(EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, pidió este miércoles que se detengan «los crímenes de lesa humanidad» en Venezuela, mediante la búsqueda de «la verdad, la justicia y la no repetición».
Almagro aseguró que el trabajo por delante en la situación política y social que enfrenta Venezuela «es de justicia y tiene que ver con llegar a la verdad, esclarecerla de estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y lograr condiciones de no repetición».
Sus declaraciones se realizaron en el marco de una conferencia de prensa previa a la celebración de la quincuagésima primera Asamblea General de la OEA a desarrollarse en Guatemala de forma virtual por los próximos tres días, y cuyo lema es «Una América renovada».
Almagro enfatizó que la OEA realizó trabajos de «relevamiento de denuncias (de las presuntas víctimas del régimen de Nicolás Maduro)», las cuales fueron sistematizadas, además de la «capacitación de testimonios de las víctimas y de familiares de otras víctimas», todo esto con la «colaboración extendida de la sociedad civil venezolana».
El diplomático instó a la comunidad de países americanos a recoger «la memoria de los que fueron crímenes de lesa humanidad», con tal de que «un día» se tenga «un hemisferio libre de esos crímenes», ya que ese es precisamente el objetivo de la organización regional.
Además, pidió que «se permita trabajar» al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que indagará sobre los supuestos crímenes en Venezuela, pues, dijo, «queremos memoria, justicia, verdad y no repetición».
La Fiscalía de la CPI anunció la semana pasada que abrirá formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, si bien aclaró que, por ahora, «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo».
El anuncio llegó tras tres días de visita a Venezuela del fiscal Khan, quien firmó junto al presidente Nicolás Maduro un memorándum en el que se explica que la entidad que dirige «ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela».
En febrero de 2018 comenzó el proceso en esa corte por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
El propio fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo la semana pasada en una entrevista con Efe que el anuncio de la Corte es «una victoria institucional, tanto para la propia fiscalía de la CPI, como para el Estado venezolano y sus instituciones vinculadas a la justicia, donde el Ministerio Público tiene un rol protagónico por ser el titular de la acción penal».