Zenaida Amador (ALN).- Nicolás Maduro suele usar el argumento de las sanciones internacionales en su contra como una vía para justificarse, evadiendo así la responsabilidad de la llamada revolución bolivariana -con lustros en el poder- en la emergencia humanitaria compleja que vive hoy Venezuela. Sin embargo, las sanciones, especialmente las aplicadas por Estados Unidos, han terminado por generar impactos colaterales que recrudecen los efectos de la crisis sobre el venezolano de a pie.
Las muestras más recientes de ello son las decisiones de Adobe de cesar el acceso a software y a sus servicios a usuarios venezolanos a partir del 28 de octubre y de Transferwise de cerrar desde el 21 de octubre las cuentas de los clientes de transferencias internacionales en Venezuela, tras hacer una interpretación de la más reciente orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos en agosto pasado.
Esa orden, en complemento con otras sanciones dictadas por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), termina creando un marco de restricción para las actividades del régimen de Nicolás Maduro, pero dada la amplitud de su alcance abre espacios para que algunas empresas -como las ya mencionadas- traten de ir más allá de lo que se ve de forma explícita en la norma para evitar incumplimientos. De hecho, la orden ejecutiva de Donald Trump deja abierta la interpretación de que cualquiera, incluso sin ser estadounidense, pudiera sufrir consecuencias si participa en alguna operación que Washington pueda calificar de asistencia o patrocinio al régimen de Venezuela.
Aunque en la orden se contemplan excepciones, como las que incluyen operaciones con el gobierno de Venezuela para proveer servicios, software, hardware y tecnología que permita preservar las comunicaciones por internet, entre otras, la amplitud de la restricción es tal que las empresas prefieren protegerse y ampliar la aplicación.
No hay que olvidar que hasta la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional está entredicho a la espera de una interpretación de la OFAC sobre el alcance de sus medidas, que pusieron a la Major League Baseball (MLB) a dudar si sus peloteros afiliados pueden o no jugar en Venezuela.
El temor es ¿cuáles otras empresas se sumarán a estas interpretaciones y qué otras nuevas restricciones afectarán la cotidianidad de los venezolanos?
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Temblores y réplicas
Firmas como Ecoanalítica calculan que cerca de 30% de los hogares venezolanos recibe remesas del exterior. A la par de las remesas, que es una de las vías que permite imprimirle oxígeno a un país con más de 80% de la población en estado de pobreza, hay un segmento de la sociedad que presta servicios profesionales desde Venezuela a empresas en el exterior, por lo que reciben pagos en divisas.
Francisco Rodríguez ha sido uno de los impulsores de implantar un programa de petróleo por alimentos para Venezuela pues, a su juicio, las sanciones han mermado los ingresos de las autoridades, pero “a dos años de su entrada en vigor, Maduro sigue en el poder y su régimen se ha vuelto cada vez más represivo y despiadado”. Las sanciones “lo que logran es hacer más pobres a los venezolanos. Hambrunas no tumban dictadores. Sólo causan pérdida de vidas”.
Estas operaciones se realizan a través de diversas plataformas como Transferwise y PayPal, por lo que su restricción operativa significa un bloqueo los ingresos de los usuarios venezolanos. Aunque PayPal no ha anunciado formalmente un cese de servicio para los venezolanos no es descartable que esto pueda ocurrir.
Por otra parte, en marzo de 2020 vence la licencia dada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a empresas como MasterCard, Visa, American Express y Western Union para operar con entidades financieras públicas venezolanas como Banco de Venezuela, Banco Bicentenario y Banco Central de Venezuela. Este hecho ha generado mucho ruido a lo largo de este año, porque no se tiene plena claridad del alcance global en el sistema que en su momento tendrá esa suspensión.
Entidades como el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) ya no cuentan con el servicio de MasterCard, lo que llevó al régimen de Maduro a tratar de forzar la consolidación de un sistema alterno donde participe la banca privada. En esta línea, ya Banfanb anunció el lanzamiento de sus propias tarjetas de crédito, aunque no se ha explicado cómo serán procesadas en el sistema general.
Informalización
Para 2017, según cálculos de Software Alliance BSA, cerca del 88% del software utilizado en Venezuela era pirata, tendencia que puede haberse profundizado a causa de la crisis económica. Sin embargo, persiste un segmento de usuarios que se inclina por el uso de software con licencia, tanto por la naturaleza de su trabajo como porque operan dentro de empresas que tienen normas rigurosas de control y buenas prácticas.
De allí que la decisión de Adobe termine repercutiendo sobre el sector formal del país y favoreciendo la informalización de la economía. Son precisamente las empresas formales las que más sufren por el impacto de las medidas internacionales, ya que están expuestas a sufrir las consecuencias.
De hecho, sus directivos no pueden exponerse a reuniones con funcionarios de Maduro sancionados o a firmar acuerdos con ellos; tampoco pueden entrar en alianzas con las autoridades, aunque esa sea la vía para facilitarles el acceso a las necesarias materias primas -por ejemplo-; y además están limitados para tomar parte en las operaciones cambiarias que propicia el régimen venezolano. Sin embargo, existe un sector empresarial emergente o informal que florece a la sombra del chavismo y que aprovecha todos esos espacios para su crecimiento aun en medio de la crisis.
Negociaciones y lobby
En el escenario de las conversaciones entre representantes de Maduro y de la oposición venezolana de los últimos meses, el chavismo puso sobre la mesa el levantamiento de las sanciones como una de sus exigencias para poder avanzar en cualquier negociación.
Pero no sólo el régimen venezolano hace énfasis en el tema. El castigo de las sanciones hace mella en las empresas que todavía siguen en pie en Venezuela y por eso la necesaria flexibilización de las sanciones también ha sido un tema planteado en reuniones con el gobierno interino de Juan Guaidó por representantes del sector empresarial formal. Lo han elevado además ante los representantes de Guaidó en Washington, ante la llamada Unidad de Asuntos de Venezuela que Estados Unidos abrió en Bogotá y ante el Grupo de Boston, donde participan parlamentarios de EEUU y de Venezuela (tanto de oposición como del chavismo).
Chevron, por su parte, lleva meses de intenso lobby para lograr que Washington le permita seguir con sus operaciones en Venezuela. El 25 de octubre vence la licencia de operación que le fue otorgada junto a Halliburton Co, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International.
El economista Francisco Rodríguez, a nombre de la llamada Fundación Petróleo por Venezuela, abrió una recolección pública de firmas que avalen su petición al Departamento del Tesoro de EEUU para que les permita a las empresas de software proveer servicios en Venezuela.
Rodríguez ha sido uno de los impulsores de implantar un programa de petróleo por alimentos para Venezuela pues, a su juicio, las sanciones han mermado los ingresos de las autoridades, pero “a dos años de su entrada en vigor, Maduro sigue en el poder y su régimen se ha vuelto cada vez más represivo y despiadado”. Las sanciones “lo que logran es hacer más pobres a los venezolanos. Hambrunas no tumban dictadores. Sólo causan pérdida de vidas”.
