(EFE).- El diputado y excandidato a la Presidencia de Venezuela Luis Eduardo Martínez informó este miércoles que el Parlamento, controlado por el chavismo, ha recibido 116 propuestas para revisar las leyes comiciales, como parte de un «diálogo político» planteado con este fin y en el que no participa la mayor coalición opositora.
En un video publicado en X, Martínez señaló que a la Mesa Legislativa que preside llegaron propuestas de partidos políticos, observadores electorales, jóvenes y pueblos originarios, entre otros, que espera sean evaluadas en un corto plazo de tiempo para que las modificaciones que se hagan a la ley tengan efecto en las votaciones regionales y locales previstas para 2025.
Manifestó que este proceso de revisión es para «adecuar una legislación» -que en «algunos casos data de bastantes años atrás»- a «las realidades de hoy, a los grandes retos».
118 propuestas se han recibido en la Mesa Legislativa de la Comisión Especial de la @Asamblea_Ven en el marco del proceso de revisión de la legislación electoral venezolana.
Avanzamos a marchas forzadas en la adecuación del marco legal de procesos electorales y partidos… pic.twitter.com/qqZfe8qZIA
— Luis Eduardo Martínez (@Luisemartinezh) October 16, 2024
Ante la cantidad de propuestas, Martínez dijo que «es imposible» que todas puedan ser trabajadas, por lo que la Mesa Legislativa se decantará por las «más importantes».
«Hay unos (planteamientos) que, con seguridad, vamos a aprobar antes del 30 de diciembre de este año», aseveró.
PUD no participó
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) rechazó participar en el diálogo, toda vez que llamó al Gobierno a acordar «los términos de una negociación seria» que haga valer «la voluntad» expresada en las presidenciales del 28 de julio, en referencia a lo que consideran la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.
Pese a que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la PUD insiste en que González Urrutia fue el vencedor, por un amplio margen, y para sustentar su reclamo publicó en una página web el «83,5 % de las actas» que dice haber recabado a través de testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno, sin embargo, considera «falsos».
