María Rodríguez (ALN).- Adolescentes que cobran 600 euros por vigilar patrulleras, lancheros que se llevan hasta 50.000 euros por transportar droga y jóvenes que descargan alijos en la playa por unos 3.000 euros. Francisco Mena, presidente de la plataforma ‘Por tu seguridad, por la de todos’, creada para encontrar soluciones ante la escalada de la violencia y el narcotráfico en la comarca del Campo de Gibraltar, detalla en el Congreso de los Diputados de España las cifras de un negocio que en el caso del hachís genera en la comarca 350 millones de euros de “dinero sucio”.
En la comarca del Campo de Gibraltar, al sur de España, los narcotraficantes han perdido el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Descargas de alijos de droga a pleno día, ajustes de cuentas entre bandas y agresiones (o intentos) a policías y guardias civiles (estén o no de servicio) y embistes a coches patrulla ya no son una excepción. “Se perdió el principio de autoridad. Llegó la impunidad”. Son palabras de Francisco Mena, presidente de la plataforma Por tu seguridad, por la de todos, creada entre asociaciones antidroga y sindicatos policiales y de trabajadores por la necesidad de dar una solución a la escalada de violencia y narcotráfico que vive la comarca.
Mena, también presidente de la asociación antidroga Alternativas, participó este miércoles en una Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados de España. Viajó del Campo de Gibraltar a Madrid para detallar cómo funciona este lucrativo negocio en la comarca. Como público tenía a los distintos grupos parlamentarios que acabaron por felicitarle tras su clara y reveladora exposición. Juan Antonio Delgado, diputado por Cádiz de Unidos Podemos, guardia civil en servicios especiales y exportavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, fue el impulsor de esta comisión.
Mena exigió recuperar el principio de autoridad y acabar con la impunidad en la comarca
Mena exigió que se tomen medidas ante esta situación. Unas con urgencia, como recuperar el principio de autoridad y acabar con la impunidad destinando los medios policiales y materiales suficientes; también crear un juzgado especializado en narcotráfico y agilizar la nueva ley que prohíba las narcolanchas. A medio plazo pide políticas de empleo y formación, ya que en ciertas barriadas de la comarca el 80% de los jóvenes están en paro y la tentación de infiltrarse en el narcotráfico llega día tras día.
Desde la plataforma también reclaman un tratamiento especial en la zona, para hacerla atractiva y que, desde el punto de vista económico, compense trabajar allí. Cosa que ahora mismo no ocurre ya que en distintos procesos de oposición, las plazas ofertadas en la comarca no se eligen, quedan vacantes, según cito Mena.
Cambio en el modus operandi
Tradicionalmente, el tráfico ilegal en la comarca se producía por la noche y tenía “poco impacto en la ciudadanía”, apuntó Mena. “Esto cambió en 2008, con la crisis”, matizó. Y es que según relató el presidente de la plataforma, una parte de la población ligada a la construcción, y sobre todo en barriadas desestructuradas, vio en el narcotráfico una salida a sus problemas económicos y se empezó a incorporar a este negocio.
Un cambio en el modus operandi de los narcotraficantes hace un par de años potenció el negocio y acentuó la violencia. Según relató Mena, antes, cuando alguien quería dedicarse al narcotráfico creaba una organización y necesitaba un capital inicial para comprar la droga. Ahora, los productores de droga siguen siendo los dueños de la materia prima y lo que buscan son organizaciones que la quieran transportar y a las que pagan por kilo de droga transportado, según detalló Mena. De esta forma, para los que trabajan desde el Campo de Gibraltar no es necesario hacer una inversión inicial, puntualizó Mena.
El narcotráfico en cifras
El presidente de la plataforma detalló las cifras de este negocio tan lucrativo y en el que participan distintos actores. Desde adolescentes que vigilan con un escúter y un teléfono móvil a las patrulleras y que pueden cobrar unos 600 euros y un lanchero arriesgado que por el transporte de 2.000 y 3.000 kilos de droga cobra entre 30.000 y 50.000 euros. Quienes descargan los alijos se llevan en torno a 3.000 euros. Transportarla vale unos 5.000 y 6.000 euros.
A medida que el transportista avanza hacia el norte de Europa, se incrementa el precio del kilo de droga. En el Campo de Gibraltar vale unos 200 euros. En Madrid 400-500 euros. En Francia 700-800 euros. “Va subiendo según el riesgo que corren”, insiste Mena. ¿Por qué? Porque las penas se agravan. “El Código Penal europeo es más duro que el nuestro [español]”, explicó y puso un ejemplo: “Los narcotraficantes se cuidan mucho de que no sean apresados en aguas de Gibraltar ya que la pena es tres veces superior”.
“Los datos más generosos indican que no se incauta más de 20% del hachís que se introduce”, explicó Mena
En 2017 se incautaron 145 toneladas de hachís. En lo que va de 2018 ya son 80 toneladas. A pesar de estas cifras, “los datos más generosos indican que no se incauta más de 20% del hachís que se introduce”, explicó Mena y añadió: “En cifras no oficiales, el negocio del hachís en la comarca genera 350 millones de euros de dinero sucio”. En cuanto a la cocaína, no profundizó en cifras de negocio, pero según datos del Ministerio del Interior, ya se han aprehendido aproximadamente 11.300 kilos, cifra similar a la incautada en el Campo de Gibraltar en todo 2017.
“Los agentes son insuficientes para poder soportar la avalancha que hay”, inquirió Mena. Detalló que la comisaría de policía de Algeciras está al 82% de su plantilla, lo que significa que faltan 108 agentes. En la comisaría de la Línea, al 86%, le faltarían 50 agentes. La Comandancia de la Guardia Civil del Campo de Gibraltar, al 80-85% (150 agentes menos). A Vigilancia Aduanera, le faltan otros 50.
“El narcotráfico no le está echando un pulso al Gobierno, sino al Estado y el Estado somos todos, y no podemos permitir ese pulso. Si lo perdemos, nos lo echarán en otros lugares”, concluyó Mena.
Todos los grupos parlamentarios coincidieron en la gravedad del problema y en que es necesario trabajar juntos y coordinados.
Desde Unidos Podemos, se destacó el problema policial (de falta de efectivos) “generado por un problema de emergencia social”. Ciudadanos apoyó la creación de una fiscalía especial para acelerar los procedimientos contra los narcos e instó a aumentar de forma urgente los efectivos. El PSOE subrayó que se trata de un tema de Estado, propuso que se instale en la región una unidad de intervención policial con carácter permanente, un juzgado antidroga y una fiscalía antiblanqueo.
Desde el Partido Popular están de acuerdo en desarrollar un plan integral pero advirtieron que hay que ser “prudentes con el discurso”, en el sentido de no insistir en que faltan policías, porque “todos los días del año faltan”, y se puede lanzar un mensaje contraproducente.
