(EFE).- El exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, quien dimitió de su cargo tras el escándalo de escuchas ilegales desatado en el gabinete de Gustavo Petro, tendrá que volver a enfrentarse a cuatro procesos judiciales después de perder el fuero que le daba la posición diplomática.
La Fiscalía colombiana informó este martes que el que fuera uno de los mayores apoyos de Petro en la campaña electoral tiene cuatro procesos, incluido precisamente por el que se le investiga por una posible financiación con fuentes prohibidas de la campaña del actual presidente.
Además, tiene otro proceso también en etapa de investigación por enriquecimiento ilícito de servidor público y otro por delitos contra mecanismos de participación democrática en el que se le indaga sobre posibles actividades ilícitas tales como la financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares.
El último proceso abierto también en etapa de indagación es por interés indebido en la celebración de contratos, por la presunta desviación de recursos e irregularidades en la contratación en el Fondo financiero de proyectos de Desarrollo (FONADE).
Benedetti dejó de ser embajador en Venezuela el pasado domingo, después de que el pasado 2 de junio Petro anunciara su dimisión al estar estrechamente relacionado por el truculento caso en el que también está involucrada la exjefa de gabinete de Petro y su mano derecha, Laura Sarabia.
EL CASO BENEDETTI-SARABIA
Sarabia era la mano derecha de Benedetti cuando fue senador y llegó con él a la campaña presidencial de Petro, siendo ambos dos piezas fundamentales para la victoria del candidato izquierdista.
De hecho el presidente la convirtió en su sombra cuando llegó a la Casa de Nariño y durante diez meses fue la mujer más importante del país.
Sin embargo, en mayo pasado se conoció por la prensa un posible caso de abuso de poder cometido contra su exniñera Marelbys Meza, acusada del robo del maletín con una suma no precisada de dinero de la casa de la alta funcionaria y quien fue llevada al palacio presidencial para ser interrogada.
Días después se supo que se había ordenado la interceptación ilegal de llamadas de Meza y de otra empleada. Además, el pasado 9 de junio se suicidó el teniente coronel Óscar Dávila, que supuestamente tuvo que ver con el interrogatorio ilegal a Meza.
Pero el caso se volvió más oscuro cuando la prensa reveló los audios que Benedetti le envió a Sarabia donde con un tono vulgar y amenazante le pedía un puesto más importante en el gabinete y le amenazaba con revelar secretos que podían enturbiar tanto a ella como a Petro.
En uno de esos audios, Benedetti reclamó a Sarabia mejor trato del Gobierno alegando que él gestionó 15.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares o 3,6 millones de euros) para la campaña de Petro y dijo que si contara quiénes la financiaron en la costa atlántica, «nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos».
La Fiscalía investiga ahora esa posible financiación irregular pero aún no hay acusados ni formulación de cargos.
