Pedro Benítez (ALN).- El retorno de Luis Ignacio Lula da Silva a la Presidencia de Brasil ha sido, qué duda cabe, una inmensa victoria personal. Cuando en julio de 2017 el ex juez Sergio Moro lo condenó a nueve años y medio de cárcel, con inhabilitación política incluida, por su implicación en la red de corrupción Operación Lava Jato, desde varios países europeos le ofrecieron la posibilidad de exiliarse y así evitar la humillación pública del encarcelamiento. Sin embargo, decidió quedarse en Brasil y en cinco años le ha dado la vuelta completa al partido con la ayuda invalorable, eso sí, del intemperante, y hoy ex mandatario, Jair Bolsonaro.
De modo que no deja de tener cierta lógica que albergue un sentimiento de revancha contra todos aquellos que, desde su punto de vista, intentaron hundirlo. Eso lo ha dejado traslucir varias veces, tanto en campaña, como en la noche de su victoria electoral, así como en su discurso de toma de posesión del pasado primero de enero donde afirmó que: “…el pueblo brasileiro ha sufrido en los últimos años la construcción lenta y progresiva de un genocidio”. Mucha gente en su base política comparte este radical enfoque de las cosas. ¿Va Lula por el desquite?
¿Triunfo a la impunidad?
Responder esta pregunta ha dado pie a la primera polémica de su tercer gobierno en los medios brasileños; después de todo Brasil es un país dividido por la mitad (al menos en términos electorales). Según una encuesta efectuada durante el pasado mes de diciembre un 51% de los ciudadanos de ese país tienen una expectativa positiva con su reelegido presidente. Esa es la misma cifra de los que le votaron en segunda vuelta el pasado 30 de octubre. A diferencia de lo que suele ocurrir con los mandatarios que se estrenan con una especie de luna de miel por parte del público en general, tal como al mismo Lula le ocurrió hace veinte años cuando subió por primera vez la rampa del Palacio de Planalto (sede del poder ejecutivo brasileño), en esta ocasión su aprecio popular no ha crecido nada en estas semanas.
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Por el contrario, hay millones de brasileños que siguen creyendo firmemente que su retorno al poder ha sido un triunfo de la impunidad y la corrupción en ese país. Los 58 millones que sufragaron por Bolsonaro en la segunda vuelta no son bolsonaristas, son, principalmente, anti lulistas.
Amplia base
Por supuesto, están los convencidos de lado y lado, los millones de leales a Lula que efectivamente creen que Bolsonaro es el mal absoluto y debería estar preso. Y millones de bolsonaristas que creen que el preso debería ser Lula.
Como no podía ser de otra manera esa división se ve reflejada en la actual composición del Congreso en Brasilia, con cierta ventaja para la derecha. Y es aquí donde emerge el Lula pragmático. Consciente de que en Brasil un Congreso adverso es el equivalente a una espada de Damocles para el jefe del Ejecutivo, en los últimos días han ampliado su base parlamentaria incorporando tres ministros de partidos de la derecha con lo cual suma 143 diputados a su coalición y algunos senadores que pueden ser decisivos.
De los 37 nuevos ministros 13 son del Partido de los Trabajadores (PT), destacando entre ellos el ex candidato presidencial de 2018 y ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad en Hacienda; ésta una concesión importante para el PT que se ha tenido que tragar varias ruedas de molino. En Medio Ambiente regresa una vieja conocida, Marina Silva, un símbolo viviente de la izquierda brasileña que ya fue ministra en el primer gobierno de Lula, luego se pelearon, disputó electoralmente contra el PT y en la campaña pasada se reconciliaron. Su presencia es otro gesto significativo hacia la izquierda.
Un guiño a los mercados
Por su parte, el centro y la derecha se quedan con seis ministerios. Entre ellos destacan Simone Tebet, ex candidata presidencial en la elección pasada y senadora del Movimiento por la Democracia Brasileña (MDB), el mismo partido de Michel Temer cuyos votos fueron decisivos en el Congreso para destituir en 2016 a la ex presidenta Dilma Rousseff.
Tebet ocupará el ministerio de Planificación (desde el PT se resistieron a darle Desarrollo Social o Hacienda) y junto con el vicepresidente (y antiguo rival de Lula) Geraldo Alckmin, que llevará la cartera de Comercio e Industria Exterior, son lo que desde las filas petitas han denominado como la “trinchera liberal” en el nuevo Gabinete. Un guiño de Lula hacia los mercados.
A ellos hay que agregar los ministros provenientes del Partido Social Democrático (PSD) y União Brasil que se han sumado a la alianza oficial en los últimos días. Este último es una refundación de dos antiguos partidos, uno de los cuales tuvo su origen entre los adeptos del régimen militar (1964-1985). União respaldó a Bolsonaro en la pasada segunda vuelta presidencial, es la organización política emergente de la derecha liberal brasileña y postuló al Senado a Sergio Moro. Nada más y nada menos.
La clara estrategia de Lula
El Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Verde (núcleo duro del lulismo) sólo disponen de 81 votos de los 513 que tiene la Cámara de Diputados y 9 de 81 que hay en el Senado. El Partido Liberal (PL) que postuló a Bolsonaro tiene 99, União Brasil 59 y el MDB 42. Ese es el fraccionado Congreso en cual este gobierno de Lula tiene que navegar.
Como se podrá apreciar no tiene, ni que quisiera, mucho margen para revanchas. Por lo tanto su estrategia parece clara: evitar que la derecha le monte una mayoría adversa.
No obstante, ha apostado por arrancar con dos iniciativas controversiales para esta variopinta coalición. La primera consiste en modificar la enmienda constitucional que establece un techo al gasto público; según esta norma los gastos del gobierno federal sólo pueden ser elevados al equivalente de la inflación del año anterior. Bolsonaro intentó reformarla pero el Congreso no lo dejó. Lula, con la intención de cumplir sus promesas electorales, desea hacer lo mismo.
La ventana de oportunidad que Lula aprovecha
La otra medida no necesita aprobación parlamentaria y ya la dictó por decreto al paralizar los procesos de privatización de ocho empresas estatales que inició Bolsonaro, incluida Petrobras.
Sus propuestas sobre la minería y la restauración del Fondo Amazonía cuentan, en cambio, con mayor consenso.
Al frente tiene una oposición política numerosa pero que en este momento se siente desorientada. La salida intempestiva de Bolsonaro de Brasil a pocas horas de terminar su mandato fue interpretada por muchos de sus partidarios como un abandono de su causa. Exactamente lo contrario de lo que hizo Lula en 2017 o el ex presidente argentino Mauricio Macri cuando fue derrotado en 2019.
Esta es la ventana de oportunidad que el astuto Lula está aprovechando en este momento. No obstante, la lucha política nunca termina y ya hay aspirantes a ocupar el espacio que deja Bolsonaro, empezado por el ex juez y hoy flamante senador por el estado de Paraná, Sergio Moro.
