Leopoldo Martínez Nucete (ALN).- La crisis que vive Venezuela, así como la ruta que transita para restablecer el orden constitucional democrático, son inéditas. Sin elecciones confiables, el sufrimiento del pueblo venezolano, ya inmenso, sería aún mayor; y asistiríamos irremediablemente a un escalamiento del conflicto político cuyo desenlace nadie puede predecir.
La crisis que vive Venezuela, así como la ruta que transita para restablecer el orden constitucional democrático, son inéditas.
Las sanciones recientemente impuestas por los EEUU a Petróleos de Venezuela, PDVSA, sumadas a las que ya antes había adoptado, que afectan operaciones de financiación, así como al sector aurífero, auguran un escenario de extrema dificultad para el régimen de Nicolás Maduro. No, por cierto, sin un costo alto para la población. La expectativa inmediata es que este escenario produzca un punto de quiebre para el cambio.
Más allá de esto, ¿qué hace falta?
Un horizonte electoral. Sin elecciones confiables, el sufrimiento del pueblo venezolano, ya inmenso, sería aún mayor; y asistiríamos irremediablemente a un escalamiento del conflicto político cuyo desenlace nadie puede predecir. En estos días, el profesor Fernando Mires decía, en uno de sus siempre ilustrativos artículos, que el momento es político y no insurreccional. Tiene razón. Apostar al conflicto entre el interinato presidencial de Juan Guaidó y la ilegítima Presidencia de Nicolás Maduro, sin desplegar el arte de la política, podría desembocar en una solución militar… no precisamente una opción que asegura la recuperación del hilo constitucional que aspiramos para Venezuela.
Las sanciones recientemente impuestas por los EEUU a PDVSA, sumadas a las que ya antes había adoptado, que afectan operaciones de financiación, así como al sector aurífero, auguran un escenario de extrema dificultad para el régimen de Nicolás Maduro. No, por cierto, sin un costo alto para la población
Avanzar en el interinato presidencial, construido con base en el artículo 233 de la Constitución con inmenso apoyo internacional, sin una perspectiva electoral creíble, es una apuesta a una intervención militar extranjera, que podría resultar una trágica incógnita, además de un capítulo que restaría voces que hoy se han sumado a la condena de la ilegitimidad del régimen. Lo sensato es aprovechar este extraordinario posicionamiento, sin duda el mejor que se haya tenido hasta la fecha, con tan contundente acompañamiento internacional, para forzar una negociación que desemboque en elecciones creíbles, en el marco de una transición político-económica sustentable. De hecho, el artículo 233 de la Constitución es tajante: el presidente interino asume esa función por 30 días, plazo en el cual deberían celebrarse nuevas elecciones.
Si el régimen de Maduro hubiese aceptado el planteamiento de España, Francia, Alemania y Reino Unido de facilitar elecciones presidenciales en ocho días, el camino para instrumentarlo hubiera sido la dimisión de Maduro, en cuyo caso el vicepresidente asumiría el interinato por 30 días en los que deberían celebrarse elecciones. Pero algo está claro. No hay forma de hacer elecciones creíbles en 30 días. Y el proyecto de cambio no tendría éxito sin las garantías legales de que ese proceso electoral se realice de forma que los actores políticos puedan competir en condiciones que permitan un resultado legítimo. En ambos escenarios, todo nos trae de nuevo a una condición indispensable para la legitimidad y viabilidad del complejo proceso por el que transita Venezuela: la urgencia de una perspectiva electoral para que el pueblo venezolano tenga la última palabra a través de elecciones libres y justas. En cómo construir ese horizonte electoral radica la excepcionalidad necesaria, para que esas elecciones ocurran en un plazo razonable, ya que 30 días es materialmente imposible.
¿Qué podría hacer la comunidad internacional, y en especial los EEUU y Europa, concretamente la Administración Trump, para allanar el camino hacia este escenario pacífico y negociado? Una, entre otras cosas, sería elevar el asunto a una conversación franca con China (y otros países que pueden influir en un cambio de conducta por parte de Maduro). China debe ser persuadida, y es posible, dada la madeja de intereses en juego entre EEUU y China, de que nadie, en la comunidad internacional, debe imponer una agenda en el caso venezolano; y que corresponde a los venezolanos darse un destino basado en elecciones libres y justas, con las bases de una transición sustentable acordadas, claro está, con el acompañamiento internacional necesario para ofrecer garantías a todos de que la palabra empeñada debe ser cumplida.
El desconocimiento de la legitimidad de la Presidencia de Maduro y el apoyo al interinato del presidente de la Asamblea Nacional, por parte de la Administración Trump, son uno de los pocos, si no el único tema que cuenta con respaldo bipartidista. Tan pronto se pronunció el Gobierno de los EEUU, en la misma dirección lo hicieron el subjefe de la minoría demócrata en el Senado, Dick Durbin (quien, además, se reunió el año pasado con Maduro para advertirle que las elecciones sin garantías que proponía hacer en mayo de 2018 no serían reconocidas internacionalmente); el líder de los demócratas en la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, Bob Menéndez; la vocera de la Cámara de Representantes, líder parlamentaria del Partido Demócrata, Nancy Pelosi; y el demócrata de Nueva York, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Eliot Engel. Finalmente, con relación al consenso bipartidista, el senador Marco Rubio, quien ha sido vocal e instrumental en todo esto, siempre ha tomado sus decisiones con la estrecha colaboración y apoyo del demócrata Bob Menéndez.
Maduro se queda sin el oxígeno financiero de PDVSA
Dos proyectos de ley
Además del esfuerzo bipartidista por recuperar la democracia venezolana, esta semana las diputadas demócratas por Miami, Donna Shalala y Debbie Mucarsel-Powell, presentaron dos proyectos de ley, que se suman a las estrictas sanciones financieras contra PDVSA: una prohibiendo la proveeduría militar a Venezuela; y la otra disponiendo un marco para profundizar la ayuda humanitaria en esa transición. Por su parte, el senador Menéndez y el diputado Darren Soto presentaron en ambas Cámaras legislación para otorgar alivio o estatus migratorio temporal (TPS) a los venezolanos en los EEUU.
🚨BIG NEWS: I introduced my first bill today, the Venezuela Arms Restriction Act. This bipartisan bill bans the export of arms and crime control materials from the United States to Maduro’s security forces in Venezuela. #VenezuelaLibre pic.twitter.com/h3J7Ct2tMN
— Rep. Donna E. Shalala (@RepShalala) 30 de enero de 2019
Estoy con mis hermanos y hermanas venezolanos. Aumentar la asistencia humanitaria es imperativo para que el pueblo venezolano pueda sobrevivir y ayudará restaurar la democracia y la estabilidad en el hemisferio occidental. #VenezuelaLibreYahttps://t.co/bvG7vRhqeF
— Rep. Debbie Mucarsel-Powell (@RepDMP) 30 de enero de 2019
No hay duda, pues, de que la senda que presenta menos trabas es la electoral. Para esto debe cumplirse un protocolo, que admitimos no se presenta fácil.
El primer gran paso sería el regreso de la representación oficialista a la Asamblea Nacional, la única institución legítima en la deshecha constitucionalidad de Venezuela, y único espacio donde coinciden todas las fuerzas políticas del país por voluntad del pueblo. Y desde allí, con apoyo de la misma comunidad internacional que hoy presiona por una salida, negociar hasta lograr por consenso el estatuto electoral especial que deberá regir esas elecciones en un plazo razonable. Esto, en conjunto con la Ley de Amnistía, indispensable para avanzar hacia el restablecimiento del orden constitucional de manera pacífica. Despejado ese camino, quedaría la apremiante necesidad de atender la crisis humanitaria de Venezuela, al tiempo que se dan los pasos mínimos e indispensables para detener la debacle económica a la que nos ha arrastrado el régimen de Maduro.
