Zenaida Amador (ALN).- Hugo Chávez lanzó un salvavidas financiero al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) a través de ALBA Petróleos. La alianza ideológica rindió frutos políticos a la organización, pero también importantes beneficios económicos bajo el manto de la opacidad. La empresa suma dos años sin rendir cuentas, acumula atrasos en los pagos de impuestos y la justicia salvadoreña le pisa los talones por presunto lavado de dinero.
Nuevamente ALBA Petróleos salta a los titulares. Esta vez la razón es que a la empresa se le negó la renovación de la matrícula de comercio. La decisión del Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR) de El Salvador apunta a que ALBA Petróleos, que es 60% de una filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha incumplido varios compromisos, comenzando por algo tan básico como el pago de impuestos municipales.
Las investigaciones adelantadas internamente en El Salvador apuntan a que la petrolera incumplió la Ley de Lavado de Dinero y Activos donde, entre otras cosas, se indica que empresas de las características de ALBA Petróleos deben tener un Oficial de Cumplimiento de la Ley y presentar regularmente sus estados financieros, algo que no hace desde 2016.
Según lo estipulado por el CNR, ninguna empresa mercantil podrá funcionar sin tener su respectiva matrícula vigente. Falta ver en qué se traduce operativamente para ALBA Petróleos el no tener la matrícula de comercio al día.
Mientras tanto las investigaciones adelantadas internamente en El Salvador apuntan a que la petrolera incumplió la Ley de Lavado de Dinero y Activos donde, entre otras cosas, se indica que empresas de las características de ALBA Petróleos deben tener un Oficial de Cumplimiento de la Ley y presentar regularmente sus estados financieros, algo que no hace desde 2016.
Los manejos irregulares de ALBA Petróleos han sido señalados de forma directa por Estados Unidos desde 2016, coincidiendo con la decisión de su directiva de dejar de reportar sus operaciones financieras, muchas de ellas sospechosas de lavado de dinero.
La ausencia de cifras oficiales de ALBA Petróleos desde 2016, una práctica común de PDVSA en Venezuela, complica el seguimiento de las trazas del dinero asociado a la empresa y sus conexas. Sin embargo, las investigaciones no han cesado y la Fiscalía salvadoreña tiene un caso abierto en su contra.
La data reciente disponible es escasa, pero la Fiscalía salvadoreña efectuó en mayo el allanamiento de 26 oficinas ligadas a las operaciones venezolanas en El Salvador, proceso en el cual recolectó documentos contables, informáticos y financieros.
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El epicentro
Vale destacar que la conexión entre el chavismo y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se consumó en ALBA Petróleos en 2006, cuando Hugo Chávez decidió desde Venezuela su creación como parte de la estrategia de reimpulso de la izquierda en la región. Por eso 40% de las acciones de la empresa son de la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (Enepasa), compuesta por alcaldías lideradas por el FMLN.
Es precisamente José Luis Merino, líder del FMLN y pieza clave del engranaje que se ha tejido con ALBA Petróleos y sus vínculos con Venezuela a través de PDVSA, el nombre que más destaca en los señalamientos sobre manejos dolosos. De hecho, en 2016 el senador estadounidense Marco Rubio lo acusó de ser un “lavador de dinero de clase mundial”. Un año después otros senadores se sumaron a los señalamientos y subieron el tono del caso en Washington, y finalmente, en abril de 2019, Estados Unidos incluyó a Merino en su lista de funcionarios vinculados con narcotráfico, blanqueo y corrupción.
Justo en abril pasado investigadores de IBI Consultants y National Defense University presentaron un informe donde mostraban que de 2010 a 2017 la empresa registró ingresos por 200 millones de dólares anuales y para crear “un rastro de papel” de los fondos estableció compañías y empresas de fachada.
Merino y otros “testaferros crearon una serie de compañías con propietarios cuyos nombres se repiten en unas y otras estructuras en Panamá. Desde allí, ALBA Petróleos y sus compañías vinculadas, les prestaron a ocho compañías panameñas bajo su control al menos 1,1 mil millones entre 2007 y 2017”.
La investigación determinó que esas compañías “movieron el dinero a paraísos fiscales en el Caribe y Europa, incluyendo las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia. Finalmente declararon que la mayor parte de la deuda era incobrable”.
En conclusión, según el informe, se trata de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana tejida desde Venezuela -vía PDVSA- “a través de una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo”.
