Zenaida Amador(ALN).- Desde el 13 de marzo, cuando en Venezuela se decretó el estado de alarma nacional por la aparición de Covid-19 en el territorio, Nicolás Maduro no ha escatimado en sus prácticas represivas y en sus violaciones a la libertad de expresión. La “furia bolivariana” va en escalada, sin importar si se trata de líderes políticos, médicos o periodistas. Para eso el régimen tiene en las calles a sus fuerzas especiales de seguridad a cargo de la represión.
La ONG Foro Penal afirma que desde el 13 de marzo y hasta el 1 de abril registró 23 detenciones por motivos políticos. Sólo en el caso del equipo de trabajo del presidente interino, Juan Guaidó, ya suman cinco los detenidos desde el fin de semana como parte de un férreo cerco en su contra luego de conocerse las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y varios de sus allegados, y de que este activara lo que denominó “la furia bolivariana”.
Guaidó, en un comunicado, señaló que “la tiranía de Nicolás Maduro”, en el marco del confinamiento obligatorio debido a la pandemia de Covid-19, “se aprovecha de dicha situación de vulnerabilidad para arremeter contra sus adversarios políticos, para hostigarlos, perseguirlos y encarcerlarlos forzosamente, sin el más mínimo respeto a sus derechos y dignidad humana”.
Se trata de una arremetida anunciada formalmente. “Si le tocan un pelo a un solo líder de este país, se arrepentirán para toda la vida”, amenazó Maduro en respuesta a las acusaciones en su contra y al supuesto plan de magnicidio en el que presuntamente Guaidó estaría implicado, según señalamientos del militar retirado Cliver Alcalá, quien luego de las denuncias se entregó a las autoridades de EEUU.
Horas más tarde de estas declaraciones ya habían hecho pintas con amenazas (“vamos por ti”) en las casas de varios diputados de la Asamblea Nacional de partidos de oposición. La firma de los grafitis: la furia bolivariana. Pero no se trata sólo de una persecución política, sino de un sistema de control ciudadano basado en el miedo.
El control policial y político
El régimen de Maduro tiene en las calles a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las mismas que han sido señaladas por organismos internacionales por sus reiteradas violaciones a los derechos humanos.
Precisamente las FAES han protagonizado buena parte de las recientes detenciones y han estado presentes en casi todos los actos de amedrentamiento de los últimos días.
Para Marino Alvarado, integrante de la junta directiva del Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), “en esta lógica de terror, en que se mueve el gobierno para aterrorizar a la gente, se usan las FAES de manera inapropiada” poniéndolas al frente del control ciudadano en medio de la pandemia.
La ONG Proiuris denunció el rol de las FAES para hacer cumplir el aislamiento social impuesto a propósito del coronavirus, ya que han sido vistos encapuchados y con armas largas arremetiendo en zonas populares o comerciales para obligar a la gente a regresar a sus casas.
No hay que olvidar que en el marco del estado de alarma decretado el 13 de marzo, que crea un estado excepcional que les permite a las autoridades limitar ciertas libertades, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que “todas las policías pasan a orden del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional para cumplir todas las indicaciones”. Es decir, que los militares se imponen a la par de los cuerpos especiales de Maduro.
Cerco a la prensa
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), hay reportes de cerca de 20 periodistas que han sido agredidos, asediados o limitados por las autoridades a la hora de cumplir su trabajo desde el 13 de marzo. Esto incluye desde negarles el libre tránsito, a propósito de las restricciones impuestas por el coronavirus aun cuando el propio Padrino López aseguró que esa medida no aplicaba para periodistas en el cumplimiento de sus funciones; pasando por quitarles el material de trabajo y obligarlos a borrar videos y fotografías, hasta detenerlos.
Este jueves fue liberado con medidas cautelares el periodista Darvinson González, quien había sido secuestrado de su casa por las FAES y mantenido 12 días detenido por suministrar información sobre los casos de coronavirus que se registran en el país.
También estuvo detenida brevemente la directora del diario La Verdad de Vargas, Beatriz Rodríguez, a quien las autoridades le exigían que revelara las fuentes que le proporcionaron datos sobre enfermos de coronavirus, según denunció el SNTP. Los grafitis de la “furia bolivariana” también han comenzado a aparecer en las casas de algunos periodistas.
Silencio sobre el coronavirus y la crisis
Y es que hay alta sensibilidad en el régimen de Maduro hacia los datos sobre el Covid-19 que se comparten fuera de su línea informativa. Según Transparencia Venezuela, “existen muchos vacíos de información que impiden a la población conocer el verdadero alcance del coronavirus. Además, lejos de privilegiar una vocería científica y experta en el área de la salud, todo se ha dejado en mano de portavoces partidistas que mezclan sus informes con consignas y denuncias de supuestas conspiraciones”.
Añade que “estos portavoces ofrecen declaraciones cuando lo estiman pertinente, pero no convocan ruedas de prensa para que los medios independientes puedan consultar y contrastar la versión oficial”.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también ha documentado casos de personal médico asediado por las autoridades por compartir información sobre los enfermos y por denunciar las fallas del sistema de salud para atender la situación.
Tan pronto Donald Trump formalizó este miércoles que redoblaría la presencia militar en el océano Pacífico y el Caribe para contener los flujos del narcotráfico, incluyendo los del régimen venezolano, Maduro señaló que “la furia bolivariana está lista y preparada para llegar hasta el último rincón”.
Tal es el caso de Julio César Molinos, trabajador jubilado del sector salud, a quien le dictaron privativa de libertad bajo arresto domiciliario luego de detenerlo e imputarle los delitos de incitación al pánico y la zozobra a la comunidad, agavillamiento e incitación al odio, debido a una denuncia que hizo a través de sus redes sociales sobre las condiciones del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, estado Monagas, que es un centro de salud centinela para atender casos sospechosos de Covid-19.
Enfermeras, educadores y ciudadanos en general se suman a la lista. El abogado y defensor de Derechos Humanos, Henderson Maldonado, fue detenido el 31 de marzo por acompañar y grabar una protesta de pacientes renales que reclamaban por la falta de gasolina que les impide movilizarse para sus tratamientos. El racionamiento de combustibles, que administran los cuerpos militares, es una más de las medidas excepcionales dictadas por Maduro desde el 13 de marzo.
Según Foro Penal, los detenidos no sólo están expuestos a los peligros del coronavirus mientras están en manos de las autoridades, sino a las demoras procesales a raíz de la cuarentena nacional decretada por las autoridades y las limitaciones de tránsito que entraban las gestiones de sus familiares y abogados para lograr su libertad.
Además, los que son llevados a tribunales para ser procesados deben esperar en “calabozos mugrientos”, como los califica el abogado Alfredo Romero, y muchos ni siquiera logran que se inicie la debida gestión porque las audiencias son canceladas.
Más amenazas de Maduro y Cabello
Tan pronto Donald Trump formalizó este miércoles que redoblaría la presencia militar en el océano Pacífico y el Caribe para contener los flujos del narcotráfico, incluyendo los del régimen venezolano, Maduro señaló que “la furia bolivariana está lista y preparada para llegar hasta el último rincón”. Con esto dejó entrever que traspasará los límites de Venezuela con su contraofensiva. Días antes ya había asegurado que esa furia responderá “dentro o fuera de nuestras fronteras”.
Además, les pidió a las organizaciones de base del Partido Socialista Unido de Venezuela y a sus unidades de control comunal “identificar” a cualquiera que pueda estar involucrado en planes conspirativos.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, fue más contundente: “Les voy a dar una recomendación a los escuálidos (la oposición) que andan contenticos porque vienen los marines en los barcos: les están echando una vaina a ustedes, porque ellos van a poner un pie aquí y cuando lo hagan, nosotros vamos por ustedes”.