Antonio José Chinchetru (ALN).- De cumplirse la legalidad recogida en el Reglamento del Parlamento de Cataluña, Carles Puigdemont tiene muy complicado ser elegido presidente autonómico. Uno de sus principales problemas es que no puede contar con el voto favorable ni de los exconsejeros fugados con él a Bélgica ni con el suyo propio. Sin embargo, el independentismo podría recurrir a una triquiñuela que rozaría el esperpento. Una o varias oportunas hospitalizaciones podrían facilitarle las cosas.
Carles Puigdemont se encuentra ante un doble problema para ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña estando en Bélgica. Su voluntad de participar en el debate de investidura mediante videoconferencia (‘por Skype’, según la expresión que se ha popularizado) es de una dudosa legalidad. Aunque la Mesa de la Cámara autonómica lo aceptara, los tribunales podrían declararlo ilegal y anular el resultado de la investidura. A eso se suma una casi imposible aritmética parlamentaria, por ser ocho los diputados independentistas que se encuentran fugados o en prisión. Sin embargo, los separatistas podrían forzar el Reglamento y recurrir a trucos que rozan el esperpento para lograr su objetivo.
El debate de investidura del presidente de la Generalitat está regulado por el artículo 146 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. En él se establece que “el candidato presenta, sin límite de tiempo, el programa de gobierno y solicita la confianza del Pleno”. Desde Junts per Catalunya, marca electoral y parlamentaria del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) de Puigdemont, se defiende que no especifica que el aspirante al cargo tenga que estar presente en el hemiciclo. Esto permitiría, según ellos, la participación mediante videoconferencia si la Mesa lo considera correcto.
Incluso desde el segundo mayor partido independentista ponen en duda la legalidad de la investidura por videoconferencia
Sin embargo, el artículo 83 (donde se regula el funcionamiento de los debates en su conjunto) elimina esta posibilidad. En su punto 3 establece: “El orador puede hablar desde la tribuna o desde el escaño”. Incluso desde el segundo mayor partido independentista ponen en duda la legalidad de la investidura por videoconferencia (Ver más: Cataluña | Se derrumba la presidencia virtual de Carles Puigdemont). Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) exige un aval en forma de informe jurídico de los letrados de la Cámara para apoyar este mecanismo.
Para sortear este problema, Puigdemont podría hacer una triquiñuela forzando el Reglamento. El punto 1 del citado artículo 83 establece que, previa comunicación al presidente del Parlamento, “cualquier diputado con derecho a hablar puede ser sustituido por otra persona de su mismo grupo”. Así, el político fugado en Bruselas podría tratar de delegar en otro miembro de Junts per Catalunya la función de presentar el programa de Gobierno y solicitar la confianza del Pleno.
Una hospitalización a tiempo
En el caso de que consiguiera presentar su programa (bien mediante videoconferencia, bien a través de otro diputado que hablara en su nombre), Puigdemont se enfrentaría a un problema añadido. Las matemáticas no juegan a su favor. El bloque independentista formado por PDeCAT, ERC y la ultraizquierdista Candidatura de Unidad Popular (CUP) cuenta con 70 diputados electos en la Cámara. Pero ocho de ellos no pueden acudir a votar, son el propio candidato y cuatro exconsejeros (exministros regionales) fugados de la Justicia en Bélgica y los tres diputados (dos de ellos, exconsejeros) en prisión provisional. Ni la condición de prófugos ni la estancia en prisión son motivos contemplados en el Reglamento para poder delegar el voto o ejercerlo de forma telemática (que es contemplado como una de las opciones de delegación del sufragio).
De esta manera, y siempre que los fugados no renuncien a su acta de diputados, los 70 parlamentarios independentistas se convertirían en 62, frente a 57 constitucionalistas (36 de Ciudadanos, 17 de PSC-PSOE y cuatro de Partido Popular) y los ocho de Catalunya en Comú-Podem (la coalición de Podemos). El bloque que en principio votaría en contra de un candidato separatista sumaría 65 escaños, tres más que el independentismo. En el caso de que el juez concediera un permiso especial a los tres diputados encarcelados para poder acudir a la Cámara, se produciría un empate.
La única vía que tendría Puigdemont para ser nombrado es que todos o alguno de los fugados cumplieran uno de los supuestos en los que el artículo 93 del Reglamento permite delegar el voto. Uno de ellos es una baja por paternidad o maternidad, algo a estas alturas imposible. Otros son “hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas”. Nada impide que uno o todos los fugados sufran una intoxicación o tengan un pequeño accidente que les haga estar hospitalizados durante unos días.
Alguno de los fugados podría sufrir una intoxicación o tener un pequeño accidente que le haga estar hospitalizado
Si el juez permite que los encarcelados acudan a votar, bastaría con que uno de los prófugos fuera hospitalizado y se le permitiera delegar el voto. El independentismo lograría con este truco una mayoría simple de 66 frente a 65, suficiente para investir a Puigdemont en una segunda votación (en la primera se requiere mayoría absoluta de la Cámara, fijada en 68). Si los tribunales niegan los permisos penitenciarios, los hospitalizados tendrían que ser al menos cuatro.
Imposible reforma del Reglamento
Sin recurrir a este tipo de trucos o forzar el Reglamento, Puigdemont no tiene opciones de ser elegido a no ser que tanto él como sus compañeros de fuga se arriesguen a ser detenidos al llegar a España para acudir al Parlamento autonómico. No tienen posibilidad alguna de reformar de forma legal la norma que regula el funcionamiento del Legislativo catalán. Esta tarea corresponde, según señala el artículo 60, a la Comisión del Reglamento, que “tiene la condición de comisión legislativa”.
Según marca el artículo 59 del Reglamento, las comisiones legislativas deben constituirse después de que haya sido elegido el presidente de la Generalitat. De esta manera, es imposible que la encargada de reformar el Reglamento pueda formarse y funcionar antes de que Puigdemont se enfrente, si es que puede hacerlo, a la sesión de investidura.
