Leticia Núñez (ALN).- Tras salir del poder y enfrentarse con el presidente Lenín Moreno, las cosas no han dejado de empeorar para Rafael Correa. La orden de prisión por el intento de secuestro de un diputado opositor no es el único proceso contra el expresidente de Ecuador. La Contraloría reveló este lunes indicios de responsabilidad penal contra Correa en el manejo de la deuda pública. Y Moreno ya anunció que investigará si el exmandatario recibió dinero de las FARC para financiar una campaña.
Sin apenas tiempo para respirar. Para digerirlo. A Rafael Correa se le acumulan los procesos. El expresidente de Ecuador (2007-2017) tiene desde la semana pasada una orden de prisión preventiva por el presunto intento de secuestro del diputado opositor Fernando Balda. Ahora, la Contraloría General del Estado halló indicios de responsabilidad penal contra Correa en el manejo de la deuda pública de Ecuador.
No ha pasado ni una semana desde que la Corte Nacional de Justicia notificó a la Interpol una alerta roja para que proceda con la captura y extradición del exmandatario, cuando Correa ya tiene otro frente abierto con la justicia.
De acuerdo con la Contraloría, los indicios se sustentan en el perjuicio a los recursos públicos que habría causado el expresidente. Concretamente, se trata de los resultados de un examen especial que el ente de control realizó al proceso de emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería entre enero de 2016 y diciembre de 2017 por un monto que asciende a 2.300 millones de dólares.
A ello se suma que el pasado abril, el contralor Pablo Celi ya reveló indicios de responsabilidad penal contra Correa y varios exfuncionarios por la misma cuestión. En este primer informe se analizó la legalidad, fuentes y uso de la deuda pública desde enero de 2012 al 24 de mayo de 2017.
El pasado abril, la Contraloría ya reveló indicios de responsabilidad penal contra Correa por el manejo de la deuda pública
“Desde dentro ya se percibe el ocaso de Correa. Estamos viviendo los estertores, los últimos capítulos de una biografía bastante agitada. Ahora la justicia divina le da la vuelta”, sostiene Luis Espinosa Goded, profesor de economía en la Universidad San Francisco de Quito, en declaraciones al diario ALnavío (Ver más: La orden de prisión contra Correa marca un antes y un después en Ecuador).
En su opinión, “Correa tiene un problema de ego, una percepción de la realidad distorsionada. Cree que no le van a detener, como tampoco nunca creyó que sus crímenes iban a ser juzgados o que iba a perder las elecciones”.
Pues bien, el expresidente tiene una orden de prisión preventiva en su contra por no haber cumplido la medida cautelar de presentarse en Quito el lunes pasado tras ser vinculado penalmente como autor intelectual del intento de secuestro del exparlamentario Balda, que tuvo lugar en 2012 en Bogotá.
En una entrevista concedida al periódico El Mundo, el propio Balda reconoció que “ver a Rafael Correa imputado por secuestro, con el fiscal general del Estado afirmando que cometió un crimen de Estado y solicitando a Interpol su ubicación y captura era algo que ningún ecuatoriano creería que podría suceder”. Por eso, dijo que no pierde la esperanza de que Correa dé la cara ante la Justicia.
Habrá que esperar a que se desarrollen los acontecimientos. Sin embargo, el abogado defensor de Correa, Christophe Marchand, ya declaró la semana pasada que estudian la opción de pedir asilo político en Bélgica, donde el expresidente reside con su familia.
Sobre esta posibilidad, el director del Máster de Políticas Públicas de Seguridad en la Universidad Camilo José Cela (Madrid), Alfredo Rodríguez, señala que no le extrañaría. “No estoy seguro de que Bélgica se la fuese a negar. Ese país tiene un comportamiento poco común en términos de justicia con respecto a terceros países. La justicia belga es muy peculiar en ese sentido”, dijo a ALnavío.
También está por ver qué hará Correa con los indicios de responsabilidad penal en torno al endeudamiento de Ecuador. La primera observación de la Contraloría es que los certificados de tesorería se colocaron a plazos mayores de lo permitido por la ley. El segundo punto es que los papeles se usaron como entrega de pago a entidades públicas y privadas con las que el Estado tenía deudas. La tercera observación es que las autoridades de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera permitieron canjear estos instrumentos por títulos de valores emitidos por el Banco Central. Según el ente de control, también se canjearon por títulos vencidos. El último punto es que estas operaciones no permitieron el pago efectivo al fisco “asfixiando la caja pública”, tal como recoge el diario El Comercio.
Correa, acusado de recibir dinero de las FARC
Más allá del caso Balda y el manejo de la deuda pública, sobre Correa pesa otra indagación. El pasado 20 de abril, el presidente, Lenín Moreno, anunció que se investigará la presunta financiación de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) a una campaña de Correa (Ver más: Correa estalla en insultos tras la nueva acusación de recibir dinero de las FARC).
Correa llamó “desequilibrado” a Moreno por anunciar que investigará si las FARC financiaron una campaña del expresidente
Según el testimonio de un exguerrillero de las FARC, recogido por la cadena CNN, el grupo armado habría financiado con al menos 500.000 dólares una de las campañas presidenciales de Correa.
Algo que desató la ira de Correa. Llamó “inepto”, “mentiroso compulsivo”, “desequilibrado” y “ridículo” a Moreno (quien fue su número dos). Los insultos del expresidente son una constante desde que dejó el poder. No habían pasado ni 100 días del mandato de Moreno y el divorcio con Correa era prácticamente un hecho. El mandatario se desmarcó del correísmo, terminó con la reelección indefinida a la que aspiraba Correa y dio vía libre para perseguir la corrupción del anterior Ejecutivo (Leer más: Moreno desmantela el legado de Correa en el primer año de gobierno).
Ante todas estas acusaciones, Correa siempre ofrece la misma respuesta. Se presenta como víctima de un acoso político. De hecho, calificó la orden de prisión preventiva como “una persecución” del gobierno de Moreno. “Buscarán humillaros y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así jamás prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica”, sentenció en Twitter.
