Daniel Gómez (ALN).- La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, fue clara en decir que las sanciones agravan la crisis humanitaria y que deberían levantarse. Pero también en pedir a los países sancionados transparencia y respeto a los derechos humanos. Sobre Venezuela puntualizó que la crisis sanitaria existe desde antes de las sanciones.
En tiempos de pandemia, apuntó Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, “las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”.
Estas medidas, apuntó Bachelet, son las sanciones impuestas contra Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Myanmar, Irán y Zimbabue.
“Es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, habida cuenta de la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio”, dijo la alta comisionada. Y añadió: “En este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países”.
Bachelet afirmó que los países sancionados tienen sistemas sanitarios en situación de debilidad. Se refirió a Venezuela.
“Algunos hospitales experimentan cortes regulares de agua y electricidad, así como carencia de medicamentos, equipos, jabón y desinfectante. Aunque esta situación ya existía antes de las sanciones, la atenuación de estas permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia”.
Bachelet fue clara en puntualizar que la crisis sanitaria no es culpa de las sanciones, sino que viene de antes. Al igual que precisó que los países sancionados también tienen que colaborar si quieren ayuda.
“Los países sancionados deberían proporcionar información transparente, aceptar las ofertas de asistencia humanitaria y dar prioridad a las necesidades y los derechos de los sectores más vulnerables de la población. Además, deberían aprobar medidas que ofrezcan a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin interferencias”, apuntó.
En este sentido dijo que “el progreso en la defensa de los derechos humanos es fundamental para mejorar esos sistemas, pero las medidas que obstaculizan la importación de suministros médicos esenciales -entre otras el exceso de celo de los bancos en el cumplimiento de las sanciones- causarán perjuicios duraderos a las comunidades más vulnerables. La población de esos países no es responsable en modo alguno de las políticas que han motivado las sanciones y, en diverso grado, ya han tenido que vivir en condiciones muy adversas durante largos periodos”.
