Leticia Núñez (ALN).- Accionistas minoritarios consideran “una expropiación encubierta” el cese de la filial de Gas Natural en el país latinoamericano. Por ello, según informan desde el bufete Cremades & Calvo Sotelo, se plantean tomar medidas para defenderse “del hostigamiento” del Gobierno colombiano. Más problemas para Colombia. Asociaciones de inversores internacionales y accionistas minoritarios se plantean adoptar medidas legales contra el Gobierno colombiano por la liquidación de Electricaribe, que consideran como “una expropiación encubierta”. Una decisión que tomarían para defenderse del “hostigamiento iniciado” por el Gobierno tras el cese de la filial de Gas Natural Fenosa que ordenó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el pasado 14 de marzo.
Así se informa desde el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, que justamente poco antes de que se anunciara la liquidación de Electricaribe elaboró un informe sobre seguridad jurídica y protección a la inversión en Iberoamérica. El texto, redactado en colaboración con la Federación Internacional de Inversores, la European Federation of Investors Better Finance (BF) y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), situó a Colombia en un nivel de inseguridad para las empresas similar al de Venezuela y Bolivia y alertó del “severo retroceso” experimentado por el país al no haber “puesto en la mesa medidas sobre estabilidad jurídica pese a haberse comprometido”.
Asociaciones de inversores internacionales y accionistas minoritarios consideran ‘una expropiación encubierta’ la liquidación de Electricaribe
Ahora, los directivos de este despacho de abogados han mantenido varias reuniones en Washington en las que han analizado el citado informe con el director ejecutivo alterno del Fondo Monetario Internacional (FMI), Jorge Dajani; el vicepresidente regional para Latinoamérica del Banco Mundial, Jorge Familiar; y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.
Encuentros que han puesto de manifiesto la “preocupación” por la protección a los derechos de los accionistas minoritarios en diferentes países de América Latina y la liquidación de Electricaribe cuatro meses después de ser intervenida y tras un fallido diálogo para alcanzar una solución pactada.
Gas Natural Fenosa reclama a Colombia más de 1.000 millones de euros / Foto: Gas Natural
Por su parte, Gas Natural Fenosa ha solicitado un procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de euros (aproximadamente 1.066 millones de dólares) por el cese de su filial.
Un cese que sacó a relucir los números de un agujero que ya supera los 1.300 millones de euros (aproximadamente 1.396 millones de dólares) en deudas por parte de los clientes. De éstos, más de 200 millones de euros (214 millones de dólares) fueron solo en 2016, tal como informó la multinacional española de acuerdo a las cifras auditadas de la filial. Su déficit con la banca asciende a 1,8 billones de pesos colombianos (alrededor de 601 millones de dólares o 564 millones de euros).
“Especialmente llamativo en un país como Colombia”
Desde Cremades & Calvo Sotelo apuntan que la liquidación de Electricaribe ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de protección a los pequeños y medianos accionistas, ya que “el ahorro de las familias, los fondos de pensiones y los recursos destinados a garantizar los derechos sociales requieren también el amparo de las instituciones”.
Algo que, en su opinión, “es especialmente llamativo en relación con un país de la importancia y trascendencia de Colombia y hace aún más necesario avanzar en muchas de las propuestas que ha formulado la OCDE” para así afianzar la solidez de las instituciones dedicadas a la regulación y supervisión. Todo ello, dicen, “en esta nueva y decisiva etapa histórica para el país” tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC.
Inversores internacionales muestran su ‘preocupación’ por la protección a los derechos de los accionistas minoritarios en Latinoamérica
Asimismo, desde el despacho de abogados señalan que casos como el de Electricaribe evidencian que algunos de los países “más importantes de la región han postergado reformas necesarias para garantizar una mayor autonomía de los organismos sectoriales de regulación y supervisión”.
Este informe se presentó simultáneamente ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), y está siendo analizado “por las más importantes asociaciones internacionales de defensa de los accionistas minoritarios” reunidas en Gante (Bélgica).
