María Rodríguez (ALN).- El superintendente de Servicios Públicos colombianos se aferra a la legislación de España para acallar las acusaciones de inseguridad jurídica que ha levantado el cese de la filial de Gas Natural. La multinacional demandó finalmente a Colombia ante un ente de Naciones Unidas. El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, José Miguel Mendoza, se aferra a la legislación española para acallar las críticas de círculos internacionales que se refieren a la liquidación de Electricaribe, filial de la española Gas Natural Fenosa, como un ejemplo más de la inseguridad jurídica reinante en América Latina, y que, en su opinión, se repiten “con insistencia despiadada”. “La figura de la intervención es idéntica a la que aparece consagrada en el artículo 128 de la Constitución Española”, afirma en una columna de opinión publicada este martes en el diario colombiano Portafolio.
La regulación colombiana en materia de insolvencia es sustancialmente similar a la de los países miembros de la OCDE”, apunta Mendoza
El artículo de la Carta Magna española al que hace referencia Mendoza corresponde al Título VII, relativo a Economía y Hacienda. En él se subraya la idea de que toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general. Además, se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica: “Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
El superintendente fue el encargado de anunciar en rueda de prensa el pasado 14 de marzo la orden de liquidación de Electricaribe. En su artículo en Portafolio, Mendoza habla de “la aplicación rigurosa de la ley de quiebras colombiana” en la intervención de la filial eléctrica y que ésta se hizo con dos únicos propósitos: “Proteger a 10 millones de ciudadanos y preservar el orden público económico”. Asimismo, insiste en que se ha querido desnaturalizar una decisión que sería “simplemente rutinaria” en otros países y que con todas las voces críticas pareciera “pretender intimidar a un país que se precia de la estabilidad de sus instituciones legales y de la protección que siempre ha ofrecido a la inversión extranjera”.
Mendoza cierra su reflexión lanzando una pregunta retórica a los lectores sobre a quién “en su sano juicio” se le ocurriría presentarse ante el Congreso de los Diputados español para “eximir de la ley de quiebras a una compañía insolvente”. “Semejante insensatez estaría condenada inexorablemente al fracaso”, zanja.
“Error eléctrico”
La multinacional española demandó a Colombia ante un ente de Naciones Unidas / Foto: Gas Natural Fenosa
Una de las últimas voces críticas con la orden de liquidación es la del diario El País en su editorial de este miércoles, que titula como “Error eléctrico en Colombia”. El rotativo español señala que “la liquidación de Electricaribe demuestra mala regulación energética e inseguridad jurídica”. Además, indica que el método de intervención y liquidación es discutible y que “se parece demasiado a una expropiación”. Concepto del que las autoridades colombianas se han querido desligar desde el primer momento al anunciar que el proceso administrativo contra Electricaribe no responde a una expropiación, sino a una liquidación de acuerdo con los términos de la ley.
Mendoza insiste en que “la regulación colombiana en materia de insolvencia es sustancialmente similar a la de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, institución a la que Colombia es candidata para adherirse.
Sin embargo, para El País, el procedimiento utilizado está “muy alejado de las prácticas seguidas en la OCDE”. El rotativo admite que la ley colombiana permite la liquidación, pero advierte que Gas Natural Fenosa tiene activos en Electricaribe que se depreciarán y que de “esa destrucción patrimonial será responsable el Gobierno colombiano”. “Pudo haber elegido el ajuste regulatorio, pero prefirió una solución radical”, concluye el diario.
Ya le han llovido críticas por este editorial al rotativo español, como la del economista Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI): “Al muy serio diario El País, ‘se le fueron las luces’ al referirse al caso Electricaribe”.
Al muy serio Diario @El_pais «se le fueron las luces» al referirse al caso #Electricaribe
Visión muy poco objetivahttps://t.co/BcZpAvr9vY— Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) 22 de marzo de 2017
Demanda ante Naciones Unidas
Gas Natural Fenosa demandó este miércoles a Colombia ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), según informa la agencia EFE. La multinacional española reclama al país latinoamericano la devolución de su filial Electricaribe o una indemnización de más de 1.000 millones de euros (aproximadamente 1.062 millones de dólares).
Es la primera vez que Gas Natural recurre a este tribunal de Naciones Unidas. En un principio, la compañía pretendía que el arbitraje internacional por este contencioso quedara en manos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo que depende del Banco Mundial. Pero finalmente se decantó por este tribunal, dedicado desde hace más de 40 años a la armonización de la legislación mercantil en todo el mundo.
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