Daniel Gómez (ALN).- Defender “la soberanía económica” y evitar “un daño al país”. Esos son algunos de los argumentos usados por el Banco Central de Bolivia para devolver al Fondo Monetario Internacional un préstamo de 346 millones de dólares. El dinero fue solicitado por el gobierno de transición de Jeanine Áñez en condiciones “onerosas y desventajosas para el Estado”. De ahí que anuncie “acciones administrativas y penales” contra los responsables.
En abril de 2020, el gobierno interino de Jeanine Áñez solicitó un préstamo de 346 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar la crisis del coronavirus.
Un año y medio después ese crédito le ha costado al país 24,3 millones de dólares. 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses.
Así lo detalló este miércoles Edwin Rojas, presidente del Banco Central de Bolivia, para justificar la devolución del préstamo.
“Efectuado el análisis técnico legal, consultado al Ministerio de Economía que representa al Tesoro General de la Nación, lo que se determina es que el Banco Central ha establecido realizar todas las acciones administrativas y legales a fin de realizar la devolución de dicho crédito y evitar mayor daño económico al país, procediendo a la devolución de dichos recursos”, apuntó.
El funcionario aseguró que el crédito fue “gestionado irregularmente por el gobierno de facto”. Que las condiciones eran “onerosas y desventajosas para el Estado”. Y que “imponía condiciones de orden fiscal, cambiario y financiero que vulneraban la soberanía y el interés económico boliviano”.
Aunque no aportó detalles concretos de por qué las condiciones no favorecían a Bolivia, aseguró que la devolución del préstamo fue “en defensa de la soberanía económica del país”.
Pero las acciones del Banco Central no se quedan ahí.
Rojas aseguró que la administración “realizará las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan en contra de todos los servidores y exservidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del mencionado financiamiento con el FMI”.
Rojas, además, citó dos nombres: el exministro de Economía José Luis Parada, y el entonces presidente del Banco Central, Guillermo Aponte, quienes solicitaron el préstamo en mayo.
La polémica con el FMI
Desde que el Ejecutivo de Áñez entabló relaciones con el FMI se encendió la polémica. El expresidente Evo Morales había roto toda relación con Washington desde hace 14 años. A esto se suma el paradero del dinero, que nunca quedó claro.
Cuando el equipo de Áñez remitió una ley para aprobar el crédito en el Parlamento, este lo rechazó.
El portavoz del FMI, Gerry Rice, preguntado en junio por la negativa de la Asamblea Legislativa de Bolivia al préstamo, dijo:
“Estamos tratando de apoyar los esfuerzos de Bolivia para combatir la pandemia. Lo estamos haciendo a través de nuestro instrumento de financiación rápida. Sin condicionalidad adjunta a eso de nuevo, como mencioné anteriormente. Las autoridades bolivianas están actuando para fortalecer la capacidad del país para mejorar el sistema de salud para enfrentar la crisis y han adoptado rápidamente medidas de gasto social para apoyar a las empresas y hogares afectados, particularmente a las personas más vulnerables. Entonces, nuestra asistencia de emergencia tiene como objetivo apoyar ese esfuerzo y fortalecer el gasto requerido en medidas médicas y de socorro, ese es el objetivo. Las autoridades bolivianas han publicado los detalles completos del préstamo. Están disponibles en el informe del personal que se emitió el 29 de mayo. Entonces, puedes leerlo todo si estás interesado. Está en línea en IMF.org y todo es transparente”.
Qué prometieron los funcionarios de Áñez
Si se sigue la referencia de Gerry Rice, se puede leer que los 327 millones de dólares se asumieron en el marco del financiamiento rápido para enfrentar la pandemia. “Esta asistencia ayudará a Bolivia a respaldar los gastos médicos que se requieren con urgencia y las medidas de socorro para preservar el gasto en protección social”, apunta un comunicado de abril.
También se puede leer una carta de Aponte y Parada, los funcionarios del Banco Central, dirigida a Kristalina Georgieva, directora del FMI.
La misiva pretendía la concesión de los 327 millones y decía así: “Esta asistencia del FMI ayudará a satisfacer la balanza de pagos urgente y las necesidades fiscales asociadas con el aumento de la salud y necesidades de gasto, un empeoramiento de nuestros términos de intercambio y una incapacidad para financiarnos en los mercados. En este sentido, nos comprometemos a cumplir con las mejores prácticas en la obtención y adjudicación de contratos relacionados con la pandemia (incluida la publicación periódica de documentación sobre contratos de adquisiciones en el sitio web del gobierno, junto con la validación ex post de la entrega y con el nombre de las empresas adjudicatarias y el nombre de sus beneficiarios reales), así como publicar un informe de auditoría externa independiente sobre los gastos relacionados con el virus una vez que haya pasado la crisis”.
Estos compromisos que señalaron Aponte y Parada son los que han estado echando en falta los dirigentes del Movimiento Al Socialismo antes incluso de que Luis Arce asumiera como presidente. Y es que en septiembre la presidenta del Parlamento, Eva Copa, ya le reclamaba a Áñez el destino del dinero del FMI.
“No puede ser que los bolivianos paguemos intereses de un crédito que no sabemos dónde ha ido. Está en nuestro país, pero no sabemos en qué lo están gastando”, dijo Copa, que ya por entonces inició los trámites para fiscalizar las acciones del gobierno de Áñez.
