Pedro Benítez (ALN).- Las desgracias de los venezolanos parecen no tener fin. Ante la indiferencia absoluta de su Gobierno, y en otra muestra de improvisación, la Administración de Joe Biden ha cambiado de un plumazo su política hacia la inmigración venezolana.
Hace menos de un mes (20 de septiembre) el presidente norteamericano afirmó que “no es racional” deportar a migrantes en la frontera de Estados Unidos y México “a naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua”. Esa fue su respuesta a las críticas formuladas por los gobernadores republicanos de Texas y Florida que, como se sabe, se ha caracterizado por un doble discurso hacia el tema venezolano.
Como se recordará, el gobernador de Florida Ron DeSantis envió dos aviones con migrantes (en su mayoría venezolanos) desde su estado a Martha’s Vineyard, un famoso lugar de veraneo en Massachusetts. Y Greg Abbot de Texas ha estado enviando autobuses, también en su mayoría de inmigrantes venezolanos, a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Con ello el tema de la migración venezolana que ingresa por el Río Grande se puso en la primera plana de las noticias de ese país. Abbot ha dicho que: “solo Texas y Arizona eran los que soportaban la peor parte de todo el caos y los problemas que conlleva (…) Ahora, el resto de Estados Unidos puede entender exactamente lo que está pasando”. Mientras, los demás líderes del Partido Republicano (incluyendo los citados gobernadores) acusan a Biden de debilidad ante las tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Con la evidente intención de agitar el miedo en el electorado estadounidense el expresidente Donald Trump le agregó leña a la hoguera de la polémica al afirmar, en un mitin, que Nicolás Maduro habría liberado a “convictos viciosos” de la cárceles venezolanas a fin de enviarlos a “envenenar” a Estados Unidos.
El polémico título 42 que ahora usa Biden
Pues bien, con la encuestas en la mano y faltando tres semanas para elecciones del Congreso (de eso se trata todo esto) el presidente Biden ha cedido a la presión. Como se divulgó el día de ayer el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos devolverá a México a todos los venezolanos que sean interceptados al atravesar la frontera sur, incluyendo, por supuesto, a los que en estos momentos están cruzando el Tapón del Darién y que no tienen ni idea de este drástico cambio. Para ello se aplicará el polémico el Título 42, una normativa de salud pública impuesta al inicio de la pandemia por la Administración Trump que los demócratas, por esos días en la oposición, tanto criticaron.
En compensación se ofrece un programa migratorio para los venezolanos que permitiría el ingreso a 24 mil (no indica en qué periodo de tiempo) con la posibilidad de convertirse en inmigrantes legales siempre y cuando estén “calificados” y cuenten con un patrocinador (familiares o empleador) en Estados Unidos.
Un aspecto al respecto del cual el comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional hace insistencia es en el papel que cumplirá México de ahora en adelante en este tema: “acciones conjuntas con México para reducir la cantidad de personas que llegan a nuestro suroeste frontera (…) Estados Unidos no implementará este proceso sin que México mantenga su esfuerzo independiente”, se afirma.
El papel de México
La oferta estrella de la campaña electoral de Trump en 2016 fue la construcción de un muro (ya existían 1.050 kilómetros de vallas y barreras) en la frontera con México a fin de detener la inmigración ilegal. De la mencionada edificación Trump sólo completó 480 en una frontera de 3.142 kilómetros. También había prometido que México “pagaría ese muro”. Por supuesto, el gobierno mexicano no lo pagó. Pero sí consiguió que México se convirtiera EN el muro.
En junio de 2019 el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aceptó para México el papel de tercer país seguro en la migración hacia Estados Unidos. Es decir, lidiar (como hace Turquía para Europa) con la corriente que quiere ingresar al territorio de su vecino. En términos concretos eso implicó que miles de efectivos de la policía y la Guardia Nacional mexicanas se movilizaron para cerrarle el paso a las caravanas de inmigrantes centroamericanos que se dirigían hacia el norte, pero no en la frontera con Estados Unidos sino con la de Guatemala.
Eso es lo que entre líneas el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense está diciendo. México será el muro de los inmigrantes venezolanos, tal como lo ha sido de los centroamericanos, cubanos y haitianos.
Reproches
Esa fue la política que Biden, cuando era candidato, tanto le reprochó a su antecesor. Prometió revertirla y la consecuencia inmediata una vez que juró su cargo fue que 180 mil personas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador se agolparon a lo largo del Río Grande en la frontera del estado de Texas con México esperando el momento para cruzar legal o ilegalmente. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aseguró haber aprehendido a más de 100 mil indocumentados sólo en el mes de febrero de 2021, cuando en el mes precedente esa cifra fue de 78 mil.
Las modificaciones de los aspectos más restrictivos de la política migratoria de Trump, junto con su promesa de volver a ser de Estados Unidos un país de asilo, convencieron a miles de migrantes centroamericanos que el nuevo gobierno en Washington se disponía a abrir la frontera y recibirlos. Toda esa masa humana venía huyendo de los efectos devastadores de dos huracanes que dejaron a miles de familias en Honduras sin hogar y sin trabajo en noviembre de 2020 y del desplome económico provocado por la pandemia de ese año. Todo eso se combinó para crear una tormenta migratoria.
A lo largo de la campaña presidencial de 2020 los demócratas atacaron constantemente a Trump por su política migratoria de tintes racistas. Pero una vez en la Casa Blanca el tema se le devolvió a Biden como un bumerang.
Biden se negaba a admitir la crisis
Mientras el presidente se negaba a admitir la crisis su coordinadora de asuntos para la frontera sur, Roberta Jacobson, le imploraba a los migrantes para que no se dirigieran a la frontera, mientras ordenaba habilitar un centro de convenciones en Dallas para albergar a más de 2 mil migrantes menores edad.
Eso es lo en condiciones todavía más dramáticas por la distancias ha ocurrido con los venezolanos. Con 7,1 millones de migrantes y refugiados (según la reciente actualización de la ONU) el movimiento migratorio originado en Venezuela es el más grande que en menos tiempo ha ocurrido dentro del continente americano. Por ejemplo, según los datos de la autoridad migratoria colombiana el número de venezolanos residentes en ese país pasó de 48 mil en 2015 a más de 1.7 millones a fines de 2020. En sólo cinco años. Eso no incluye a los venezolanos que emigraron teniendo la nacionalidad colombiana y tampoco a los otros 1.3 millones que usaron el territorio de ese país como paso obligado hacia Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Antes de la pandemia hasta 37 mil personas llegaron a cruzar diariamente el Puente Simón Bolívar desde San Antonio del Táchira hacia Cúcuta.
Si a eso se le suma la posibilidad de ingresar sin mayores trabas legales a la primera economía del mundo, se tiene una crisis humana en la selva del Darién.
Efecto llamada
Es el denominado efecto llamada que un sector político europeo pretende negar, pero que es una realidad. Este es el tipo de problemas que no admiten soluciones sencillas ni inmediatas. En el caso concreto de Estados Unidos parece que cualquier opción es peor que la anterior. La promesa de Biden de suprimir los aspectos más cuestionados de la política migratoria de Donald Trump provocó resultados totalmente distintos a los deseados con decenas de miles de personas arriesgando sus vidas a lo largo de Centroamérica. Ese es el problema de fondo que no se resuelve ni con el absurdo muro de Trump ni con los buenos deseos.
La causa profunda de esa persistente migración es el gigantesco desnivel de ingresos que hay entre Estados Unidos y los países de origen. En el caso concreto de Venezuela los salarios más bajos del continente y unos precios en dólares que muchas veces están al nivel de economías desarrolladas hacen del país una máquina de expulsar a su población. Es la otra Venezuela, la de la diáspora que se mueve por el mundo en busca de trabajo y de una vida mejor que su propio país le niega. Son todos aquellos a los que la “revolución bolivariana” prometió redimir y huyen de una crisis interminable. Una crisis a la que la Administración Biden acaba de cerrar una válvula de escape.
