Zenaida Amador.- Concluye el primer trimestre de 2019. Este lapso en Venezuela ha sido determinante en materia política para exponer los desmanes del régimen de Nicolás Maduro, forjar su desconocimiento internacional y restringirle el margen de acción; pero en términos económicos y sociales también ha sido uno de los períodos más corrosivos para los venezolanos, quienes a duras penas intentan sobrevivir a la crisis, la escasez y las fallas de los servicios básicos en un país que parece colapsar por los cuatro costados.
Para la economía venezolana los primeros tres meses del año se asemejan a un agujero negro. Algunos economistas estiman que solamente en marzo, debido a las fallas reiteradas del sistema eléctrico, se han reportado pérdidas que superan 3% del Producto Interno Bruto, PIB, en una economía que viene de cinco años consecutivos de recesión.
A lo largo de marzo se han registrado múltiples apagones de magnitud nacional que, además de implicar costos en términos de vidas humanas por fallas en los servicios mínimos de atención médico-hospitalaria, han terminado de hundir el aparato productivo en general y a la ya depauperada industria petrolera, que aporta 90% de los ingresos de Venezuela.
Al cierre de marzo las exportaciones petroleras podrían totalizar sólo 900.000 barriles diarios, según cálculos de varios analistas del sector, tomando en cuenta las paralizaciones operativas reportadas en los mejoradores de crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco y el cese de despachos desde puertos venezolanos.
El empobrecimiento y el deterioro se aceleran y se extienden por todo el país. Mientras tanto Maduro, quien se resiste a abandonar el poder, responde a la crisis con las mismas fórmulas que ha aplicado desde 2013: endosar la responsabilidad de los problemas a otros, relanzar planes ya aplicados anteriormente (por ejemplo, los 15 motores productivos) y anunciar reestructuraciones de fondo en su gobierno, que siempre equivalen a enroques de funcionarios y cambios de nombres de instituciones. “Voy a anunciar los nuevos métodos de Gobierno y un cambio profundo en el Gobierno Bolivariano de Venezuela. Pido el apoyo del pueblo, pido la unión cívico-militar», dijo antes de que el más reciente apagón retrasara sus anuncios
Vale destacar que en promedio la nación venía exportando alrededor de 1,2 millones de barriles diarios, pero las sanciones petroleras dictadas por Estados Unidos contra el régimen de Maduro a finales de enero han mermado este flujo. Sin embargo, el desplome abrupto de marzo es consecuencia directa de la ausencia general de electricidad que viene azotando al país desde el 7 de marzo.
El efecto de las sanciones petroleras ha hecho que progresivamente bajen los envíos de crudo venezolano a EEUU y que se canalicen a otros mercados, como India y China.
Pero es el desplome en los volúmenes lo que se traduce claramente en menores ingresos para una nación cuyas reservas internacionales se ubican en 8.700 millones de dólares.
En esencia, las menores exportaciones derivan de la pérdida de producción petrolera. Cuando Maduro llegó al poder en 2013 el bombeo rondaba los 2,7 millones de barriles por día y en la actualidad apenas suma un millón de barriles debido a la desinversión y las políticas adoptadas. La firma Ecoanalítica calcula que en estos momentos el retroceso de producción está entre 20.000 y 30.000 barriles semanales.
Además, las gestiones internacionales de Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, se han traducido en un cerco a los flujos financieros que ha intentado movilizar infructuosamente Maduro, restándole margen de maniobra.
En el piso
Desde este lunes 25 de marzo el país experimenta una nueva falla eléctrica masiva, que alcanza a prácticamente 90% del país. Sólo entre lunes y miércoles se calcula que las pérdidas directas del apagón suman 600 millones de dólares y todavía no se han contabilizado los efectos colaterales, como la pérdida de inventarios en varios sectores por el colapso en los sistemas de refrigeración, entre otros elementos.
Maduro atribuye las fallas a ataques perpetrados a las instalaciones eléctricas por parte de opositores a su régimen, lo que entra en franca contradicción con los señalamientos hechos tras el apagón del 7 de marzo por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, según las cuales tales instalaciones serían militarizadas y supervisadas por las Fuerzas Armadas.
Expertos en el área como José Aguilar, consultor en materia eléctrica, atribuyen las fallas a problemas acumulados por más de una década en mantenimiento y falta de experiencia en quienes dirigen el sector. Así, por ejemplo, cada intento fallido de recuperación del suministro de energía tras los apagones genera daños en los equipos de transmisión y distribución, acrecentando el riesgo de un colapso mayor en el sistema de dimensiones inimaginables. A esto se suma la corrupción asociada al manejo eléctrico, que sobrepasó los 30.000 millones de dólares en operaciones y compras con sobreprecios desde 2009.
Lo cierto es que la inestabilidad en el servicio eléctrico agudiza las fallas en el suministro de agua potable, de gas doméstico, así como en las conexiones telefónicas y de Internet, lo cual acentúa el estancamiento de las actividades productivas.
Este cuadro se agrava dada la parálisis en las importaciones. El régimen de Maduro, que por años cercó al sector privado y que hizo todas las gestiones necesarias para centralizar 80% del total de las importaciones, a inicios de 2019 les informó a los empresarios que carecía de recursos para seguir haciendo estas compras en el exterior y les instó a que hicieran gestiones propias para importar los insumos y las materias primas que requieren para producir.
Aunque algunas empresas privadas han hecho lo correspondiente para retomar el manejo de las importaciones, el ritmo de respuesta es mucho más lento del que el país demanda aun con los efectos de la recesión. De allí que esté en mínimos la capacidad de la agroindustria para reponer inventarios, especialmente tras la ola de saqueos ocurrida en varias zonas de país en medio de los apagones y que afectó severamente la capacidad productiva de varias industrias en el estado Zulia.
Efectos colaterales
Entre febrero de 2018 y febrero de 2019, últimas estimaciones de la Asamblea Nacional, la inflación llegó a 2.295.981,8% tras año y medio de hiperinflación. En febrero fue de 53,7%, una tasa inferior a las experimentadas meses atrás, como resultado no de una política correctiva de las distorsiones económicas sino como fruto de la destrucción del consumo a causa de la pérdida de poder de compra del ingreso.
Juan Guaidó, por su parte, ha reiterado que la única forma de recuperar la economía pasa por lograr un cambio de Gobierno. A su juicio, es posible estabilizar la economía, permitir la gobernabilidad y “abrir las puertas del progreso, pero el único bloqueo es la soberbia de Miraflores (Palacio de Gobierno) que está compuesto por un pequeño grupo cada día más aislado del mundo”.
De hecho, Maduro ha seguido adelante con la emisión monetaria para financiar su gestión deficitaria, sin importar los efectos inflacionarios de esta política, sólo que ahora lo hace a la sombra, ocultando las cifras que permitan hacerle un seguimiento a sus operaciones.
No obstante, le ha aplicado una fuerte presión a la banca -con un aumento del encaje legal- para constreñir el crédito y mitigar así los efectos directos de sus propias decisiones, cerrando opciones de financiamiento al sector privado y a los ciudadanos.
La consecuencia inmediata sobre la banca ha sido que ante la falta de liquidez algunas instituciones incluso han incumplido con el encaje legal y han pedido préstamos interbancarios a tasas por el orden de 60%, poniendo en evidencia su precaria situación.
El empobrecimiento y el deterioro se aceleran y se extienden por todo el país. Mientras tanto Maduro, quien se resiste a abandonar el poder, responde a la crisis con las mismas fórmulas que ha aplicado desde 2013: endosar la responsabilidad de los problemas a otros, relanzar planes ya aplicados anteriormente (por ejemplo, los 15 motores productivos) y anunciar reestructuraciones de fondo en su gobierno, que siempre equivalen a enroques de funcionarios y cambios de nombres de instituciones. “Voy a anunciar los nuevos métodos de Gobierno y un cambio profundo en el Gobierno Bolivariano de Venezuela. Pido el apoyo del pueblo, pido la unión cívico-militar», dijo antes de que el más reciente apagón retrasara sus anuncios.
Juan Guaidó, por su parte, ha reiterado que la única forma de recuperar la economía pasa por lograr un cambio de Gobierno. A su juicio, es posible estabilizar la economía, permitir la gobernabilidad y “abrir las puertas del progreso, pero el único bloqueo es la soberbia de Miraflores (Palacio de Gobierno) que está compuesto por un pequeño grupo cada día más aislado del mundo”.
