Patricia J. Garcinuño (ALN).- Costa Rica y Ecuador son los países donde un mayor número de empresas opta por no pagar al fisco, tal como apunta la Comisión Económica para América Latina de la ONU. Según estimaciones del organismo, en ambos países se eludió abonar el 65% de los impuestos en 2015. La evasión fiscal constituye uno de los principales puntos débiles de los sistemas tributarios de Latinoamérica. Así lo considera la Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL) en su informe Financiamiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que señala además que los países de la región pierden por ello un promedio de más del 50% de sus ingresos por IRPF.
Por naciones, en la que más se evita pagar al fisco es Guatemala, donde un 69,9% de los impuestos no llega a entrar en las arcas públicas. Le siguen Ecuador con un 58,1%, Argentina con un 49,7%, México con un 38%, El Salvador con un 36,3%, Perú con un 32,6% y Chile con un 31%.
Pero esta evasión de impuestos “endémica”, como la califica CEPAL, no se limita al impuesto sobre la renta de las personas físicas. La tributación sobre la renta corporativa y el IVA también muestran grandes niveles de evasión, aunque con grandes diferencias entre países. Según el organismo de Naciones Unidas, el incumplimiento del pago del IVA equivale al 2,4% del PIB y, en el caso del impuesto sobre la renta, al 4,3%. Esto sumó un total de 340.000 millones de dólares (311.000 millones de euros) en 2015.
La evasión corporativa abarca desde el 26,6% en Brasil hasta un 65% en Costa Rica y Ecuador. En el caso del IVA, ronda el 20% en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México, hasta casi un 40% en Nicaragua.
La evasión corporativa abarca desde 26,6% en Brasil hasta 65% en Costa Rica y Ecuador
Hasta 2008, la evasión fiscal fue disminuyendo progresivamente, pero la desaceleración económica ha hecho que aumente en algunos países. De hecho, según apunta el organismo, el progreso que se había conseguido en los últimos años en este ámbito se ha detenido.
La CEPAL insiste en que, dados los “elevados niveles de informalidad, pobreza y desigualdad socioeconómica, la pobre calidad institucional y la escasa conciencia y educación fiscal de los contribuyentes”, es imprescindible hacer cambios administrativos y profundas mejoras estructurales para lograr mayores avances en el combate de la evasión.
