(EFE).- La exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez fue arrestada este jueves por el FBI y acusada en un esquema de soborno relacionado con su campaña electoral de 2020, un nuevo caso de corrupción pública que demuestra el arraigo de esta problemática en la isla.
Tras meses de rumores, los puertorriqueños se despertaron con la noticia de la detención en su residencia de San Juan de la que fuera gobernadora entre 2019 y 2021 y secretaria de Justicia entre 2017 y 2019, que quedó después en libertad bajo fianza.
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Vázquez enfrenta cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico en servicios honestos, en un caso en el que también están acusados el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini, que se encuentran en Reino Unido y España, respectivamente.
UNA PENA MÁXIMA DE 20 AÑOS DE CÁRCEL
El fiscal federal para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, explicó en rueda de prensa que la exgobernadora, Herrera y Rossini podrían ser condenados, de ser declarados culpables, a una pena máxima de 20 años en prisión.
Herrera, con doble nacionalidad venezolana e italiana, era propietario del banco Bancredito International Bank, que operaba en San Juan, mientras que el exagente Rossini brindó servicios de consultoría al banquero.
Según la acusación formal, Herrera y Rossini supuestamente pagaron más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez a cambio de que ella despidiera al comisionado de la agencia reguladora de instituciones financieras OCIF, que investigaba su banco.
Se alega que Vázquez aceptó la oferta de soborno y, en febrero de 2020, tomó medidas oficiales para exigir la renuncia del comisionado y nombrar en el cargo a un exconsultor del banco internacional propiedad de Herrera.
«La corrupción pública no es un crimen sin víctimas. La víctima es el pueblo. Por eso, el arresto de hoy no es motivo de celebración. Es lamentable tener que pararnos aquí una vez más por la conducta ilegal de oficiales públicos», dijo en la rueda de prensa Joseph González, director del FBI en Puerto Rico.
Un consultor político de la exgobernadora y el presidente del Bancredito International Bank ya se declararon culpables de participar en el esquema de soborno.
VÁZQUEZ SE DECLARA INOCENTE
A su salida del tribunal federal en San Juan y después de que la magistrada federal Camille Vélez-Rivé le impusiera una fianza de 50.000 dólares, Vázquez afirmó que es «inocente» y que no ha cometido «ningún delito ni ninguna irregularidad».
«Me reitero a mi pueblo y a todos ustedes, que soy inocente. Han cometido una gran injusticia. Mis abogados trabajarán con eso, porque como entenderán, no puedo hablar sobre los hechos», dijo a la prensa.
Vázquez se convirtió en gobernadora en 2019 por una carambola política, ya que luego de la renuncia de su predecesor Ricardo Roselló tras multitudinarias protestas populares el puesto de secretario de Estado —el natural reemplazo— estaba vacante.
Esto se debió a que Pedro Pierluisi había jurado días antes como gobernador, pero el Tribunal Supremo declaró ilegal esta juramentación al haber sido solo aprobada por la Cámara de Representantes y no por la Cámara Alta.
En 2020, sin embargo, Vázquez perdió las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) ante Pierluisi, que tras ganar las elecciones generales de ese año asumió a principios de 2021 como gobernador.
Tras la derrota de Vázquez en las primarias, según el pliego acusatorio, Herrera trató de sobornar a su sucesor, Pierluisi, a cambio de que este terminara la auditoría de OCIF en condiciones favorables su banco.
DUDAS SOBRE EL ACTUAL GOBERNADOR
El fiscal Muldrow explicó que Herrera utilizó intermediarios para transmitir ofertas de soborno a un testigo que se presentaba como representante de Pierluisi, pero que en realidad actuaba bajo la dirección del FBI.
No obstante, el fiscal adelantó que «esta acusación no alega que el gobernador actual estaba envuelto en este caso» ni que cometiera actos ilícitos.
Tras conocerse el arresto de Vázquez, Pierluisi aseguró que continuará trabajando mano a mano con las autoridades federales para combatir la corrupción política en la isla, que calificó de «mal social».
El gobernador dijo en un comunicado que «nadie está por encima de la ley en Puerto Rico» y que bajo su Administración hay «cero tolerancia contra la corrupción».
Un gran número de alcaldes, exalcaldes y altos funcionarios han sido detenidos y acusados de corrupción y de aceptar sobornos en el último año en Puerto Rico, tanto del PNP como del opositor Partido Popular Democrático (PPD).
Pese a los casos en su partido, el presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago, denunció que «por seis años, y tres gobernadores distintos, el PNP le ha fallado a la confianza del pueblo».
También se dirigió a Pierluisi, asegurando en sus declaraciones escritas que «en el pliego acusatorio se describen actos que hacen necesario que el gobernador conteste muchos interrogantes».
