David Placer (ALN).- Un grupo de refugiados venezolanos en Madrid cuenta la situación límite que viven tras la denegación masiva de visas por asilo político y la aprobación automática de permiso de residencia por razones humanitarias. Están felices porque pueden trabajar, pero pierden de inmediato todas las ayudas y tendrán que abandonar sus refugios en pocos días
Cuando el gobierno español le notificó que había obtenido la residencia y la visa de trabajo, Yenny, una venezolana solicitante de asilo en España, estalló en llanto. No estaba segura si eran lágrimas de felicidad o de miedo. Por fin tendría un permiso de trabajo, algo que cualquier inmigrante en España puede tardar años en lograr. Yenny obtuvo el permiso pocos meses después de que el gobierno español concediese a los venezolanos el visado de residencia por razones humanitarias.
Pero, junto a la felicidad, el pánico también la embargó. Con la aprobación de su residencia y permiso de trabajo (un logro incuestionable e histórico para la comunidad venezolana) ya no podía continuar disfrutando de las ayudas que el gobierno de España otorga a los solicitantes de asilo político y protección internacional. Yenny, como solicitante de asilo, pudo lograr una habitación en un refugio para ella y sus dos hijos menores de edad. Ahora, con la residencia aprobada tendrá que abandonar el refugio en dos semanas.
Es la dura transición entre el tutelaje por parte del gobierno español, con techo y comidas incluidas, a la emancipación inmediata. En breve, tendrá que abandonar el lugar donde le dieron refugio. El problema es que el permiso de trabajo no es inmediato. El trámite podría tardar al menos un mes. Y el permiso de trabajo tampoco garantiza el trabajo el un país con un 16% de desempleo.
Una madre con sus hijos se plantea volver a dormir con sus hijos en el parque de El Retiro si no consigue un techo en dos semanas
“Ya me dijeron que el 22 de agosto me tengo que ir. Yo les dije que no tengo nada de dinero, no tengo familiares ni amigos. Estoy sola con mis dos hijos. El primer día que llegué a Madrid dormí en el Parque de El Retiro con los niños. Ahora, en dos semanas puedo terminar otra vez en la calle, en un parque o debajo de un puente”, explica Yenny, una mujer que huyó de Venezuela por las amenazas constantes a su familia, que había participado activamente en las protestas contra el régimen.
Yenny ha sido advertida: tiene que conseguir techo como sea. De lo contrario, los servicios sociales podrían quitarle la custodia de sus hijos. Ahora vive en el Centro de Atención del Refugiado (CAR) en Vallecas (Madrid). Allí recibe ayuda para comprar la tarjeta mensual de transporte y también para sus gastos de limpieza: aseo personal, detergentes y otros insumos.
Pero el 22 de agosto tendrá que buscarse la vida en la calle. En una plaza frente al refugio, Yenny cuenta sus miedos junto con otras dos refugiadas venezolanas: Mirna, profesora y dos hijos menores, y Jenny, desempleada, con hijos y con su marido ingresado en el hospital y en tratamiento de un cáncer que ha terminado con la extirpación de las cuerdas vocales.
Los trabajadores sociales que les atienden han mostrado preocupación por sus casos personales. Están convencidos de que los refugiados venezolanos no serán una carga para el Estado español. En el refugio hay médicos, profesores, profesionales con postgrados y doctorados y trabajadores inscritos en los cursos de integración que les ofrecen de forma gratuita para conseguir trabajo. Por eso, trabajan para buscarles soluciones, pero las normas, los procedimientos y la burocracia no les dan muchas opciones.
De la protección total a la calle en 15 días
Mirna tiene una cita este miércoles en relación con su solicitud de asilo. Teme el mismo destino que ya han tenido otros refugiados de Vallecas, en Madrid: que le den un plazo de 15 días para abandonar el refugio. Y en ese período deberá buscar casa y trabajo. Sin tener contrato fijo, a los refugiados venezolanos les será casi imposible conseguir una habitación y mucho menos un apartamento. Por tener menos de seis meses en España, ninguna ONG se hará cargo de su caso.
“Estamos muy agradecidos de las ayudas y de que nos estén dando los permisos para trabajar. Queremos trabajar, emprender y ser productivos. Lo que pedimos es un período de transición. Nos parece muy brusco que nos echen a la calle de un día para otro, sin tener ingresos ni trabajo”, explica Mirna que emigró a España con sus dos hijos y con mil euros, una cantidad que ya ha gastado.
Jenny, también venezolana y de 42 años, llegó al país porque su esposo necesitaba un tratamiento por el cáncer de garganta. Apenas llegó a España lo operaron de emergencia, pero ha tenido algunas complicaciones. Vendió su casa, en un barrio muy humilde de Valencia, y con el dinero que recibió compró los billetes aéreos de ella y sus dos hijos menores. La venta de su casa no alcanzó para lo pasajes y tuvo que pedir dinero prestado a su hermana.
Los refugiados venezolanos en España sufren la retirada masiva de ayudas
Ahora su única opción es buscar algunas horas de trabajo a destajo: como asistentas de hogar, ayudando a cuidar mayores, limpiando en una casa. Esa es su vía inmediata, una opción insuficiente para conseguir una vivienda.
Las venezolanas refugiadas llevan su drama en silencio. Las oenegés no están al tanto de su situación. Desde el ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social explican que no pueden responder si habrá algún plan de contingencia para las familias más vulnerables. Hace pocos días, una mujer con una bebé de 8 meses tuvo que abandonar el refugio de forma abrupta. Unos familiares, que también son refugiados, lograron alquilar un apartamento para todos, a última hora.
“Todo el mundo está de vacaciones. No tenemos respuesta para eso”, explican desde el Ministerio de Trabajo. El embajador de Guaidó en España, Antonio Ecarri, explicó a ALNavío que ya se ha puesto en contacto con la cancillería para pedir al ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social un plazo más amplio para los venezolanos que deben abandonar los refugios en breve y que se encuentran en situación de emergencia.
Las madres venezolanas refugiadas en Vallecas están felices porque tendrán en breve su residencia, pero cada noche se acuestan con la angustia de saber que en pocos días se quedarán sin techo. No tienen margen de maniobra. Sólo 15 días para conseguir trabajo y casa. Algunas de ellas han decidido no contar a sus hijos la situación en la que se encuentran para no estresarlos. Otras, han optado por comunicárselo, como Mirna. Su hijo de 12 años respondió de forma sorprendente: “Mamá: ¿yo puedo trabajar para ayudarte a pagar un alquiler?”.
