(EFE).- Una ola de secuestros provoca miedo entre migrantes varados en la frontera norte de México, donde un informe de la Policía estatal de Chihuahua reveló que en los últimos 3 años liberaron a más de 1.700 indocumentados, que son cerca de un tercio de las víctimas del delito en el país.
El temor ha escalado desde que Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, estado fronterizo con Texas (Estados Unidos), señaló la semana pasada que durante esta ola migratoria histórica han encontrado a esa cantidad de migrantes secuestrados.
Entre las víctimas de rapto está Manuel, quien llegó a la frontera de la mexicana Ciudad Juárez con El Paso estadounidense desde Ecuador y lo retuvieron al entrar a México.
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“A mí me secuestraron 27 días. Tuve que pagar 4.000 dólares para que me suelten en Tapachula (en la frontera sur de México). Y de ahí he venido caminando, trabajando, durmiendo en el monte, en las terminales, comiendo cada dos días y una sola vez al día, es duro esto”, relató.
El ecuatoriano contó que, una vez que capturan a las personas, las familias venden las pocas pertenencias que tienen para pagar el rescate.
También señaló que las restricciones del Gobierno mexicano implica más peligro para quienes migran.
«¿Por qué el Gobierno mexicano nos hace difícil la pasada? Nosotros estamos de pasada, no estamos quitándole el trabajo a nadie, estamos dejando plata a donde llegamos. En Chihuahua nos tuvieron dos días en el tren, nos dejaron botados en el desierto”, comentó el migrante.
Migrantes: blancos del crimen
La situación ocurre en medio del incremento de casi 200 % anual en la migración irregular en el primer trimestre de 2024, cuando el Gobierno de México detectó más de 360.000 migrantes en esta situación.
La asociación civil Alto al Secuestro reportó 772 secuestros de migrantes en 2023, cerca de un tercio del total nacional de víctimas de este crimen, mientras que en marzo registró una cifra “histórica” de 521 secuestrados, de los que más de la mitad fueron indocumentados.
Es «alarmante»
Rosa Mani Arias, coordinadora del Servicio al Migrante de la organización civil Avara, consideró «alarmante» la cifra del secretario de Seguridad Pública Estatal, y lo atribuyó a la falta de políticas amigables con los inmigrantes, quienes cruzan México para evitar los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Es muy preocupante ver a cientos de personas que están siendo vulneradas, privadas de su libertad. Desafortunadamente, el no permitirles llegar de una manera libre a la frontera está impactando”, dijo la activista.
Denunció que el Gobierno mexicano agudiza la vulnerabilidad de este grupo, que ya viene huyendo de la pobreza y la delincuencia en sus países, y los hace blanco fácil de secuestros.
“Hemos visto que las leyes o políticas no van a detener los flujos migratorios, siempre buscan la manera de poder llegar hasta las zonas fronterizas y tristemente vemos este flujo tan vulnerable, y ahora se suma esta situación de estar secuestrados”, agregó.
También advirtió de que es más preocupante el número que se desconoce o la ‘cifra negra’ de aquellos migrantes que han sufrido un secuestro, extorsión o asesinato y por quienes no hay ni una denuncia.
“Puede haber cientos o miles más que están en el anonimato, en el silencio completo, porque no se sabe en qué otras áreas de la ciudad existen estas mismas dinámicas con estas personas privadas de la libertad y tampoco sabemos el paradero final de ellos”, señaló la activista.
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