Antonio José Chinchetru (ALN).- Las empresas buscan estabilidad frente a la incertidumbre generada por el secesionismo catalán y se han convertido en el más poderoso adversario contra el reto independentista. La marcha de grandes compañías a otros puntos de España no ha hecho más que empezar.
En los últimos días ha comenzado una fuga de compañías de referencia en Cataluña que ha tenido su máxima expresión con el traslado de la sede social del Banco Sabadell a Alicante, en la vecina Comunidad Valenciana, y una marcha de CaixaBank a las Islas Baleares que ya se da por segura. El poder económico manda un mensaje claro al Gobierno de la Generalitat y sus aliados políticos. No apoyan un aventurismo político que puede poner en peligro su negocio.
La estampida de empresas que buscan una mayor estabilidad tendrá consecuencias nefastas para las cuentas públicas de Cataluña y de los ayuntamientos. Aunque el Impuesto de Sociedades se paga a la Hacienda del Estado, existen otros tributos que se abonan a las regiones y a los municipios. Además, las comunidades autónomas reciben el 50% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que pagan las empresas que facturan en la región al tener su sede allí.
“Cataluña se ha convertido en un erial bancario, tan sólo queda alguna pequeña caja de ahorros que mantiene su sede en la región”
La salida de Sabadell y CaixaBank dejaría a la comunidad autónoma sin entidades financieras de importancia. Banco Mediolanum también ha decidido este viernes el cambio de su sede a Valencia, donde ya tenía unas oficinas alquiladas. Fuentes empresariales han dicho que “Cataluña se ha convertido en un erial bancario, tan sólo queda alguna pequeña caja de ahorros que mantiene su sede aquí”. En el resto de los sectores está ocurriendo un proceso similar. Se multiplica la lista de grandes empresas cuyos planes de traslado están filtrándose a los medios de comunicación. Además, el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto las cosas más fáciles a quien quiera seguir ese camino con un decreto que exime a la dirección de las compañías de pedir permiso a la junta de accionistas para poder trasladar su sede.
Multinacionales y agroalimentarias
Entre las empresas cuya marcha se da por hecho en los medios y los mercados figura el grupo Gas Natural Fenosa, cuyas compañías acaparan cuatro puestos del listado de las 10 mayores empresas con sede en Cataluña por facturación. Lo mismo ocurre con Volkswagen Group España. Su filial SEAT es la firma con mayor volumen de negocio de Cataluña, mientras que Volkswagen Group Distribución es la quinta. Igualmente con la filial española de supermercados LIDL (sexto puesto). Otra firma de referencia cuya marcha se da por hecho es la aseguradora Catalana Occidente.
Fuentes del mercado han dicho a ALnavío que “es mucho más rápido decir qué empresas se van a quedar, porque se van a marchar casi todas”. Aun así, han dado nombres concretos de algunas compañías cuya marcha está casi asegurada. Es el caso de los grupos propietarios de las dos marcas de cava catalán más conocidas: Freixenet y Codorníu.
El presidente de Freixenet, Josep Lluís Bonet, ha dicho este viernes en Radio Nacional de España que si el Parlamento de Cataluña aprueba una declaración unilateral de independencia él propondrá al consejo de administración del grupo el traslado de la sede social a otro lugar de España. Por su parte, el grupo Codorníu Raventós emitió el jueves por la noche un comunicado, recogido por la agencia EFE, donde afirma que la crisis política “afecta directamente a todos los empleados, clientes proveedores y colaboradores de Codorníu que trabajan repartidos por toda la geografía española”. La nota rechaza los rumores de vinculación con el independentismo y afirma que la empresa es “catalana y también española”.
Las fuentes consultadas por este diario dan por hecho que va a participar en la fuga la totalidad de multinacionales cuyas filiales españolas tienen sede en Cataluña (como las ya citadas Volkswagen y LIDL), así como las empresas de importancia en el sector agroalimentario. Han citado el caso concreto de Guissona. Este grupo originario de la provincia catalana de Lérida ya ha comenzado el traslado de buena parte del negocio a la vecina comunidad autónoma de Aragón. En febrero de este año anunció una inversión de 400 millones de euros (468,4 millones de dólares) para construir un gran complejo industrial y logístico en la provincia de Zaragoza, donde generará 4.000 empleos.
El referéndum ilegal del 1 de octubre y la posibilidad de que el Parlamento de Cataluña apruebe, en un Pleno cuya convocatoria ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, una declaración unilateral de independencia han acelerado un proceso que comenzó hace ya varios años. Entre 2012 y el primer semestre de 2017, el número de empresas que abandonaron la región para instalarse en otros lugares de España supera en 1.691 al de las que hicieron el recorrido inverso.
Los grandes despachos de abogados hacen frente a una enorme carga de trabajo para realizar los trámites del traslado de la sede social de muchas empresas
Uno de los casos más conocidos es el de Naturhouse, grupo de alimentación y dietética presente en más de 20 países. La compañía anunció este verano que trasladaba su sede social de Barcelona a Madrid. Lo hacía, en palabras de su presidente, Félix Revuelta, “por razones estratégicas y también de sentido común”. Otro ejemplo destacado, en febrero de 2016, fue el de la química Solvay, cuya facturación en el ejercicio anterior había sido de 240 millones de euros (286 millones de dólares). Esta misma semana se ha dado el mismo caso con dos empresas cotizadas en Bolsa, la ‘teleco’ Eurona y la biotecnológica Oryzon Genomics.
No sólo las grandes empresas se están fugando. En el fenómeno participan sobre todo pequeñas y medianas compañías. Desde la asociación Empresaris de Catalunya han confirmado a ALnavío que en este segmento también ha aumentado el ritmo de traslados. Aunque no han podido precisar cifras concretas, sí han dicho que algunos de los despachos de abogados más importantes de España les han confirmado que están haciendo frente a una gran carga de trabajo para realizar los trámites del traslado de la sede social de muchas empresas.
