Daniel Gómez (ALN).- Fatou Bensouda, fiscal general de la Corte Penal Internacional, pone el foco sobre Nicolás Maduro. “Hay un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad”. La Haya espera tomar una decisión en la primera mitad de 2021, mientras que Human Rights Watch advierte que Maduro hará todo lo posible para dilatar el proceso.
Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sabe que puede escapar de este proceso con una negociación política. De lo que nunca podrá librarse es de una decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por su régimen en Venezuela.
Esta última investigación, en fase preliminar, avanza lento, pero a paso firme, aunque como advirtió Human Rights Watch (HRW), Maduro hará todo lo posible para librarse de ella.
“Dado que el Poder Judicial de Venezuela es un apéndice del Ejecutivo, la Fiscalía debe estar alerta ante los esfuerzos del régimen por atosigarlos con información sobre supuestas investigaciones que no buscan más que dilatar la decisión de la Fiscalía”, apuntó este lunes el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Horas antes de la declaración de Vivanco, desde La Haya la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, se pronunció acerca de las investigaciones sobre Venezuela.
“La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021”, apuntó Bensouda.
La fiscal aclaró que había centrado su análisis en “alegaciones relacionadas al tratamiento de personas en detención, respecto del que tenía a disposición información suficientemente detallada y confiable”, pero “sin perjuicio de otros crímenes que la Fiscalía pueda determinar en una etapa posterior”.
La mala noticia para Maduro es que todo apunta a que sí existen razones para afirmar que su régimen cometió crímenes de lesa humanidad.
“Hay un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad”, afirmó Bensouda.
Los crímenes de Maduro y el régimen
En el informe anual de la Fiscalía publicado este lunes, se recopilan todos los crímenes por los que señalan a Maduro y sus funcionarios:
– Encarcelación u otra privación grave de la libertad física.
– Tortura.
– Violación y/u otras formas de violencia sexual.
– Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.
El informe también precisa cuáles son los organismos militares implicados en estos crímenes:
– La Policía Nacional Bolivariana (PNB).
– El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
– La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
– Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
– El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
– La Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
– El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).
– Ciertas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
El gobierno de Maduro tampoco se libra de las acusaciones de La Haya. “Existe información disponible que indica que partidarios del gobierno participaron en la represión de opositores o individuos percibidos como tales, con la participación o aquiescencia de las fuerzas de seguridad”.
La impunidad en Venezuela
Pese a todo, desde HRW insisten en que Maduro hará todo lo posible para librarse de estas acusaciones. Investigaciones llevadas a cabo por este organismo desde la época de Hugo Chávez -concretamente desde 2004, cuando el chavismo se hizo con el control del Tribunal Supremo de Justicia– “han demostrado que el Poder Judicial venezolano no ha investigado las evidencias de abusos generalizados y que la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos siguen impunes”.
“En Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad con el conocimiento o la aquiescencia de las más altas autoridades políticas, militares y judiciales”, sentención el director para las Américas de Human Rights Watch.
