Antonio José Chinchetru (ALN).- La respuesta enviada por Carles Puigdemont al primer requerimiento del Gobierno de España no aclara si el pasado 10 de octubre proclamó o no la independencia. Sin embargo, en un punto sí es claro, cuando pide a Mariano Rajoy que se ponga punto final a las actuaciones de los tribunales que están en marcha. Se trata de una llamada a romper la independencia judicial propia del Estado de derecho.
La carta enviada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en respuesta a su requerimiento sobre si proclamó o no la república catalana no contesta a esa pregunta. Plantea, eso sí, al final de su texto dos peticiones. La primera de ella es que “se revierta” lo que Puigdemont llama “represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña”. Pone como ejemplo la citación como imputados ante la Audiencia Nacional de “dos de los líderes de la sociedad civil catalana”.
Puigdemont se refiere a los presidentes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y Ómnium Cultural, Jordi Coixart, así como el mayor de los Mossos d’ Esquadra (policía autonómica), Josep Lluís Trapero. Los primeros están imputados por su papel en el acoso a miembros de la Guardia Civil y una secretaria judicial, a los que rodearon durante 23 horas sin dejarles salir de unas instalaciones que estaban registrando, en unos hechos donde además se destrozaron dos vehículos del citado cuerpo de seguridad. A Trapero se le investiga por no impedir esos hechos y por si las instrucciones que dio a sus agentes de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre iban en contra de las órdenes impartidas por los tribunales.
Francesc de Carreras: “Si Puigdemont no sabe que en un proceso judicial el juez es totalmente independiente es que no sabe qué es un Estado de derecho”
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene claro que el presidente catalán le ha propuesto al jefe del Gobierno de España que actúe contra la independencia judicial. El jurista ha dicho a ALnavío: “El señor Puigdemont está pidiendo que Mariano Rajoy presione a los jueces o les dé indicaciones para que no siga el proceso contra tres personas imputadas. O es desconocimiento de cómo funciona el Estado de derecho o bien es que el señor Puigdemont no cree en el Estado de derecho y, como un autócrata, piensa que desde el Ejecutivo se pueden dar órdenes al Judicial. Esa es la clave, es un párrafo revelador de la mentalidad de Puigdemont”.
De Carreras ha añadido: “Es una petición de ruptura del Estado de derecho a la que Rajoy no puede hacer caso. No está en su mano, porque es un proceso judicial. Si Puigdemont no sabe que en un proceso judicial el juez es totalmente independiente y no está sometido a cualquier otra jerarquía, es que no sabe qué es un Estado de derecho”. En su opinión, esto permite vislumbrar el tipo de régimen que el presidente independentista podría poner en marcha en caso de lograr la ruptura con España: “Claramente da pistas del tipo de república catalana que querría instaurar Puigdemont. No sólo esto, sino que las actuaciones nacionalistas en las últimas semanas, meses y años han ido en este sentido. Ignoran en la práctica lo que es un Estado de derecho, porque yo creo que no creen en él”.
Asociación Profesional de la Magistratura: “Cualquier petición dirigida a frenar las causas judiciales abiertas está destinada al más absoluto fracaso”
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es la mayor organización civil de jueces de España, una cuarta parte de los cuales están afiliados a ella. Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la APM y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, ha hablado con ALnavío sobre el contenido de la misiva de Puigdemont. Tras decir que “desde el ámbito judicial, la respuesta no merece ninguna reflexión especial puesto que ha de ser valorada por el Gobierno”, ha añadido: “Con independencia del contenido de esta respuesta facilitada por el Gobierno de la Generalitat, los procedimientos incoados contra todas aquellas personas que de un modo u otro han participado en este cúmulo de hechos de contradicción con el orden constitucional seguirán su trámite normal y su curso de acuerdo con la Ley”.
El portavoz de la APM ha dicho también: “Hemos repetido hasta la saciedad que ninguna injerencia o presión sería de recibo para los miembros del Poder Judicial y, por lo tanto, ninguna influencia puede tener el sentido de estos acontecimientos de última hora en el curso de las resoluciones judiciales y de las causas que se están tramitando contra todas las personas implicadas en los hechos con el llamado ‘proceso’”.
Rodríguez Padrón se ha mostrado seguro de que no se va a poner coto a la independencia de los jueces: “Cualquier petición dirigida a frenar o poner fin a las causas judiciales que están abiertas está destinada al más absoluto fracaso. El Poder Judicial no puede atender ese tipo de sugerencias o peticiones”. Y ha añadido: “Las causas seguirán su curso normal de acuerdo con las leyes de enjuiciamiento y con todas las garantías del orden constitucional. De manera que no admitimos que se pida cualquier tipo de negociación en torno a lo que equivocadamente, falsamente, las autoridades de Cataluña puedan llamar ‘represión judicial’ de las conductas sucedidas en esa comunidad autónoma”.
