(EFE).- El Gobierno de Venezuela acusó este miércoles a un sector de la oposición de desarrollar una trama junto con Estados Unidos para despojar al país caribeño de activos en el exterior, entre los que señaló Citgo, filial de la petrolera Pdvsa en la nación norteamericana.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, aseguró que la reciente decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro es parte de una «trama fraudulenta, antijurídica (y) criminal» para «apropiarse, ilegítimamente, del patrimonio de los venezolanos».
La funcionaria hace referencia a la licencia general número 42, emitida el lunes, que autoriza al Parlamento del período 2016-2021, formado por una amplia mayoría opositora y relevado en 2021 por un Legislativo mayoritariamente chavista, a efectuar «ciertas transacciones» en relación con «cualquier deuda del Gobierno de Venezuela», Pdvsa o «cualquier entidad» en la que la estatal posea «una participación del 50 % o más».
La decisión también permite la «negociación de acuerdos de conciliación» con personas designadas por este Legislativo, considerado por EE.UU. como la última institución elegida democráticamente en Venezuela.
Delcy Rodríguez: “No vamos a reconocer ningún acuerdo con acreedores donde no esté válidamente dirigido por el estado venezolano” #CITGO @teleSURtv pic.twitter.com/6vUnveTbZ0
— Leonel Retamal Muñoz (@LeonelTeleSUR) May 3, 2023
El caso de Citgo
A juicio de Rodríguez, esta decisión «sin precedentes» permite a los opositores «negociar Citgo, los bonos de la República, los bonos de Pdvsa o cualquier tipo de acreencia que tenga Venezuela».
Esta trama, aseguró, fue iniciada en 2017 por el Parlamento de ese momento, «al servicio de poderes extranjeros», que hizo ese año un «entramado con el Gobierno» del entonces presidente estadounidense Donald Trump que «supondría la validación de esta apropiación ilegítima».
En 2018, prosiguió la funcionaria, una corte de Delaware (EE.UU.) «autoriza la incautación» de Citgo «para cumplir con supuestos pagos pendientes del Gobierno nacional a una empresa canadiense, Crystallex» y, durante los siguientes años, «se fueron sumando presuntos acreedores contra Venezuela».
Además, señaló que Juan Guaidó, que asumió la presidencia de ese Legislativo en 2019, nombró una «junta directiva ad hoc» de Citgo y un procurador «falso», a fin de «iniciar procesos internacionales» que ya llevaba Venezuela «en defensa de los activos» en el exterior.
Asimismo, la vicepresidenta acusó a la exdiputada Dinorah Figuera, exiliada en España y actual líder de ese grupo de exparlamentarios opositores de 2015, de reunirse en marzo «con el Departamento de Estado» para tramar «lo que ocurriría».
La llamada revolución bolivariana, agregó, ejercerá todas las acciones para defender los «intereses y derechos» del patrimonio del país caribeño, y no reconocerá «ningún tipo de negociación» ni «ningún tipo de acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté válidamente dirigido por el Estado venezolano».
