Daniel Gómez (ALN).- Puigdemont lleva casi dos años ocupando el cargo de presidente de la Generalitat y ya acumula 17 advertencias de la máxima Corte española por el proceso independentista. Siete se han producido en este último mes y, de éstas, a seis no ha hecho caso. Si finalmente declara la independencia de manera unilateral podría ser juzgado por delitos de sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia.
Desde que Carles Puigdemont es presidente de Cataluña, en enero de 2016, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado contra el gobierno catalán 17 veces. Pero nunca tanto como en este último mes, cuando ha emitido hasta siete requerimientos. El último fue la prohibición del pleno del Parlamento de Cataluña que se celebrará hoy lunes y en el que podría declarar la independencia unilateral. Una independencia que el Govern avala con los resultados del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el propio Constitucional el 7 de septiembre.
Casi un mes de desobediencia por parte del grupo que lidera Puigdemont, que ha llevado a toda una autoridad política en España como Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno español de 1982 a 1991, a afirmar que “en Cataluña llevan años desarrollando un movimiento prefascista”, como aseguró en una entrevista con Onda Cero.
Sobre el golpe también se refirió el escritor Mario Vargas Llosa en la marcha contra la independencia celebrada este domingo en Barcelona: “Se necesita mucho más que una conjura golpista para destruir lo que han construido 500 años de historia”.
Y es que desde que Puigdemont accedió a la Presidencia de Cataluña, el 10 de enero de 2016, el Tribunal Constitucional ha emitido 15 autos contra el movimiento independentista que encabeza Puigdemont. Tampoco hay que olvidar que su predecesor, Artur Mas, fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para ocupar cargos públicos y multado por 36.500 euros como responsable de un delito de desobediencia por la consulta del 9-N, declarada inconstitucional como la del 1 de octubre.
A una pena mucho más dura podría enfrentarse Puigdemont si finalmente declara la independencia. Expertos jurídicos consultados por la Cadena Ser indican que podría ser acusado por sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia. Algunos de estos delitos son castigados hasta con 24 años de cárcel.
Casi 30 días de desobediencia
Todo empezó el 7 de septiembre, cuando el Constitucional suspendió la ley del referéndum catalán. Cinco días después anuló la ley de transitoriedad jurídica, que es la norma según la cual transcurriría la legalidad de Cataluña hasta la redacción de una Constitución.
Puigdemont y el grupo que lo respalda en el Parlament no hicieron caso a ninguno de los autos y continuaron con el desafío secesionista. Mientras, el gobierno de Mariano Rajoy, siguiendo las directrices del Constitucional, ordenó a la Guardia Civil la tarea de desarticular el andamiaje construido por la Generalitat para separarse de España. Así acabaron con muchas webs, material propagandístico y con las urnas y las papeletas con las que se iba a celebrar el referéndum ilegal.
Fecha clave fue la del 20 de septiembre. Tras la detención de 14 organizadores de la consulta ilegal y el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de asumir el control total de las cuentas de Cataluña -“se declara la no disponibilidad de créditos en todas las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cataluña del ejercicio 2017”-, la plataforma logística del independentismo quedaba desmantelada.
Aun así, el presidente catalán seguía haciendo oídos sordos. “El Govern ha sido objeto hoy de una agresión coordinada por las fuerzas policiales del Ministerio del Interior. De hoy hasta el día 1 nos hará falta actitud de firmeza y serenidad, de tensión y denuncia de los abusos e ilegalidades del Estado español. Pero el día 1 saldremos de casa con una papeleta y la utilizaremos”, reseñó.
Puigdemont podría ser juzgado por delitos de sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia
Puigdemont seguía insistiendo. Y el Tribunal Constitucional, también. Por eso, el 20 de septiembre publicó el auto con el que anuló los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña que permitieron votar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. Y, para que este se cumpliera, los 12 magistrados de la Corte anunciaron sanciones por primera vez en el proceso contra el independentismo.
“Las multas serán de 12.000 euros y 6.000 euros, respectivamente, con el fin de que cumplan los requerimientos y mandatos contenidos en las providencias dictadas los pasados días 7 y 12 de septiembre y suspendan el referéndum”, detalló el auto. Además, añadía que la finalidad de las ordenanzas “no es la de sancionar, sino la de obligar al cumplimento de sus resoluciones”.
Las sanciones estaban destinadas en su mayoría a la Sindicatura Electoral, un órgano creado el 7 de septiembre para gestionar el referéndum ilegal y que se disolvió el 22 de septiembre para librarse de los castigos.
A partir de entonces, y a sólo 10 días para el referéndum, Puigdemont, con el apoyo de otras plataformas sociales, diseñó el nuevo aparato logístico para celebrar la consulta. Fueron días en los que las fuerzas de seguridad del Estado estuvieron muy activas incautando papeletas, urnas, y cerrando colegios electorales. Días en los que el Tribunal Constitucional no se pronunció.
Y finalmente, llegó el 1 de octubre, el día de la consulta. Muchos ciudadanos acudieron a los colegios motivados por el derecho a decidir aun a sabiendas de que la consulta no tenía garantías democráticas y estaba prohibida por el Constitucional. Sin embargo, eso no importó a Puigdemont, quien aseguró a medios internacionales como la cadena británica BBC y el diario alemán Bild que la ruptura con España se proclamará “en los próximos días”.
La fecha que se avista para la posible proclamación es este lunes, pues el Parlamento catalán convocó un pleno para debatir los resultados del referéndum ilegal del 1 octubre. Y de ahí el último requerimiento del Constitucional, el pasado jueves. “El Tribunal ha decidido suspender la convocatoria del Pleno de la Cámara autonómica, previsto para el día 9 de octubre” porque asegura que “concurre la urgencia excepcional a la que se refiere el citado precepto, toda vez que la ejecución del acuerdo impugnado produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que haría perder su finalidad al recurso de amparo”. En caso de celebrarse, sería el séptimo desacato de Puigdemont.
A todo esto hay que sumarle dos advertencias hechas por la máxima Corte española el pasado 13 de septiembre. Una fue a la Sindicatura Electoral y otra, a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, quien recurrió la decisión del Constitucional, pero fue rechazada. Así se llega al total de siete en menos de 30 días.
Siete autos del Constitucional en menos de un mes
El resto de requerimientos al Gobierno de Puigdemont
