(EFE).- La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) registró un aumento de 148 % en los casos de tortura entre enero y diciembre de 2021; recoge su informe anual presentado este miércoles.
«En el derecho a la integridad personal se logró registrar, durante 2021, 241 presuntas víctimas de tortura a nivel nacional. Eso significa un aumento importante de 148 % con respecto al año anterior»; explicó la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González.
Agregó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) fue el organismo de seguridad «más denunciado» por estos casos.
Los recintos donde más denuncias hubo de casos de tortura
Asimismo, indicó que en 2021 la organización registró 441 personas víctimas de tratos crueles; inhumanos y degradantes.
«Los recintos donde hay más denuncias es en la sede del CICPC en El Hatillo y la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Boleíta»; ambos ubicados en el estado Miranda, cercano a Caracas, señaló.
González sostuvo que estas denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes han venido aumentando; «pese al seguimiento que están haciendo los organismos de monitoreo internacional. Y pese, sobre todo, al inicio de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI)».
«Si bien en algunos indicadores podemos encontrar mejorías, como por ejemplo el caso de las ejecuciones extrajudiciales, en general la situación del sistema de justicia nos parece mostrar que no hay una voluntad genuina (para) que las políticas de seguridad y actuación policial estén enmarcadas en el respeto a los derechos humanos en el país», apostilló.
Las ejecuciones extrajudiciales
Sobre las ejecuciones extrajudiciales, la ONG documentó que los cuerpos policiales y militares produjeron la muerte de unas 1.414 personas. Lo que representa una variación de 46,6 % con respecto a 2020 cuando la ONG contabilizó registró 3.034 víctimas.
El coordinar general de Provea, Rafael Uzcátegui, añadió que en 2021 documentaron 711 situaciones de violación al derecho a la libertad personal y 19 detenciones en el contexto de protestas, lo que implica otra «disminución importantísima» en comparación a 2020.
A su juicio, el Gobierno quiere «simular buen comportamiento» para tener elementos favorables con los que puedan «reforzar una narrativa», pero insiste en que esto es insuficiente, a pesar de que está beneficiando a personas concretas.
«No es sustentable si no hay modificaciones estructurales en la política de administración de justicia, en la actuación de los cuerpos policiales», subrayó.
