(EFE).- El 9 de enero se repetirán las elecciones regionales en Barinas, cuna de Hugo Chávez, y por tanto, bastión oficialista, pero también un trofeo a conquistar por la oposición, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le arrebatara la victoria a Freddy Superlano, que obtuvo por estrecho margen en los comicios del pasado 21 de noviembre.
La repetición se da después de que el TSJ anulara los resultados de los comicios por considerar que Superlano, el candidato opositor por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quien resultó ganador frente al oficialista Argenis Chávez —hermano del fallecido presidente—, participó en la contienda pese a estar inhabilitado.
Estas son cinco claves sobre la repetición de las elecciones:
1.- Más de una semana de incertidumbre
Ocho días después de los comicios de noviembre, salió a la luz la razón concreta que impedía conocer los resultados de Barinas, manteniendo a todo un país en vilo: una sentencia de la Sala Electoral del TSJ ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender los procedimientos vinculados al recuento, adjudicación y proclamación de gobernador en la entidad. La decisión respondió a una acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Superlano (no relacionado con Freddy Superlano) «por la presunta violación de los derechos constitucionales a la participación y al sufragio», previstos en la Constitución y ante «el clima de tensión entre las militancias políticas» y la inhabilitación del opositor.
2.- La orden: Elecciones otra vez
La noche del 29 de noviembre, el TSJ ordenó la repetición de los comicios en la cuna de Hugo Chávez, dejando sin efecto las votaciones del pasado 21 de noviembre en esa región, en la que -reconoció- las proyecciones consignadas por el CNE daban un porcentaje de votos a favor del candidato opositor del 37,60 %, frente al 37,21 % de sufragios obtenidos por el aspirante chavista. A continuación, el CNE formalizó la convocatoria para la repetición de los comicios, que fijó para el 9 de enero, y el respectivo cronograma, acatando así la sentencia del alto tribunal, señalado, en diversas ocasiones, de estar conformado por magistrados cercanos al oficialismo.
3.- Rectores que se oponen
Aunque el CNE aceptó la orden del Supremo, dos de sus rectores —Roberto Picón y Enrique Márquez—, considerados afines a la oposición, coincidieron en que la decisión del tribunal «menoscaba» las competencias de la institución electoral y mostraron su desacuerdo con el manejo posterior a los comicios del 21 de noviembre en Barinas. Picón aclaró que desconocían la inhabilitación de Superlano y que la sentencia de repetición de los comicios en Barinas falta a la potestad del CNE y a la voluntad de los ciudadanos, mientras que Márquez sostuvo que las decisiones del TSJ implican «intromisiones» en las funciones del ente electoral.
4.- Inhabilitaciones y división
Pese a la controversia, la convocatoria a elecciones siguió su curso y el CNE admitió siete candidaturas a la repetición de comicios: solo una del chavismo, representada en la figura del excanciller Jorge Arreaza, y otras seis de facciones opositoras, entre las que no se logró un candidato por consenso. Sergio Garrido, principal aspirante antichavista respaldado por la MUD, fue la opción de la coalición, luego de que Superlano no se pudiera presentar al estar inhabilitado, ni tampoco su esposa, Aurora Silva, por la misma razón, que también se le aplicó al exdiputado Julio César Reyes, dejándolo fuera del tablero electoral.
5.- Las normas están para incumplirlas
El 22 de diciembre arrancó oficialmente la campaña electoral, en la que los candidatos contaban con 16 días para hacer sus propuestas y capitalizar votos en Barinas, pero los aspirantes, especialmente Arreaza, comenzaron su promoción política desde el momento en que fueron nombrados para competir por la ansiada Gobernación. Sin embargo, el CNE, en clara omisión de sus funciones, no presentó reclamaciones ni llamadas de atención a quienes se saltaron la normativa con absoluta impunidad, y celebraron multitudinarios mítines y recorridos en la entidad con promesas de acabar con los problemas de un estado insignia.
