Pedro Benítez (ALN).- El deseo de modificar el régimen político y económico se ha instalado en esa sociedad desde el inicio de las violentas jornadas de protesta en octubre de 2019. La Convención Constituyente que inició sus sesiones el domingo pasado tiene un año para redactar una nueva carta magna en la cual revisará el régimen político, los derechos económicos, el sistema de Gobierno presidencialista y proclamará el carácter plurinacional del país.
Hay países que en un determinado momento de su historia necesitan reparar agravios históricos. Pueden hacerlo de dos maneras, mediante acuerdos o intentando imponer a una parte del país sobre la otra.
El mil veces citado ejemplo de Nelson Mandela consistió en lo primero. El líder de la mayoría negra, marginada de todas las maneras posibles durante décadas, escogió el camino del acuerdo con la minoría blanca, sus antiguos opresores, consciente que de otro modo su país, Sudáfrica, no sería viable.
Su vecino Zimbabue, con una historia previa de opresión similar, tomó un camino inverso desde que Robert Mugabe fue elegido presidente en 1980. Los perseguidos pasaron a ser perseguidores, y viceversa. Los resultados de los dos ejemplos están a la vista.
UNA ENCRUCIJADA
En circunstancias ciertamente menos dramáticas, Chile enfrenta hoy una encrucijada parecida. La elección de la lingüista, académica y representante de la comunidad mapuche, Elisa Loncón, como presidenta de la Convención Constitucional chilena es un símbolo muy poderoso de la intención de una parte de esa sociedad por intentar reparar la histórica marginación que los pueblos indígenas han sufrido en ese país. Un viejo agravio, muy real, que recuerda, por cierto, uno de los grandes fracasos de las sociedades latinoamericanas.
Loncón fue elegida por 96 de los 155 miembros (77 mujeres y 78 hombres) que componen ese cuerpo deliberativo y ocupa uno de los 17 puestos reservados para los pueblos originarios.
En sus primeras palabras expresó una idea que cada cierto tiempo se repite en los países hispanoamericanos cuando se impone la sensación de fracaso colectivo: “Es posible, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, refundar este Chile”.
El espíritu que reina en el cuerpo constituyente es el refundacional, aunque sus miembros fueron elegidos con apenas el 43,4% de participación popular. Menos de los electores que por plebiscito aprobaron su convocatoria. Sin embargo, 34 de ellos han manifestado que la Convención no debe subordinarse a las normas acordadas en el Congreso chileno el 15 de noviembre de 2019 que permitieron el inicio de este proceso. Entre ellas, las de los dos tercios.
Loncón cuestiona esta última disposición como una cláusula impuesta por la dictadura militar que terminó en 1990. En su primera intervención ante los medios como presidenta de la Constituyente, ha dejado abierta la posibilidad de que sea esta misma la que determine si puede tomar sus decisiones por mayoría simple de la mitad más uno. Lo que de aprobarse podría significar dejar por fuera a una parte del país en el resultado final. Es decir, por ese camino Chile podría tener una Constitución donde una parte de su sociedad se imponga sobre la otra.
REVISIÓN DEL RÉGIMEN POLÍTICO
Esta Convención puede (y ese parece ser el ánimo mayoritario de la opinión pública chilena desde hace dos años) revisar el régimen político, el sistema de Gobierno presidencialista y el centralismo administrativo que ha caracterizado a Chile tradicionalmente. También es casi seguro que aprobará el carácter plurinacional del país, siguiendo el modelo boliviano como una manera de resolver el viejo conflicto con el pueblo mapuche.
Y, además, hay fuerte deseo entre sus miembros por cambiar el papel de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Banco Central, así como los derechos económicos.
De modo que Chile ha dado un giro a la izquierda, pero no por el cambio de un gobierno por otro, sino por el deseo de modificar el régimen político y económico que, según indican los resultados de la convocatoria y elección de esta Convención Constituyente, es el ánimo mayoritario que se instaló en esa sociedad desde el inicio de las violentas jornadas de protestas en octubre de 2019.
AMBIENTE DE INSURRECCIÓN
Ese ambiente de insurrección y cambio radical se apreció incluso en la instalación de ese cuerpo legislativo, que se retrasó durante tres horas por incidentes violentos en las afueras de la antiguo sede del Congreso chileno en Santiago, donde varios de sus miembros acusaron a la fuerza pública de reprimir a los manifestantes que acercaron al acto; aunque en las imágenes captadas por distintos medios se apreció a elementos del cuerpo de Carabineros huir de esos manifestantes. Dos funcionarios quedaron heridos en los incidentes.
Otro suceso ocurrió dentro de la propia Convención cuando una de sus representantes increpó durante, sin que quedara claro el motivo, a la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares.
Así Chile entra en su propia catarsis constituyente. Con dos visiones de país enfrentadas, pero donde una, la izquierda, es la mayoritaria. Aún está por verse si en el transcurso del año que tiene esta Convención para redactar el texto constitucional predomina el acuerdo o la imposición.
