Redacción (ALN).-Según el último informe que presentó la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) Michelle Bachelet, y que abarcó el período comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, en Venezuela siguen las detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas y tratos crueles e inhumanos.
ACNUDH documentó al menos seis casos que involucraron a las fuerzas de seguridad del Estado en barrios marginados en la capital Caracas y El Tocuyo, Carora, estado Lara, que terminaron con la muerte de ciudadanos. En al menos tres casos, el fallecido habría sufrido presuntamente torturas o malos tratos antes de su muerte.
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El informe de la oficina de Bachelet indicó que estas operaciones se habrían realizado en grupos de seis elementos de seguridad fuertemente armados, en las cuales personas residentes, incluidos los familiares de las personas afectadas y menores, habrían sido intimidadas y no se presentaron órdenes de allanamientos o arrestos.
Asimismo, dos de las muertes documentadas por el ACNUDH son atribuibles a miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y una de las muertes se atribuiría al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) de la Guardia Nacional GNB, otra a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), una conjuntamente a la Dirección contra la Delincuencia Organizada y las FAES, y otra a la policía municipal de Sucre, en el estado Miranda. Según ACNUDH, se abrieron investigaciones sobre estos casos.
De igual modo, la oficina documentó la detención arbitraria de al menos 13 personas, incluidas 2 mujeres, entre el 9 y el 13 de julio de 2021 en Caracas, y entre agosto y septiembre de 2021 en Apure y Táchira durante operaciones de cuerpos de seguridad del Estado.
De igual forma, documentaron denuncias de detenciones donde las personas fueron incomunicadas, ya que los familiares no recibieron información sobre su paradero durante aproximadamente un mes. En al menos tres de estos casos, los detenidos fueron presuntamente torturados o maltratados.
En enero 2022 los enfrentamientos entre ELN, FARC y FANB en Apure, causaron el desplazamiento de más de 1.000 personas, incluidos pueblos indígenas, y expusieron a la población local a desapariciones forzadas, violencia basada en género y reclutamientos forzados, reseña la Coalición DDHH en una nota de prensa.
