Daniel Gómez (ALN).- Colombia no acepta el perdón de Odebrecht. La vicepresidenta del país, Marta Lucía Ramírez, y el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, ya le pidieron a la entidad fiscalizadora suspender su actividad por 20 años tras redactar una dura carta.
“Este es uno de los peores atentados cometidos en contra de la moralidad de la Nación, el cual ha causado un grave detrimento en las finanzas públicas y ha sido el origen de graves daños a la ética pública. Contra la corrupción hay que ir con todo el peso de la Ley”.
Eso dice la carta que este martes Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, y Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, enviaron a la Superintendencia de Sociedades, que es la entidad fiscalizadora del país. Le piden la inhabilitación de Odebrecht por 20 años. Que en ese lapso no pueda suscribir contratos con el Estado. Eso informa la agencia Reuters.
“Este es uno de los peores atentados cometidos en contra de la moralidad de la Nación”
“Permitir que una empresa que organizó con pleno conocimiento corporativo graves actos de soborno y corrupción transnacional vuelva a participar en licitaciones o concursos públicos en Colombia, resultaría ser un acto contra las empresas honestas y cumplidoras de la ley y un pésimo mensaje para los colombianos honrados. El que la hace la paga”, precisó la carta de Ramírez y Gómez.
En la misiva también indican que no están dispuestos a aceptar el “acuerdo de reparación integral” que ofreció Odebrecht. Este es una compensación económica de 33 millones de dólares por los perjuicios generados a cambio de que el Estado retire todos los procesos legales en su contra y le permita volver a firmar contratos con el Estado.
Odebrecht agita Colombia
Este es el castigo del Gobierno y la Justicia por el escándalo Odebrecht, el cual afectó a otros nueve países deAmérica Latina. En el caso concreto de Colombia, 14 exfuncionarios y políticos acabaron en la cárcel por aceptar 28,5 millones de dólares en sobornos a cambio de lograr la adjudicación de la Ruta del Sol II, un tramo de 528 kilómetros de carretera hacia la costa Caribe valorado en más de 1.000 millones.
Hasta que se supo lo de esta carta, el caso Odebrecht en Colombia estaba de actualidad por dos extrañas muertes: la del auditor de la Concesionaria Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, y la de su hijo Alejandro Pizano.
La Justicia aguardaba el testimonio de Pizano padre pues reveló que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde antes de asumir el cargo en el Ministerio Público las irregularidades en la licitación para la carretera. Pero el auditor murió, y tres días después también lo hizo su hijo a causa de una intoxicación por beber cianuro.
Este domingo, según informa la Fiscalía, apareció cianuro también en el lavamanos del padre. ¿Una trágica coincidencia o es que hay algo más? Eso es lo que ahora se trata de averiguar investigando las trazas del bote del veneno y realizando nuevas pruebas clínicas.
Para acallar las dudas sobre el fiscal general, fue el propio presidente, Iván Duque, quien le dio un espaldarazo público, pero al mismo tiempo, designó a un fiscal especial para que investigue la muerte de Pizano.
