Ernesto J. Tovar (ALN).- Jueces, congresistas, fiscales, expresidentes y una Primera Dama, dirigentes deportivos, ministros. La lista de personalidades presuntamente involucradas en actos de corrupción en Perú crece cada día, dejando un rastro de escándalos ante la opinión pública, que asiste con estupor a la revelación de redes de lavado de activos y tráfico de influencias hasta para entradas de fútbol.
La corrupción es percibida por los peruanos como el principal problema del país. Más de 90% de los ciudadanos opinan que la situación ha empeorado. Y este resultado se explica cuando se considera que prácticamente a diario se acusa a alguna autoridad o personaje de la vida pública de estar envuelto en comportamientos cuando menos cuestionables y merecedores de investigaciones judiciales.
Hace más de una semana se conoció que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, fue detenido a pedido de la fiscal Rocío Sánchez por estar presuntamente envuelto en la trama delictiva “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la misma que ocasionó la caída de las cabezas del Poder Judicial peruano al revelarse que los jueces de la provincia de El Callao negociaban sentencias y favores judiciales (Vea también: Un escándalo de corrupción arrasa con las cabezas del Poder Judicial peruano).
El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, fue detenido a pedido de la fiscal Rocío Sánchez por estar presuntamente envuelto en la trama delictiva “Los Cuellos Blancos del Puerto”
Según la fiscal, Oviedo se dedicó a traficar influencias y favores para proteger su cargo y extender beneficios para el exjuez César Hinostroza, sindicado de encabezar la organización y quien esta semana supo que España le negó el pedido de asilo, tras escapar de Lima a Madrid hace un par de meses.
El acusado, de acuerdo con el expediente del Ministerio Público, pagó más de 5.000 dólares en tickets de los juegos de Perú en el Mundial de fútbol de Rusia, que serían para beneficio de Hinostroza.
El directivo del fútbol peruano ya enfrenta otro proceso penal por un presunto homicidio ocurrido en 2015, por el cual podría permanecer detenido dos años en prisión preventiva por esta causa, conocida como “Los Wachiturros de Tumán”.
De confirmarse su detención, se prevé que la FIFA envíe una comisión normalizadora.
El papel del máximo dirigente del fútbol peruano también estaría relacionado con algunos miembros del fujimorista partido Fuerza Popular, según la investigación fiscal que aún está en curso.
Y justamente el fujimorismo se aboca a un nuevo enfrentamiento con el presidente Martín Vizcarra, quien cuestionó que el Congreso, dominado por Fuerza Popular, aprobara un proyecto de ley que beneficiaría a los partidos políticos que se hayan financiado de forma ilegal con recursos provenientes de actividades ilegales.
“No podemos dejar de hacer pública nuestra preocupación por la reciente aprobación en el Congreso de un proyecto de ley que incorpora el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal que reduciría las penas a aquellos que vienen siendo investigados por el delito de lavado de activos”, dijo Vizcarra en una Conferencia sobre Integridad de la Contraloría General de Perú.
Este encontronazo se produjo cuando estaba por realizarse el referendo consultivo propuesto por el Presidente peruano, en el que se plantó a los ciudadanos si deben llevarse adelante reformas como la reorganización del órgano rector de la Magistratura, la regulación del financiamiento de partidos políticos, la prohibición a la reelección de parlamentarios, y el retorno a la bicameralidad en el Congreso. Como se sabe, el referendo fue todo un éxito para Vizcarra.
Y los resultados del referendo podrían ayudar a Vizcarra, quien bordea los 57 puntos de aprobación en las encuestas, a asentarse definitivamente con su agenda política y en detrimento de Fuerza Popular, que vive sus peores momentos con la lideresa, Keiko Fujimori, encarcelada de forma preventiva por el caso Odebrecht (Vea también: El fujimorismo toca fondo con la prisión de Keiko por presunto lavado de activos).
Asilo y otros escapes
Uno de los expresidentes peruanos investigados, Alan García, debió abandonar la embajada de Uruguay en Lima, una vez que Montevideo anunció que no le otorgaban el asilo que había solicitado alegando una supuesta persecución política, disfrazada de investigación judicial, por parte del Ejecutivo de Vizcarra.
El exmandatario, quien estuvo un par de semanas en la embajada charrúa, manifestó en un tuit que “para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria”. Sin embargo, unas pocas horas después ingresó a la embajada uruguaya para buscar asilo infructuosamente.
Las 1.000 páginas que decidieron el futuro de Alan García
Uruguay, a través del presidente Tabaré Vázquez, dijo enfáticamente que el expresidente peruano es objeto de una investigación económica y administrativa, y que en Perú hay “independencia de poderes”. Ante esto a Alan García no le quedó más que salir de la sede diplomática y volver a su domicilio, una vez que fue invitado diplomáticamente a salir de la embajada.
Posteriormente a García le fue retenido su pasaporte mientras se retractaba de sus propias acusaciones sobre la ausencia de Estado de derecho en Perú.
Las encuestas muestran que Alan García, junto con Keiko Fujimori, son considerados como los personajes públicos más corruptos en Perú.
Cabe recordar que Alan García es parte del grupo que conforman los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, y Alejandro Toledo, todos investigados en distintas causas sobre corrupción y tráfico de influencias con la constructora brasileña Odebrecht.
Según Jorge Barata, el exhombre fuerte de Odebrecht en Perú, la empresa entregó de forma ilegal más de cinco millones de dólares a los candidatos presidenciales: 200.000 dólares para Alan García, 600.000 dólares para Alejandro Toledo, tres millones de dólares para Ollanta Humala y 300.000 dólares para la campaña de Kuczynski. En cuanto a Keiko Fujimori, habría recibido de Odebrecht la cantidad de 1,3 millones de dólares.
Esta crisis se refleja en la valoración que sufren las instituciones en las encuestas. El Congreso, el Poder Judicial y los partidos políticos no superan el 10% de aprobación.
