(EFE).- Argentina comunicó este viernes a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la denuncia contra Venezuela ante ese tribunal interpuesta en 2018 por varios países y de la que se había retirado en 2021.
«En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021», informó la Cancillería argentina en un comunicado.
El Ejecutivo del libertario Javier Milei alegó que «esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela».
«La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país», añade el comunicado del Ministerio de Exteriores argentino.
La investigación
En 2018, cuando Argentina era gobernada por el conservador Mauricio Macri (2015-2019), el país suramericano junto a Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú pidió a la Corte Penal Internacional que investigara al Gobierno de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.
Pero en 2021, el entonces presidente argentino, el peronista Alberto Fernández (2019-2023), decidió retirar a su país de la acción promovida ante el tribunal internacional.
La decisión anunciada este viernes por el Gobierno de Milei fue celebrada por la venezolana Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).
«Agradecemos a la Cancillería y a todo el Gobierno del presidente Javier Milei por su apoyo constante con la causa democrática de Venezuela. En febrero de este año, cuando nos reunimos con la canciller Diana Mondino, conversamos sobre esto y han cumplido», afirmó Trotta.
La activista denunció que «la dictadura de Maduro persigue, secuestra, tortura y mata y la comunidad internacional no puede mirar para otro lado», por lo que es «tan importante la investigación que avanza en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, cometidos al menos desde el año 2014».
Los ataques de Maduro a Milei
La decisión adoptada ahora por el Gobierno de Milei se da en medio de una creciente tensión discursiva con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de un álgido escenario política en Venezuela de cara a las elecciones del próximo 28 de julio.
Este jueves, en un acto de campaña, Maduro habló de un presunto plan para suspender los comicios en el país.
«Quieren una hecatombe, una tragedia para gritar ‘suspensión de las elecciones’. Y saldrían los gringos, saldría el malparido de Milei, saldría (el presidente de Ecuador, Daniel) Noboa, la derecha. Estamos preparados, nervios de acero, calma y cordura, y llueva truene o relampaguee, el 28 de julio habrá elecciones presidenciales en Venezuela», expresó Maduro.
La respuesta de Argentina
Consultado este viernes en rueda de prensa sobre estas declaraciones, el portavoz de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, aseveró que los comentarios de Maduro no ameritan análisis alguno porque provienen de un «dictador» que «tiene trastocados los valores éticos y morales».
«Lo que pueda decir Maduro, lo que pueda decir un dictador, lo que pueda un imbécil como Maduro la verdad es que no nos preocupa», comentó Adorni.
En el acto de este jueves, Maduro advirtió de que, «si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas», en las próximas elecciones se debe garantizar «el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral» de Venezuela.
En este marco, el Gobierno de Milei ha reclamado que se respete el proceso electoral y su resultado.
«Apelamos a que se respeten los deseos del pueblo venezolano», sostuvo Adorni.
El 28 de julio, Venezuela celebrará unos comicios presidenciales en los que competirán diez candidatos, entre ellos el propio Maduro, quien busca un tercer sexenio en el poder.