La garantía de una renta de supervivencia de por vida puede reducir el incentivo a ahorrar. Ello se traducirá en unos mayores tipos de interés reales y una menor inversión
- (v) economía sumergida. Al ser la RBU incompatible (o no redundante) con otras fuentes de ingreso, puede provocar que se sumerjan actividades en el sector servicios que sean difícilmente fiscalizables (servicio doméstico, reparaciones, el cuidado de mayores o niños, etc.).
- (vi) formación y capital humano. Percibir una RBU independiente de la cualificación del trabajador puede suponer un incentivo a abandonar o interrumpir su proceso de formación. Ello redundaría negativamente en la Productividad Total de los Factores, que es el motor del crecimiento a largo plazo.
Todos estos factores negativos podrían incidir en el nivel o en la tasa de crecimiento del PIB potencial y, por tanto, incidir negativamente en el coste de la RBU a largo plazo, medida en términos de PIB. En este sentido, y tal y como mencionaba al principio, estaría produciéndose un “feed back” desde los incentivos hacia el coste de implementación de la RBU. Asimismo se produciría una merma de ingresos, por reducirse las bases imponibles por el menor crecimiento. Ello agravaría los problemas de sostenibilidad del Estado del Bienestar derivados del envejecimiento demográfico.
La pobreza y la desigualdad
Parece razonable pensar que la RBU, sobre todo en su versión ajustada a las personas con menos renta o ninguna renta en absoluto, mejorará la situación de pobreza, al elevar la renta de los ciudadanos por debajo del umbral de pobreza (el 80% de la mediana de la distribución de la renta). El impacto sobre la desigualdad, sin embargo, es más discutible y a medio y largo plazo la RBU probablemente empeore la distribución de la renta. Ello puede ocurrir por varios motivos:
- (i) se abandonan las políticas de formación y a esos trabajadores se les “condena” a una RBU permanente, que les garantizará un nivel de vida digno, pero no les hará partícipes de los aumentos de la productividad del conjunto de la economía. De esta forma, la renta de los trabajadores “productivos” se alejará de la de los menos productivos.
- (ii) las empresas tendrán incentivos para desprenderse de los trabajadores menos eficientes, que ya están cubiertos por la RBU. Estos podrán ser sustituidos por procesos de automatización, lo que elevará la productividad y, por tanto, tanto el salario real de los que permanezcan empleados, como de los propietarios del capital.
- (iii) el coste fiscal de la RBU puede provocar recortes en otras políticas que garantizan la igualdad de oportunidades, como son la Educación, la Sanidad o la Ayuda al Desarrollo. Todo ello afectará negativamente la distribución de la renta. Nótese que estos costes de desigualdad estarán positivamente correlacionados con la generosidad inicial del sistema de RBU. Cuanto más generoso sea, mayor será a corto plazo la reducción de la pobreza, pero menos margen de maniobra para gasto futuro, lo que empeorará la distribución de la renta a largo plazo.
En resumen, el debate sobre la Renta Básica Universal requiere una reflexión sosegada y una observación desapasionada de sus costes, incentivos y posibles resultados. También debe dejar claro el objetivo final. Si éste es mejorar la pobreza y la desigualdad, es lógico preguntarse si no hay vías alternativas más eficientes para lograrlo.
