Daniel Gómez (ALN).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) juzga los crímenes de guerra de los guerrilleros de las FARC, pero también de los militares. Esto último no le gusta al expresidente Álvaro Uribe. Quiere garantías para la Fuerza Armada y carga contra la JEP porque “consagró impunidad total a atrocidades como el secuestro y violación de menores”. De ahí que su partido, Centro Democrático, se movilice en el Congreso para derogar un tribunal que en su opinión no funciona. A esto se suma que el presidente, Iván Duque, hijo político de Uribe, pretende recortar los fondos de la JEP. De ahí la reacción de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
En Colombia el uribismo lanzó una nueva cruzada contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Primero fue el expresidente Álvaro Uribe pidiendo la derogación del tribunal transicional. Luego la intención del gobierno de Iván Duque de no financiar al organismo en 2021. Y por último la iniciativa parlamentaria del partido Centro Democrático de cumplir la petición de Uribe y eliminar la JEP.
Por todo lo anterior, Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos humanos de la ONU, salió en defensa del tribunal de paz de Colombia pidiendo al gobierno de Duque que garantice su financiación y su independencia.
“Están cumpliendo un papel fundamental y único para garantizar la participación de las víctimas y la realización de sus derechos a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Insto a las autoridades estatales a que apoyen y cooperen incondicionalmente con el sistema de justicia transicional, y garanticen la plena independencia de sus mecanismos, incluida la autonomía financiera y la capacidad de operar en un entorno seguro y protegido”, dijo la alta comisionada.
Las críticas de Uribe a la JEP
La JEP, conocida como el tribunal de paz, es la columna vertebral del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC. Un pacto que puso fin a 50 años de conflicto armado que ha causado la muerte de más de 260.000 personas.
La JEP, que opera de forma independiente de los poderes del Estado, establece un sistema de rendición de cuentas para las víctimas, pues busca esclarecer los crímenes más graves y representativos del conflicto. Crímenes cometidos por los guerrilleros, pero también por los militares que enfrentaron a las FARC.
Este último es uno de los puntos que más molesta al uribismo. De hecho, fue el propio expresidente conservador Álvaro Uribe quien -en su primera intervención pública tras quedar en libertad- pidió un referéndum para, entre otras cosas, eliminar la JEP y conceder garantías judiciales a las Fuerzas Armadas.
“Pensemos en un referendo que disminuya el Congreso y la burocracia, adopte una norma vértice para la cúpula de la justicia, garantice ingreso solidario a los más pobres, y confirme el decomiso de la droga sin criminalizar al consumidor. Que derogue la JEP y confiera garantías a los integrantes de las Fuerzas Armadas, también a los desmovilizados de buena fe”, dijo Uribe.
El expresidente asegura haber “meditado mucho” sobre estas palabras, y en especial sobre el tribunal de paz en Colombia.
“Ese conjunto normativo vinculado a la JEP consagró impunidad total a atrocidades como el secuestro y violación de menores. La verdad se ha convertido en una premeditación para negar o editar los hechos de acuerdo con el interés político”, aseguró.
Duque no financiará a la JEP en 2021
Las palabras de Álvaro Uribe pronto movilizaron a su partido, Centro Democrático. Primero fue el presidente, Iván Duque, hijo político de Uribe, el que este lunes asestó a la JEP “uno de los golpes más duros desde su creación”, dijeron medios colombianos como El Tiempo y El Cronista.
El golpe no es otro que no incluir los siete millones de dólares solicitados por la JEP en los presupuestos de 2021. Un dinero que en su mayoría va “para la debida atención y protección de víctimas, testigos y personas que prestan testimonio”, señaló la Jurisdicción Especial para la Paz en un comunicado. Y es que 5,2 millones de dólares estaban presupuestados para protección de testigos, algunos amenazados de muerte.
El gobierno de Duque, a través del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sostiene “que no hay ningún trato discriminatorio contra la JEP” y que “no pueden asignar recursos que no tienen”. Lo curioso es que los presupuestos de 2021 son los más altos de la última década en Colombia, con inversiones centradas en salud, deporte y cultura para contrarrestar el coronavirus.
Cabe recordar que en 2019 el gobierno de Duque intentó recortar 30% la financiación de la JEP, pero la presión de la comunidad internacional lo impidió.
¿Derogar la JEP?
El otro golpe al tribunal de paz ocurrió este jueves por la vía parlamentaria. La senadora Milla Romero -la mujer que ocupó el escaño de Uribe cuando este renunció en agosto- llevó al Congreso un plan para derogar la JEP.
“Las víctimas están siendo atendidas por el Estado. Los recursos que la JEP dijo que iba a destinar para atención a víctimas no los han cumplido. Por eso, si se deroga la JEP, las víctimas quedarían tal y como están ahora porque no les han cumplido. No ha habido un solo fallo por parte de la JEP”, apuntó Romero.
Cabe recordar que la última intentona del Centro Democrático de reformar el tribunal de paz fracasó. De hecho, fue el propio Duque quien trató de reformar los mecanismos de la JEP para convertirlo en un órgano más cercano a la justicia ordinaria. Una amplia mayoría del Congreso, no obstante, lo rechazó.
