Pedro Benítez (ALN).- La tragedia en la cual 38 inmigrantes (colombianos, ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y venezolanos) fallecieron en medio de un incendio ocurrido en un centro de retención del Instituto Nacional de Migración, que depende del gobierno federal de México, no fue casualidad, es consecuencia de una política de Estado; disuadir a los inmigrantes que pretendan usar ese país para llegar a los Estados Unidos. De hecho, el comentario oficial, bastante cínico, por cierto, de la Administración Biden ante el suceso es revelador: “Esta tragedia es un recordatorio desgarrador de los riesgos que enfrentan los migrantes y refugiados en todo el mundo”.
La declaración inicial del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de minimizar el suceso responsabilizando a las víctimas responde a la misma lógica.
Desde que llegó a la Presidencia de México en diciembre de 2018, AMLO ha puesto en práctica aquello que el político e intelectual venezolano Teodoro Petkoff denominó como “el arte mexicano de hacer política”. O para ser más rigurosos, en realidad el arte priista de hacer política. Aquel estilo de los sucesivos gobiernos emanados del otrora único partido, el PRI, en el cual su retórica en política exterior no tenía nada que ver con su política puertas adentro pero que, al mismo tiempo, le permitía mantener una distancia de dignidad ante su todopoderoso e incómodo vecino del norte.
¿Represión en Nicaragua? Silencio oficial
Hace pocas semanas López Obrador honró al presidente Cuba Miguel Díaz-Canel con la más alta condecoración que otorga la república mexicana; ha sostenido un contencioso público con el gobierno peruano de Lina Boluarte, y no dudó en apoyar el intento de autogolpe de Pedro Castillo en ese país; ha guardado silencio ante la represión desatada en Nicaragua alegando el derecho a la autodeterminación que precisamente Daniel Ortega le niega a su pueblo; se ha dedicado a insultar en sus ruedas de prensa mañaneras a periodistas e intelectuales mexicanos críticos de su gestión (en el país donde más periodistas son asesinados por el narco); no ha dudado en vilipendiar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Lucía Piña (primera mujer en ocupar ese cargo), e intenta someter a sus designios al Instituto Federal Electoral (ente autónomo); todo ante la indiferencia del gobierno de Estados Unidos que por mucho menos alzaría su voz si se tratara de otro país.
López Obrador y su buena relación con Trump
Pero con López Obrador el trato es muy distinto porque él ha hecho lo que ningún otro de los gobernantes mexicanos que le precedieron se hubiera atrevido hacer. Para sorpresa de propios y extraños tuvo una extraordinaria sintonía personal con el ex presidente Donald Trump, quien, como se recordará, hizo campaña durante dos años insultando a los mexicanos. En julio de 2020 lo visitó en la Casa Blanca, justo cuando la campaña electoral norteamericana tomaba calor. En México no faltó quien viera eso como un innecesario gesto favorable al magnate/presidente cuando las encuestas no lo favorecían.
Pero en ese primer encuentro acordaron una relación extremadamente pragmática. El izquierdista y antiimperialista AMLO le aceptó a su nuevo amigo todo lo que le pidió ante la comprensión de la prensa europea y latinoamericana. Trump quería que ratificara la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y lo hizo. Además, se dio su tiempo para felicitar la elección de Joe Biden como nuevo presidente durante aquellas semanas de noviembre de 2020 a enero de 2021 en la cuales Trump aseguraba que le habían robado la elección. Varios de los más furibundos acólitos trumpistas, entre ellos dos dirigentes de Tea Party y una presentadora de Fox News, no desaprovecharon el momento para congratularse con la posición del presidente mexicano.
Pero de todos los temas, hay uno que, por razones electorales, era muy importante tanto para Trump como para la mayoría de los políticos en Washington: la migración. Un asunto en el cual republicanos y demócratas son incapaces de ponerse de acuerdo en una política común, pero en el que López Obrador ha resultado ser, sorprendentemente, un aliado para ellos.
López Obrador hace de México EL muro
Trump no construyó el famoso muro en la frontera que prometió, pero en cambio AMLO hizo de México EL muro. Para el momento de aquel encuentro, López Obrador había aceptado para México el papel de tercer país seguro en la migración hacia Estados Unidos. Es decir, lidiar como hace Turquía para la Unión Europea con la corriente que quiere ingresar al territorio de su vecino. La diferencia entre uno y otro caso es que mientras los europeos pagan los gastos en los que incurre el gobierno turco por esa operación, el mexicano lo hace de su propio presupuesto.
En términos concretos esto implicó que miles de efectivos de la policía y la Guardia Nacional mexicanas se movilizaron para cerrarle el paso a las caravanas de inmigrantes centroamericanos, cubanos y haitianos que se dirigían hacia el norte, pero no en la frontera con Estados Unidos sino con la de Guatemala, bien lejos de los pasos hacia Texas y California.
Sólo la representante demócrata al Congreso en Washington por el distrito de El Paso, al sur de Texas, Verónica Escobar, recriminó públicamente la colaboración de López Obrador con Trump en la violación de los derechos de los migrantes y de los solicitantes de asilo.
López obrador abre la válvula humana
Mientras tanto, el entonces candidato presidencial demócrata Joe Biden prometía suprimir los aspectos más cuestionados de la política migratoria de Trump, principalmente el polémico el Título 42, una normativa de salud pública impuesta al inicio de la pandemia por la administración republicana.
Entre diciembre y enero de 2020 para 2021, mientras Estados Unidos estaba metido en una crisis institucional, AMLO abrió la válvula humana. En el momento que Biden juraba como nuevo presidente organizaciones no gubernamentales estimaron que 180 mil personas procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba y Haití se habían agolpado, en las últimas semanas, a lo largo del Río Grande en la frontera del estado de Texas con México esperando el momento para cruzar legal o ilegalmente hacia el norte. Al mes siguiente la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aseguró haber aprehendido a más de 100 mil personas sin papeles en esa parte del país. En enero la cifra fue de 78 mil.
Eso incluía a varios miles de menores de edad no acompañados que una vez del lado estadounidense no podían ser deportados por una disposición legal, que luego Biden modificó.
Biden repite la política de Trump
Miles de migrantes centroamericanos creían que el nuevo gobierno en Washington se disponía a abrir la frontera y recibirlos. A eso había que sumar los efectos devastadores de dos huracanes que dejaron a miles de familias en Honduras sin hogar y sin trabajo, más el desplome económico provocado por la pandemia. Esa fue la primera crisis de la administración Biden.
Tanto él como su coordinadora de asuntos para la frontera sur, Roberta Jacobson, le imploraron a los migrantes que no se dirigieran a la frontera, mientras ordenaban habilitar un centro de convenciones en Dallas para albergar a más de 2 mil menores edad. Y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, recurrió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a fin de sacar a los niños de la custodia de la Patrulla Fronteriza hacia refugios más adecuados.
Para salir del atolladero Biden aceptó aplicar la misma política de Trump (incluido el Título 42) y recurrió a López Obrador, que como se podrá apreciar tiene un enorme poder de coacción sobre la Casa Blanca.
Durante los siguientes meses sólo a los venezolanos se les permitía ingresar sin mayores inconvenientes al territorio estadounidense porque sus autoridades federales los consideran perseguidos políticos, hasta que ellos también empezaron a estorbar.
Traspaso del problema
Faltando tres semanas para las elecciones del Congreso de noviembre pasado (y con las encuestas en la mano) el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que devolvería a México a todos los venezolanos que fueran interceptados al atravesar la frontera. En el comunicado de prensa correspondiente se afirmaba que en: “acciones conjuntas con México para reducir la cantidad de personas que llegan a nuestro suroeste frontera (…) Estados Unidos no implementará este proceso sin que México mantenga su esfuerzo independiente…”
Es decir, las autoridades federales estadounidenses le pasaban el problema a su vecino. En compensación se le ofreció a los venezolanos un programa migratorio que permitiría el ingreso a 24 mil (no indica en qué periodo de tiempo) con la posibilidad de convertirlos en inmigrantes legales.
Así es como miles de esos venezolanos se han unido a otros miles de inmigrantes latinoamericanos que esperan cruzar hacia la tierra prometida. El puente internacional Paso del Norte, que une Ciudad Juárez con la ciudad estadounidense de El Paso es el centro neurálgico de toda esa presión humana. Por eso no ha sido casualidad que la tragedia que le ha costado la vida a 38 seres humanos haya ocurrido muy cerca de allí.
«Recoger» a los migrantes
La semana pasada el presidente municipal (alcalde) de la localidad, Cruz Pérez Cuéllar, del mismo partido López Obrador, ordenó “recoger” a todos los inmigrantes que se encontraran deambulando por las calles y semáforos de Ciudad Juárez luego del intento frustrado por parte de un grupo de venezolanos de ingresar desde allí hacia El Paso, lo que les fue impedido por las autoridades estadounidenses.
Es en ese contexto de hostilidad hacia los migrantes donde ocurre ese suceso. Ninguna de las víctimas estaba privada de su libertad por haber cometido un delito en México. Han sido víctimas de los gobiernos de sus propios países, para empezar, pero también de la demagogia y el doble discurso que impera en las relaciones internacionales.
Es posible que esta tragedia humana sea tapada en las próximas horas por otra noticia internacional, pero cosas así seguirán ocurriendo porque como tuiteó el viejo dirigente de la izquierda mexicana, y ex aliado de AMLO, Porfirio Muñoz Ledo “…no es un accidente fortuito si no crimen de Estado”.
