María Rodríguez (ALN).- El peso de la chilena GNL Quintero en los resultados de la multinacional Enagás es innegable. Esta partida representó 53 millones de euros entre enero y septiembre de 2017. Con ella la española ganó 18% más respecto al mismo periodo de 2016. Sin ella, el beneficio habría sido apenas 1,6% superior. Estos datos contrastan con el conflicto que vive Enagás tras la cancelación en enero del Gasoducto Sur Peruano. No obstante, el presidente de la compañía, Antonio Llardén, se mantiene optimista sobre la posibilidad de recuperar lo invertido: “Ha habido un cambio radical muy positivo en este tercer trimestre”.
Enagás obtuvo un beneficio neto de 375,7 millones de euros (441 millones de dólares) en los primeros nueve meses del año, 18,4% más que en el mismo periodo de 2016, al integrar en los resultados a la regasificadora chilena Gas Natural Licuado Quintero (GNL Quintero), de la que la española posee el 45,4%.
Sin esta partida, cuantificada en 53,2 millones de euros (62,6 millones de dólares), el incremento del beneficio de Enagás habría sido del 1,6%, según informó este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La multinacional española de gas rebajó su participación en la planta de GNL Quintero en abril de 2017 tras unas operaciones de compraventa por las que vendió el 15% de la central gasística y obtuvo 141 millones de euros (aproximadamente 150 millones de dólares).
Enagás compró el 20% de GNL Quintero a Gas Natural Fenosa hasta sumar el 60,4% de la planta chilena
Hasta entonces, Enagás poseía el 60,4% de la planta chilena ya que en noviembre había comprado un 20% del capital de GNL Quintero a la también española Gas Natural Fenosa.
Esta cara positiva de Enagás en Chile contrasta con el conflicto que padece en Perú por la cancelación del Gasoducto Sur Peruano (GSP), en el que la compañía española invirtió 260 millones de euros (aproximadamente 305 millones de dólares) que espera recuperar antes de los tres años previstos inicialmente. El Estado peruano paralizó las obras el pasado mes de enero tras el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, máxima accionista del proyecto.
En la conferencia de analistas posterior a la presentación de resultados de Enagás, Antonio Llardén, presidente de la compañía, explicó que tras más de seis meses desde que terminó la concesión (por la cancelación del proyecto) en los que “la Administración peruana no pudo o no tuvo la ocasión de desbloquear este tema”, ha habido “un cambio radical muy positivo en este tercer trimestre”.
Llardén se refirió al nombramiento en julio de la nueva ministra de Energía y Minas del Gobierno de Perú, Cayetana Aljovín. La alta funcionaria confirmó el compromiso del Estado peruano de “relicitar la concesión en el primer semestre de 2018 al considerar que el proyecto es viable y beneficioso para el país”, según recordó el presidente de Enagás.
En este sentido, Llardén subrayó que, con la nueva titular, “en menos de dos meses y medio se ha desbloqueado el tema y se ha conseguido el hito de la entrega de bienes” al Ministerio de Energía y Minas por parte de la sociedad concesionaria GSP SA (tras un acuerdo suscrito entre ambas partes el pasado 11 de octubre). Un requisito necesario para la continuación del proceso de relicitación. De no haber sido así, “estaríamos en un limbo jurídico”, subrayó el directivo.
Ahora se abre un periodo de 45 días para que el administrador nombrado por el Gobierno de Perú se haga cargo físicamente de todos los bienes y de la documentación correspondiente, según apuntó Llardén, quien añadió que la multinacional española va a aprovechar este periodo para discutir y aclarar las “discrepancias” sobre la concesión con el Gobierno del país presidido por Pedro Pablo Kuczynski.
Las “discrepancias” entre Enagás y el Gobierno peruano
Preguntado en la conferencia de analistas por cuáles son esas “discrepancias”, Llardén explicó: “La Administración peruana considera que el reglamento general de hidrocarburos se aplica en este caso con carácter preferente al contrato de concesión. Ello implicaría que, aunque el procedimiento para la determinación del valor neto contable de los bienes de la concesión a efectos de una nueva licitación es el mismo, es decir, no varía, las garantías para la recuperación previstas en la licitación general serían menores a las del contrato de concesión”.
En definitiva, un desfase económico por el que Enagás pide una aclaración y advierte que si “llegado el caso, las garantías del contrato de concesión estuvieran en discusión, evidentemente reclamaríamos por las vías oportunas”. No obstante, “tampoco queremos establecer con la Administración peruana un mal diálogo”, aclaró Llardén y reiteró que mantienen abiertos todos los canales de comunicación con Perú.
Ya en una reciente entrevista con el diario ALnavío, el embajador de Perú en España, José Antonio García Belaúnde, afirmó que la relación con Enagás es “muy fluida” y que Llardén y Kuczynski se han reunido. “No hay problema”, zanjó el embajador.
