Zenaida Amador (ALN).- El país no sólo transita una encrucijada política entre democracia y dictadura, está ante una disyuntiva histórica que puede conducir hacia una mayor destrucción en todas las áreas de la vida nacional o hacia un nuevo modelo que permita la recuperación productiva.
Para la mayoría de los analistas resulta imposible pensar en una recuperación económica de Venezuela sin que antes se produzca un cambio político. La base de este señalamiento se encuentra en la evolución que ha tenido el país en los últimos 20 años bajo la concepción de la revolución bolivariana, que ha modelado el perfil político, económico y social que el país exhibe en la actualidad.
Mientras los ingresos petroleros permitieron sostener esta estrategia política, Hugo Chávez se dedicó a exportar su modelo socialista por el mundo desatendiendo la infraestructura básica de la nación, el funcionamiento mínimo de la industria petrolera y la salud del aparato productivo, lo que fue socavando las bases del país. Una vez que los precios del petróleo se desplomaron quedaron en evidencia estas deficiencias, así como el desmejoramiento que de forma progresiva alcanzó a todos los sectores.
Nicolás Maduro ha insistido en seguir adelante con los mismos lineamientos con los cuales Venezuela entró en hiperinflación, con seis años continuos de contracción económica y el empobrecimiento masivo de la población, mientras Maduro se aleja cada vez más de la vía democrática para garantizar su permanencia en el poder
Aun así, Nicolás Maduro ha insistido en seguir adelante con los mismos lineamientos, con los cuales Venezuela entró en hiperinflación, con seis años continuos de contracción económica y el empobrecimiento masivo de la población, mientras Maduro se aleja cada vez más de la vía democrática para garantizar su permanencia en el poder.
Al evaluar la magnitud de la crisis que vive el país la Academia Nacional de Ciencias Económicas observa que Nicolás Maduro ha insistido en mantener sus políticas, “lo que lleva a concluir que persigue deliberadamente objetivos contrarios al bienestar de los sectores mayoritarios de la población”.
De allí la trascendencia histórica de la pugna política que sacude a Venezuela hoy, en medio de la crisis sin precedentes que alcanza a todas las áreas de la vida nacional, pues están en juego el modelo de país, el sistema de gestión y la formas de concebir al ciudadano en su rol social.
La disyuntiva es clara: seguir adelante con el sistema que condujo a Venezuela a esta situación y continuar avanzado en la idea de socialismo bajo la óptica chavista o cambiar por completo el modelo para reforzar la capacidad del Estado de atender sus cometidos esenciales en el marco del restablecimiento del orden constitucional y democrático, y recuperar las libertades económicas y liberar las fuerzas productivas de los venezolanos.
Radicalizar el socialismo
Desde 2003 en Venezuela operan sistemas de control de precios y de cambio, a la par de una política de subsidios que el Gobierno usa como instrumento de control social. Tales regulaciones explican en buena medida las distorsiones que se han generado en el país ya que, entre otras cosas, dieron paso al mercado negro de divisas y de bienes esenciales, han estimulado el contrabando de extracción y han sido una de las fuentes de corrupción más jugosa de la era chavista en Venezuela.
Aun así, Nicolás Maduro pretende seguir adelante por esta vía. En el Plan de la Patria 2019-2025, que es su brújula, se insiste -16 años después- en el propósito de “implementar un sistema de precios justos que disminuya la discrecionalidad y abuso de actores en el sistema económico”.
El objetivo es claro: la consolidación del socialismo. Para ello se plantea “la construcción de un nuevo modelo económico socialista y no reconstrucción de la lógica del capitalismo, que implica nuevos actores productivos, sistema de insumos, distribución, precios y metabolismo del capital”.
El Estado se coloca en el centro de la economía, controlando producción, distribución y comercialización, donde el capital privado sólo tiene cabida en asociaciones mixtas o por la vía del sistema económico comunal.
Según el plan, se busca “generar las bases económicas y materiales para la transición humanamente gratificante hacia el socialismo”.
La afirmación de que la revolución gobernará indefinidamente siempre es parte del discurso del chavismo y es la línea que ha marcado el desmontaje de la institucionalidad democrática en el país, haciendo que todos los poderes públicos respondan directamente al Gobierno, lo que ha acabado con las decisiones autónomas, la transparencia y la contraloría de la gestión pública. Ese es el origen de la actual falta de legitimidad de la Presidencia de Maduro y de la postura de rechazo internacional a la pérdida del hilo democrático en el país.
Pero la idea del Plan de la Patria es seguir adelante por esa vía y avanzar hacia “una verdadera democracia socialista, a todos los niveles y como componente sustancial de todo el Estado y proceso revolucionario, a efectos de garantizar la irreversibilidad del proyecto bolivariano para la felicidad plena del pueblo”.
Las fuerzas opositoras bajo el liderazgo de Juan Guaidó proponen un cambio del modelo económico y político, a través de reformas económicas e institucionales orientadas a promover la expansión rápida y sostenida en la capacidad de producción y consumo de los venezolanos, y que permita reinsertar al país en el concierto de naciones libres del mundo
La instauración de la Asamblea Nacional Constituyente en julio de 2017 es una muestra de esta interpretación de la democracia. Maduro decidió crear la instancia para que funcionara de forma paralela a la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimamente constituido que queda en el país fuera de su control, y convocó a unas elecciones para elegir a sus miembros.
A fin de garantizar su sostenimiento, en el plan se plantean “preparar la defensa de la voluntad del pueblo mediante la organización popular y el ejercicio de la autoridad del Estado en la defensa de la democracia y la Constitución”, que es parte de lo que Maduro ya viene haciendo al armar a grupos civiles para que operen como fuerzas de choque en defensa de su régimen.
Asimismo, Maduro avanza en la redacción de una nueva Constitución que lo libere de las limitaciones impuestas por la actual Carta Magna, de donde se sostienen las críticas a su régimen y los señalamientos de que es una dictadura.
Plan País
En contraposición, las fuerzas opositoras bajo el liderazgo de Juan Guaidó, proponen un cambio del modelo económico y político, a través de reformas económicas e institucionales orientadas a promover la expansión rápida y sostenida en la capacidad de producción y consumo de los venezolanos, y que permita reinsertar al país en el concierto de naciones libres del mundo, lo cual está concentrado en el documento conocido como Plan País.
Está pensado para sentar las bases del proceso de transición democrática en Venezuela y atender a la brevedad la crisis. De hecho, se establece como prioridad contar con la ayuda de la comunidad internacional para atender con carácter de urgencia la Emergencia Humanitaria Compleja que azota al país. Esto implica buscar acceso a la banca multilateral para solicitar el financiamiento requerido en condiciones preferenciales y ayuda económica internacional.
Dadas las dimensiones de la crisis, el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Végh, cree que “van a ser decenas de miles de millones de dólares” los requeridos para ayudar a la recuperación económica venezolana.
Por su parte Ricardo Hausmann, designado por Guaidó como representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo, calcula que en lo inmediato se requiere la reestructuración de la deuda venezolana y un paquete financiero de 60.000 millones de dólares, pero es urgente contar con donaciones de rápido desembolso por aproximadamente 20.000 millones de dólares, que son “necesarios para financiar la importación de materias primas, insumos intermedios, repuestos, medicinas y equipos necesarios para iniciar la recuperación acelerada de la producción”.
Para darle piso a estas solicitudes, en el plan país prevén la creación de un contexto macroeconómico y un marco regulatorio adecuado y estable que permita atraer inversiones nacionales e internacionales a sectores clave para la recuperación de la economía, como el petrolero.
Ricardo Hausmann, designado por Guaidó como representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo, calcula que en lo inmediato se requiere la reestructuración de la deuda venezolana y un paquete financiero de 60.000 millones de dólares, pero es urgente contar con donaciones de rápido desembolso por aproximadamente 20.000 millones de dólares
“Deben desmontarse legislativamente los controles centralizados que destruyeron el emprendimiento de los venezolanos, dando prioridad a la reactivación y estimulando la sana competencia como mecanismo de autorregulación del mercado”.
Entre otras cosas se plantea la necesidad de restituir la garantía de la propiedad privada para hacer de cada venezolano el propietario de los medios que requiere para asegurar su bienestar y el bienestar de la sociedad.
Pero poniendo énfasis en el sector petrolero, que es el principal para generar los ingresos de la nación, el plan prevé la necesaria reestructuración y el redimensionamiento de PDVSA para su consolidación como empresa pública y competitiva enfocada en el sector de hidrocarburos, desarrollando las estrategias necesarias para maximizar la producción de petróleo y gas, garantizando el mayor beneficio para la nación, que preservará la propiedad sobre los yacimientos de hidrocarburos.
La nueva política social promoverá la sustitución de los actuales esquemas de subsidios indirectos, ineficientes y regresivos, por subsidios directos, eficientes y progresivos.
La hoja de ruta y el consenso alrededor de sus contenidos es clave para la recuperación del país una vez que ocurra el cambio político en Venezuela, pero el nivel de deterioro es aplastaste y la tarea a enfrentar, titánica. “La destrucción del sistema económico, del sistema productivo, de las instituciones, hizo que esta economía entrara en un proceso de implosión”, señala Alejandro Werner, director del Fondo Monetario Internacional, para quien la recuperación de la economía venezolana “está en el rango de una década o décadas”.
