(EFE).- La asamblea de accionistas de Credit Suisse rechazó este viernes abrir una auditoría especial para investigar la vinculación del banco en el pasado con personas ligadas a la corrupción, un escándalo conocido como “Secretos Suizos” y que fue publicado el pasado febrero por varios diarios internacionales.
Un 88,5 % del accionariado rechazó esta auditoría, solicitada por la fundación suiza Ethos y que también pedía una investigación especial en torno a la relación financiera del banco con la firma angloaustraliana de servicios financieros Greensill Capital, cuya caída produjo pérdidas al segundo mayor banco de Suiza.
La asamblea aprobó además por amplia mayoría la designación de Axel Lehmann como presidente del Consejo de Administración, un cargo que ya ejercía en funciones desde principios de año, y la de Christian Gellerstad como vicepresidente.
Lehmann tuvo que tomar el timón del banco zuriqués en enero, a raíz de que su antecesor, el portugués António Horta-Osório, dimitiera apenas nueve meses después de asumir la presidencia tras descubrirse que había incumplido repetidamente las normas de cuarentena tanto en Suiza como en el Reino Unido.
Los accionistas aprobaron por otro lado la gestión del banco en 2021, aunque en ella se excluyó explícitamente la cuestión de los fondos Greensill, mientras que rechazaron la de 2020 con un 59,95 % de los votos.
La evaluación de ese año, el primero de la pandemia, no había sido sometida a voto en la asamblea de 2021 debido a los problemas financieros que golpearon al banco, derivados de la caída de otro fondo, el estadounidense Archegos, que generó pérdidas millonarias a Credit Suisse y otras entidades bancarias globales.
Lehmann tomó nota “con pesar” de la reprobación, y se comprometió a analizar desde la junta directiva qué pasos tomar al respecto, indicó la televisión suiza RTS.
La investigación periodística “Secretos Suizos”, a cargo de un consorcio de 50 medios internacionales, reveló datos de 18.000 cuentas de Credit Suisse con los que se acusaba a la entidad de abrir cuentas y mantener como clientes a numerosas personas involucradas en escándalos de corrupción y otros delitos entre 1940 y 2010.
El banco supuestamente desoyó las advertencias de sus propios empleados sobre actividades sospechosas de algunos de sus clientes, entre ellos personas acusadas de corrupción en torno a la petrolera estatal de Venezuela o a líderes de Oriente Medio.
Credit Suisse se defendió entonces con el argumento de que los hechos publicados eran “inexactos y sacados de contexto”, y asegurando que el 90 % de las cuentas bancarias puestas en entredicho estaban ya cerradas o en proceso de cierre.