(EFE).- El Gobierno de Chile reconoció este jueves que «está abierto a todas las hipótesis» sobre el secuestro de un militar retirado de nacionalidad venezolana en Santiago y confirmó que ha mantenido «contactos» con las autoridades venezolanas.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó en rueda de prensa que los contactos han sido tanto «a nivel diplomático», a través del embajador chileno en Caracas, como «a nivel policial desde la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) con la policía venezolana».
Pese a reconocer que por el momento no se descarta ninguna hipótesis, incluida una operación de la contrainteligencia venezolana, Monsalve pidió cautela y aseguró que se han llegado a «conclusiones muy prematuras por parte de distintos actores».
«Aquí hay muchas hipótesis. La hipótesis que importa es la que finalmente valide el Ministerio Público y el fiscal a cargo de la investigación», subrayó el subsecretario tras participar en una reunión virtual con el presidente chileno, Gabriel Boric, y los ministros de Interior, Relaciones Exteriores y Justicia.
Según información difundida por la prensa local, la víctima es el exmilitar Ronald Ojeda Moreno, quien habría sido secuestrado la madrugada del miércoles en su casa de Santiago por un grupo de sujetos que se habrían hecho pasar por policías chilenos.
El caso del militar
El exmilitar vivía desde hace tiempo en Chile y la prensa local asegura que lo hacía en calidad de refugiado político, una información que no ha sido confirmada por el Gobierno chileno.
El nombre de Ojeda figura en el listado difundido a finales de enero por el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, que incluye a 33 militares degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «implicados en conspiraciones» contra el Gobierno venezolano, que incluían el asesinato del presidente Nicolás Maduro.
El Ejecutivo chileno, que pidió levantar una alerta a la Interpol y reforzar el control fronterizo en el norte, anunció este jueves que se querellará en la causa para, según Monsalve, «dar una señal política de que al Gobierno le interesa que estos casos no queden en la impunidad» y «hacerse parte de las diligencias para esclarecer este tipo de delitos».
