Redacción (ALN).- El presidente norteamericano, Donald Trump, anunció a través de sus redes sociales que impondría un arancel de 25 % a todos aquellos países que compren petróleo a Venezuela y que tengan relación comercial con Estados Unidos.
Al conocerse la información el gobierno de Nicolás Maduro rechazó la medida por considerarla ilegal, ya que a su juicio, no respeta las distintas normativas que rigen el comercio internacional.
Crónica Uno consultó al economista petrolero, Rafael Quiroz, quien explicó que esta medida tomada por Trump es bastante difícil de comprender. Sin embargo, lo que busca es poner contra la pared a todos aquellos países que hagan negocios con Venezuela.
“Este arancel de 25 % no se encuentra establecido en ninguna normativa relacionada con el comercio internacional. Otro dato importante es que las autoridades de Estados Unidos lo saben y por eso le pusieron el nombre de arancel secundario, porque es una figura distinta a los aranceles existentes hoy en día”, explicó.
Señala que de concretarse esta medida, a partir del 3 de abril, uno de los primeros impactos que tendrá es la disminución en el precio del barril de petróleo venezolano.
“Con este arancel Pdvsa se verá en la obligación de dar mucho más descuento a los países que le compren el petróleo, porque sin duda es un riesgo más alto y nadie en su sano juicio va a sacrificar su relación con la economía más importante del mundo”.
Al consultarle sobre cuánto sería dicho descuento, el especialista explicó que Venezuela sin las licencias petroleras de EE. UU. reducía el precio 20 % o 30 % “y con estos aranceles quizás podamos ver descuentos hasta de 50 %”.
Impacto en la producción
Quiroz señaló que es necesario esperar que el Departamento de Estado ofrezca mayores detalles sobre estos aranceles secundarios y sobre todo conocer cuáles serán los países afectados.
“Si EE. UU. impone estos aranceles a empresas como Repsol, Eni y Mourel & Prom, las operaciones que tienen en nuestro país se pueden paralizar y eso afectaría la producción petrolera, porque con la salida de Chevron y estos otros operadores, se dejarían de producir aproximadamente unos 350.000 barriles”, detalló.
El economista estimó que de concretarse todas las decisiones anunciadas por Trump, la producción petrolera venezolana podría retroceder a unos 530.000 barriles diarios.
Aseguró que con esta medida lo que se busca es favorecer las ventas a EE. UU. frente a otros destinos y no parece estar diseñada para cortar las exportaciones petroleras de Venezuela.
Daño a los estadounidenses
El economista y profesor de la Universidad de Denver, Francisco Rodríguez, indicó que esta imposición de aranceles secundarios podría hacerle mucho daño a las empresas y consumidores norteamericanos.
“El gobierno de EE. UU. anunció que cada vez que China le compre petróleo a Venezuela, los consumidores estadounidenses tendrán que pagar más por las franelas chinas que compran en Walmart”, explicó.
El especialista señala además que Venezuela aún puede exportar petróleo a EE. UU., pero ahora se le amenaza con sanciones si vende a otros países.
“Mientras las licencias actuales sigan vigentes (y Chevron podría renovarse), la política incentiva vender más petróleo a EE. UU. no menos”.
Coincide con Rafael Quiroz al asegurar que los aranceles secundarios no existen en la práctica.
“Trump habla de aranceles secundarios, pero ese término no existe ni en la ley comercial de EE. UU. ni en la práctica internacional. En la literatura, suele referirse a aranceles retaliatorios en guerras comerciales, no a castigos por comerciar con terceros”.
Sanciones por aranceles
Rodríguez advierte que esta decisión parece un intento de sustituir las sanciones con aranceles.
“Hay un problema clave porque las sanciones de EE. UU. van dirigidas a empresas específicas, no a países enteros. Los aranceles no funcionan igual”, indicó.
Añade que “si Repsol (empresa española privada) compra petróleo venezolano, ¿EE. UU. impondrá 25 % de arancel a todas las exportaciones españolas? Eso sugiere Trump. Pero Repsol no es España y el gobierno español no controla sus decisiones comerciales”.
El también investigador expresó que esta política asume que los gobiernos pueden prohibir legalmente a sus empresas comprar petróleo venezolano.
“Pero eso no pasará. Para que la amenaza funcione globalmente, habría que lograr que más de 200 países legislen por presión de EE. UU. Es inviable”, dijo.
Tomado de CU.
