Redacción (ALN) .- La estrategia de “máxima presión” empleada entre 2018 y 2022 contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela no sirvió a los intereses de Estados Unidos, de acuerdo a lo reseñado por Atlantic Council.
«Las estrictas sanciones petroleras impuestas a Venezuela obligaron a las empresas petroleras occidentales a retirarse del país, beneficiando principalmente a los adversarios», señaló.
Durante la campaña de máxima presión, la producción petrolera venezolana se desvió a China a precios reducidos. Esto mientras Irán suministró el diluyente que Venezuela necesitaba para la producción de petróleo y los inversores rusos se volvieron más críticos en medio de una escasez de inversiones occidentales.
«La transición democrática siguió siendo difícil de alcanzar mientras continuaban la represión y las violaciones de los derechos humanos. Los venezolanos sufrieron, los adversarios de Estados Unidos ampliaron su influencia y Maduro permaneció», acotó el texto publicado por Atlantic Council.
Además, detallan que el sistema actual de emisión de licencias específicas para que los productores petroleros occidentales operen en Venezuela ha dado resultados superiores.
En ese sentido, mencionan algunos de los beneficios de esta política:
«Las exportaciones petroleras venezolanas se han desviado a naciones amigas. El Tesoro ha aumentado la visibilidad de todas las transacciones relacionadas con el petróleo, lo que ha reducido el envío clandestino de petróleo a través de flotas de buques cisterna clandestinos operados por el estamento de defensa chino, Irán o PDVSA», dice el texto.
De igual forma, se indicó que la compensación al gobierno de Maduro se limita a los impuestos y las regalías, que exige la ley venezolana.
«El sistema ha permitido el regreso o la recontratación de ingenieros y técnicos calificados para restablecer la producción de la infraestructura petrolera degradada. La administración entrante de Estados Unidos debería priorizar infligir más daño al gobierno y sus facilitadores que al pueblo venezolano o a los intereses estadounidenses», apuntó la nota de Atlantic Council.
Para ello, resaltó que las sanciones deben estar vinculadas a objetivos claros.
«Una reaplicación no calibrada de la presión máxima cedería influencia a China, Rusia e Irán, y no haría mucho por aflojar el control del poder del gobierno. En cambio, el sistema existente de licencias específicas debería mantenerse y ampliarse. Para castigar a Maduro, la administración debería seguir persiguiendo a las personas que facilitan su gobierno ilegítimo, sumándose a las 180 personas ya sancionadas por el Tesoro», señaló.
Ante esto, se consideró que una política de sanciones específicas –no la máxima presión– «es la única manera de garantizar que las acciones estadounidenses para enfrentar a Maduro tengan el efecto deseado y no favorezcan a Pekín, Moscú o Teherán».
